Si en ese informe el CICR dijo que además de que “los conflictos armados persisten en Colombia, su impacto humanitario no ha disminuido sustancialmente”, en el último Balance, publicado hace tres días, advirtió que, durante el año pasado, "el aumento de las violaciones del DIH y, por ende, de las consecuencias humanitarias, fue evidente en las zonas más afectadas por esos conflictos. El deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años”.
El documento muestra que el año pasado “la situación humanitaria se deterioró de manera preocupante, [y han aumentado] el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; la violencia sexual; la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos; la falta de respeto a los principios que rigen la conducción de hostilidades; y el trato indebido de civiles, entre otros. [L]a materialización de estos riesgos profundizó diversas consecuencias humanitarias, como el número de personas heridas, muertas y desaparecidas; la afectación por artefactos explosivos; el confinamiento; el desplazamiento; y los actos violentos contra la asistencia de salud”.
Un desastre en toda regla. Constata que el proceso de paz de Santos estuvo lejos de traer la paz. Por un lado, porque lo acordado en materia de narcotráfico, el “nuevo paradigma”, no solo no contribuyó a disminuir la coca, sino que constituyó un incentivo perverso para nuevos narcocultivos. La combinación de frenar la fumigación aérea, prohibir erradicar en las zonas de frontera y un programa de sustitución pésimamente concebido que invitó al cultivador legar a pasarse a la coca, trajo como consecuencia que los narcocultivos saltaran de 48.000 hectáreas en 2013 a 169.000 en 2018. Por el otro, porque el Estado nunca consolidó su presencia donde las Farc se desmovilizaron y esas áreas fueron ocupadas por otros grupos ilegales. Finalmente, porque la entrega a las Farc de beneficios judiciales, económicos y políticos que jamás tendremos los que nunca hemos delinquido fue también una invitación a nuevas violencias. Muchos entendieron que tienen ventaja si hacen parte de un grupo ilegal.
Segundo, confirma que la “paz total” de Petro ha sido una tragedia peor. No solo mantuvo todos los errores de Santos, que tampoco corrigió Duque, sino que los agravó y agregó unos nuevos. En materia de narcotráfico, acabó cualquier forma de erradicación, incluso la voluntaria, y no solo dejó de combatir a los mafiosos, sino que les dio el mismo tratamiento que a los subversivos. No debe extrañar que a fines de 2023 estuviéramos inundados, con 253.000 hectáreas de coca y 2.664 toneladas del polvo mortal. Las cifras para 2024 deben ser mucho peores.
Además, echó a la basura todas las lecciones de cuarenta años de procesos de paz. Particularmente graves han sido los ceses del fuego desde el inicio de las conversaciones y que en ellos solo se exija a los violentos no enfrentar a la Fuerza Pública pero no dejar de delinquir o de cometer atrocidades contra los civiles. Confinar en los cuarteles a militares y policías permitió a los violentos expandirse a los largo y ancho del territorio y propició enfrentamientos entre ellos para asegurar el control de las economías ilegales, así como sus rutas de salida. Y en nada ha ayudado la suspensión de órdenes de captura, aún en casos de flagrancia, so pretexto de las negociaciones.
Finalmente, la destrucción sistemática de las capacidades, el liderazgo y la moral de la Fuerza Pública ha dejado a los ciudadanos a merced de los violentos. Aunque el aumento de la violencia es más agudo en las áreas rurales, el deterioro de la seguridad también se siente en las ciudades y se comprueba con el aumento del homicidio, el secuestro y la extorsión.
El fracaso de la “paz total” es absoluto. El eslogan de “potencia mundial de la vida”, un chiste malo y cruel. En la desafiante policrisis que deberá enfrentar el próximo gobierno, la seguridad debe ser una prioridad como ninguna.
