La primera cuestión a resolver es su necesidad. El grueso de los analistas económicos sostiene que sí, que es indispensable para cerrar el déficit fiscal. Colombia, como casi todos los países durante la pandemia, aumentó el gasto público durante la crisis con tres finalidades: la compra de test y vacunas contra el Covid19 y el fortalecimiento de la red pública de clínicas y hospitales, la creación del programa de Ingreso Solidario y el desarrollo del PAEF, un sistema de protección de empleo. El presupuesto general de la Nación saltó de 213 billones de pesos, sin deuda, en el 2019, el 18,7% del PIB, a 270 millones en el 2020, el 25,6%. Como resultado, el déficit fiscal alcanzó el 7,8% en el 2020 y la deuda bruta el 65% del PIB.
Las proyecciones entonces eran muy negativas. Pero el muy buen crecimiento del año pasado, 10,6%, el más alto en Colombia desde que tenemos estadísticas, y el extraordinario de este primer semestre, de lejos el mejor de la OCDE y de la región, aún más valioso porque se da en medio de una economía global agudamente a la baja, permitirán el ajuste fiscal más grande en los últimos 29 años y mejorar de manera significativa los resultados para este 2022: déficit de 5,6% y deuda de 56,5% del PIB, muy cerca al ancla de mediano plazo (55%) y adelantándose en tres años a las proyecciones. Sin embargo, a pesar de la indudable mejora seguiremos estando 3,1 puntos por encima del déficit del 2,5% del 2019, prepandemia.
Ahora bien, el formidable crecimiento se traducido en que el recaudo tributario se esté comportando también muy por encima de las expectativas. Hasta julio, la DIAN había ingresado $136,15 billones, un 36% más frente al mismo periodo del 2021, y un 15,8% por encima de la meta planteada. Eso ha permitido replantear la meta de recaudo para este año y llevarla a $202,4 billones, casi 30 billones más que el año pasado. No es poca cosa. El promedio de reformas tributarias ha recogido entre 6 y 8 billones y la última de Duque, muy ambiciosa, buscó $15,2 billones.
Hay que resaltar que Colombia, a pesar de la pandemia, ha venido aumentando de manera muy importante el ingreso tributario. De acuerdo con el portal de la Dian, pasamos de recaudar $99,2 billones en el 2012 a $173,6 billones el año pasado. En un período de diez años el recaudo se habría doblado, con un crecimiento promedio del 10,3 % anual, muy por encima de las metas que se han venido estableciendo en los marcos fiscales a mediano plazo. En ese mismo período se ha pasado de 1.222.938 personas naturales y 335.948 personas jurídicas declarantes en el 2012 a 4.220.192 y 617.661 respectivamente en el 2021. La DIAN está haciendo mucho mejor su trabajo.
El Gobierno, además, tendrá ingresos extraordinarios por vía de las utilidades de Ecopetrol, que para el primer semestre reportó una utilidad neta de $17,1 billones, por encima de los $16,7 billones de todo el año pasado, resultado de los mejores precios internacionales y de un incremento del 6,65% en la producción en relación con el mismo período del año pasado. La Nación, recordemos, es propietaria del 88,4% de la compañía.
Por otro lado, por cuenta de los mejores precios en nuestras principales materias primas de exportación también se están recibiendo ingresos extraordinarios por concepto de regalías, los pagos adicionales a los impuestos que hacen las compañías de petróleo, carbón y oro y que se entrega a los municipios y departamentos. Entre enero de 2021 y julio de 2022, se recaudaron $16,8 billones por regalías, un 42% más a lo previsto para el período y ya $1,4 billones más que la meta de $15,4 billones establecida para fines del 2022. Hay además un rezago importante en la ejecución, de manera que el monto disponible será de varios billones adicionales.
Se alegará que los ingresos extraordinarios por vía de regalías, Ecopetrol y mejores recaudos tributarios por cuenta de las tasas excepcionales de crecimiento no son sostenibles y que, en cambio, el gasto presupuestado es permanente y, por tanto, la reforma sigue siendo indispensable. Una primera respuesta es que siempre serán más los ingresos y serán más sostenibles si provienen del crecimiento de la economía.
La otra es que este es un estado alcabalero y las tributarias siempre se miran desde la perspectiva de si son o no efectivas para conseguir mayores ingresos. Y nunca se examina ni la naturaleza del gasto y muy poco las consecuencias de la reforma en materia de crecimiento y empleo.
No es un asunto menor. Como examinaré en otra columna, el tamaño del presupuesto nacional viene incrementándose de manera sistemática y aguda y los gastos que deberían ser extraordinarios se convierten en permanentes. El ejemplo reciente es el de Ingreso Solidario, absolutamente indispensable para enfrentar la crisis de la pandemia pero que quieren extender indefinidamente. Como ocurre con los impuestos que se plantean como excepcionales (recordar el 4 x 1000 o el de patrimonio), los subsidios y asistencias extraordinarios se vuelven permanentes.
En cualquier caso, el Gobierno no ha dicho a qué destinaría los ingresos de la reforma tributaria. Cuando se le pregunta, responde que se discutirá con el Presupuesto y, en todo caso, que financiaría más gasto. De ser así, la necesidad de la tributaria estaría en entredicho. De ninguna manera debe ser para más gasto.
