Las acusaciones de fraude carecieron de toda prueba. Primero sostuvieron que se había modificado el sentido del voto del senador Edgar Díaz. Cuando el Senador dijo públicamente que su voto siempre fue por el NO y que no hubo tal cambio, alegaron que se había impedido votar a Martha Peralta, del Pacto Histórico. Hay videos que muestran que la Senadora anunció que se retiraba del recinto y que no volvió a tiempo para votar la consulta. En cualquier caso, su voto no hubiera cambiado el sentido de la decisión de la mayoría (49 votos por el NO y 47 por el SÍ). De manera que, una vez más, Petro mintió. En cualquier caso, como el fraude sería un delito muy grave, ¿por qué no presentar las respectivas denuncias penales? ¿Quizás porque saben que no hubo tal crimen e incurrirían en el delito de falsa denuncia? No solo se acusaría falsamente al Presidente y al Secretario de ser autores de un delito que no cometieron, sino que ni siquiera existió el hecho delictivo.

En cualquier caso, se ha convertido en funesta costumbre que Petro acuse de delincuentes a los más variados personajes, sin jamás dar prueba alguna de lo que afirma. Queda el estigma, eso sí, el daño reputacional. Y se exacerba el peligro para quienes son objeto de sus embusteros señalamientos. Lo prueban las amenazas de muerte que recibió Lina María Garrido, segunda vicepresidenta del Senado, después de las acusaciones de Petro. Protegerla a ella ya su familia es deber del gobierno.

Por otro lado, los cabildos abiertos tienen por finalidad “considerar los asuntos que los residentes [de un departamento, municipio, distrito, localidad o comuna] solicitan sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”. Como "a través del cabildo abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local”, los asuntos a discutir no se traducen nunca en obligaciones para los cuerpos colegiados de las entidades territoriales de expedir normas jurídicas. No sirven los cabildos para modificar la legislación laboral.

Y aunque no hay regla específica que impida al gobierno volver a presentar la consulta derrotada, puede configurarse un abuso del derecho. En cualquier caso, lo que mostraría la insistencia es que a Petro y a la izquierda extrema no les importan en realidad los trabajadores sino usar la consulta como herramienta de campaña. El real no es otro que usar el mecanismo para activar a los grupos -sindicatos, indígenas, etc- que les son políticamente más cercanos y trasladarles recursos. Como con las juntas de acción comunal y los jóvenes delincuentes, Petro aprovecha el presupuesto nacional para financiar sus huestes.

Porque, hay que decirlo con claridad, la consulta populista es profundamente antisocial. De aprobarse su contenido subiría cerca del 30% el costo de cada empleo. Las consecuencias serán nefastas. En contra de lo que han querido vender desde el gobierno, ni siquiera los empleados formales, claramente privilegiados en un país como el nuestro, se beneficiarían. Los tanques de pensamiento económico calculan que se perderían 450.000 empleos. Se sumarían a los 2,7 millones de desempleados que ya hay. Quebrarían millas de micro y pequeñas empresas y aumentarían aún más el 57,2% de informalidad que tenemos. De aprobarse la consulta solo aumentarían el desempleo y la informalidad, los dos problemas más graves de nuestro mercado laboral.

Y se malgastarían 700 mil millones, el costo aproximado de hacer la consulta, más los millas de millones adicionales que usaría el gobierno en publicidad, “eventos” y actividades para financiar a sus partidarios con la excusa de la consulta. No hay plata para los créditos del Icetex ni para subsidios de Mi Casa Ya ni para pagar las deudas a enfermeras, médicos y hospitales ni para seguridad, pero si la habría para una consulta de tenebrosos efectos sociales. Las prioridades de Petro y el gobierno son muy claras: plata para la politiquería y la campaña del 26. Y por eso insistirán en la consulta aunque esta, según la ley, "no se debe invocar para legitimar los intereses de los gobernantes sino para alimentar la gestión y el debate público con las opiniones de las personas”.

La responsabilidad de frenar el despropósito de la izquierda extrema seguirá en la cabeza de esos 49 valientes que salvaron medio millón de empleos y 175 millones de dólares. Contrario a lo que tantos sostienen, hasta ahora el sistema de frenos y contrapesos democrático ha funcionado. Y el Senado merece aplausos, sin duda. Ni con los sobornos ni con las amenazas y la intimidación del gobierno ha claudicado.