Para mí, no importa cual de estas dos hipótesis es verdadera, porque en el supuesto de que no estuviese preparado, ha ganado tiempo haciendo lo que tenía que hacer, entre otras cosas, porque tuvo tiempo desde el 20 de junio, casi mes y medio para asumir el cargo e identificar las medidas prioritarias, de manera que cuando llegara el 7 de agosto, los movimientos esenciales del inicio de su gobierno estuvieran diseñados en procura de los objetivos de su gobierno, los cuales ría especificando con el paso del tiempo.

En cualquier caso, lo hasta ahora ejecutado deja ver que el propósito de su gobierno es construir un sistema socialista con adicionales de contenido “ambientalista”, “igualdad de género” y reivindicaciones “étnicas”, especialmente indigenistas. Si no fuere así, no tendría sentido la barrida que hizo en el mando de las fuerzas armadas y la policía, con el fin de sacar a todos aquellos que pudieran eventualmente oponerse a sus designios, reemplazándolos por otros que le profesen temor y gratitud. Y tampoco hubiese puesto en la Dirección de Inteligencia y en la Unidad Nacional de Protección (que maneja, entre otras, información sensible sobre líderes de la oposición actual); o, en la Dirección de Restitución de Tierras, a un activista indígena que ha promovido las invasiones (o recuperaciones, como ellos afirman); o a otro activista, promotor de ese tipo de acciones, en la Agencia Nacional de Tierras, para citar sólo unos casos.

Es cierto que en otros cargos ha nombrado personas provenientes de los partidos liberal, conservador y de la U, con el fin de ganarse el apoyo parlamentario de esos partidos. Muchos dicen que estos serán cortafuegos o líneas rojas para las eventuales medidas totalitarias que tomará el presidente, pero yo pienso, juzgándolos por sus antecedentes y teniendo en cuenta la experiencia de otros países, como Venezuela, que no hay tal.

Esos parlamentarios y esos partidos sólo le profesan lealtad a las migajas que les tiran desde la mesa de Pacto Histórico y aprobarán, a cambio de ellas, todo lo que les pida esa organización. Y, claro, está, si avanzado el proyecto petrista se ponen “dignos”, o ya no los requieren para dar imagen de “pluralismo”, simplemente los tiran como ropa vieja.  Y, entones, convertidos en “oposición”, seguirán siendo funcionales al Pacto, porque cómo ocurre en Venezuela, no se pondrán de acuerdo para hacer una oposición eficaz y valiente, perpetuando así la probable dictadura.

Para que las cosas le salgan mal al Pacto en su intento, debe tener una verdadera oposición que sea capaz de disputarle el poder. En nuestro futuro, la forma de hacerlo es construyendo un movimiento nacional que coordine movimientos regionales y locales que puedan hacer oposición efectiva para que sean un contrapeso al petrismo en las calles, las aulas, las fábricas, los gremios, y el campo, de modo que se convierta en una opción de poder en las elecciones de finales del 23 para alcaldes y gobernadores.

Esta oposición debería, en principio, ir unificada a estos comicios, porque es la vía única para tener una voz poderosa que logre equilibrar las fuerzas, de manera que pueda haber en el 2026 unas elecciones presidenciales en las que se pueda, eventualmente, recuperar la democracia.

La oposición debería unir fuerzas desde ya, para que haya un solo mando y una sola orientación, que se convierta en un Pacto por la Democracia. Es imperioso que esta alianza se haga lo más pronto posible, de manera que canalice los errores del petrismo y sus posibles abusos para hacerlos evidentes ante los ciudadanos para que estos rechacen medidas gravosas y acciones totalitarias, como lo hicieron en un contexto distinto, pero relacionable, los chilenos con la constitución que les propuso la extrema izquierda que, entre otras cosas, deja ver la preferencia ideológica y frustración de Petro, al verla derrotada porque sabe que es un golpe a su propio plan.