Este proceso ha estado marcado por un sinnúmero de graves irregularidades. Para empezar, se originó en 2012 con la denuncia interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, luego de ser informado de una serie de visitas del Parlamentario a cárceles en Colombia y los Estados Unidos, ofreciendo beneficios a criminales a cambio de declaraciones contra el exmandatario; pero el proceso contra Cepeda se cerró y el denunciante terminó investigado.
Durante la fase de investigación se presentaron anomalías, como la legalización de interceptaciones sin orden judicial, la escucha de conversaciones telefónicas del expresidente con su abogado, y el rechazo reiterado a las solicitudes presentadas por la Fiscalía General de la Nación para que se dictara la preclusión, dado que los comportamientos investigados eran atípicos (la conducta no encuadra o se adecúa a la descripción legal de un determinado delito) y no se había logrado ninguna prueba sobre la supuesta intervención criminal por parte del imputado. Lo anterior fue desestimado por los jueces de conocimiento a pesar de su gravedad y trascendencia procesal.
Frente a los testigos estrella, Guillermo Monsalve, condenado a 40 años de prisión en 2008 por graves crímenes, y su expareja Deyanira Gómez, con denunciados vínculos con la organización terrorista de las FARC, durante todo el proceso se ha cuestionado su credibilidad y fiabilidad, dada la cercanía que ha denunciado la defensa del expresidente entre estos y el senador Cepeda, así como por las recurrentes contradicciones en que han incurrido en las múltiples oportunidades en que han rendido sus versiones sobre los hechos. Sin embargo, la justicia ha proseguido impávida con dicho proceso; por el contrario, ha desestimado reiteradamente los graves señalamientos de otro de los testigos, Enrique Pardo Hasche, quien el 3 de marzo afirmó haber sido presionado indebidamente para lograr un entrampamiento político.
En el amplio listado de irregularidades también se registra la entredicha imparcialidad de las autoridades que intervienen. La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, fue antigua subordinada del ex giscal general Eduardo Montealegre, que ahora funge como víctima en el proceso, por lo que fue recusada por la defensa de Uribe; sin embargo, la actual fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, rechazó dicha solicitud. A su vez, Camargo es conocida por su cercanía con sectores políticos y judiciales adversos al procesado, su participación en procesos sensibles para la izquierda y su vinculación con organismos internacionales que han sido abiertamente críticos del expresidente; razones suficientes para dudar de su imparcialidad e independencia. Sin duda, la fiscal general de la nación tenía sobradas razones, personales y legales, para declararse impedida de resolver la recusación formulada contra su subordinada.
Idéntica sospecha recae sobre la imparcialidad y la objetividad de la juez de conocimiento, Sandra Heredia, quien, siendo juez en la ciudad de Ibagué, demandó a la nación por la supuesta afectación de sus derechos laborales durante el Gobierno de Uribe, de quien ahora tendrá que decidir si es o no culpable por los delitos que se le endilgan, por cuenta de la expedición de los decretos 658 de 2008 y el 723 de 2009, que modificaban la prima especial para los funcionarios de la rama judicial. Este peculiar antecedente ha sido alegado por la defensa del expresidente, para explicar la permisión de maniobras procesales que benefician a los acusadores y su falta de rigor, al tiempo que motivó una recusación en su contra, que para colmo no quiso tramitar.
Dado que la juez rehusó darle el trámite legal a la recusación en su contra, tras calificarla como una «maniobra dilatoria» de la defensa, ésta se vio obligada a presentar una acción de tutela en su contra, producto de la cual la Corte Suprema de Justicia ordenó, el 20 de marzo de 2025, la suspensión inmediata del juicio y le ordenó tramitar en 48 horas la recusación propuesta.
La trasmisión de las audiencias ha dejado en evidencia estas y otras irregularidades que afectan la legitimidad del proceso, como las constantes contradicciones de los principales testigos, el indignante comportamiento del congresista Cepeda durante la declaración de Deyanira, que demostraría haber sido instruida indebidamente para rendir su testimonio, lo que compromete seriamente su espontaneidad y veracidad. La sola imagen de Cepeda haciéndole señas a la testigo para que respondiera las preguntas de determinada forma durante la audiencia, es suficiente para poner en tela de juicio la seriedad e imparcialidad de toda la actuación.
Tristemente este proceso, contaminado por enemistades personales e ideológicas, sesgo de las autoridades judiciales y falta de credibilidad de los testigos de cargo, es evidencia suficiente tanto de la guerra jurídica contra el expresidente Uribe, como del deterioro institucional en Colombia, específicamente de la administración de justicia. Cuando ésta es utilizada como herramienta de persecución política, se debilita el Estado de Derecho y se instala un peligroso precedente de venganza disfrazada de legalidad; como en el universo kafkiano, el derecho deja de ser garantía para convertirse en instrumento de poder y persecución política.
El lawfare y que los procesos contra la nación por errores judiciales sumen pretensiones cercanas a los 23,5 billones, explica la alta desfavorabilidad del sistema judicial en Colombia, 75% según INVAMER en febrero de 2025.
Esperamos que la comunidad internacional de seguimiento a este proceso público contra el expresidente Uribe, para evitar que se cometa una grave injusticia.
* Publicado en: https://gaceta.es/tribuna/lawfare-20250326-1306/
