por cada uno de los afiliados para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud en los regímenes contributivo y subsidiado, según expertos, viene subestimado desde 2021, generando un déficit que se agrava para el próximo año, poniendo en riesgo la prestación de servicios y el suministro de medicamentos.
Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el cálculo de la UPC debería considerar la información de las EPS, la población expuesta al riesgo, las compensaciones faltantes de periodos anteriores, la actualización con las inflaciones causadas y esperadas de los años 2024 y 2025, la actualización de las frecuencias de uso del sistema y un ajuste de aquellos servicios que aunque ya han sido prestados, aún no han sido avisados o conocidos por las EPS, el aumento en el uso de las tecnologías, y la modelación técnica y actuarial del riesgo en salud.
ACEMI afirma que a septiembre de 2024, por cada 100 pesos que reciben las EPS de UPC, el gasto asciende a 108 pesos, y el acumulado de la insuficiencia ha dejado un déficit cercano a los $6,3 billones en los últimos tres años sin contar el gasto de administración.
Por eso, resulta tan pertienente que se debata y apruebe en el Congreso el proyecto de ley liderado por Proantioquia, que fue elaborado con el aporte de expertos en salud y radicado por un grupo de Congresistas de diversos partidos políticos, con el objeto de establecer un mecanismo técnico y transparente para la definición, monitoreo y ajuste de la UPC, basado en “criterios de equidad, suficiencia, homogeneidad, representatividad y calidad”.
Es hora de superar el déficit que enfrenta el sistema y garantizar su sostenibilidad. Nuestro país ha hecho esfuerzos, pasamos de un gasto corriente en salud de 5,64% del PIB en 2000 a 8,71% en 2020, permitiendo que el gasto de bolsillo sea uno de los más bajos del mundo y alcanzando una cobertura de más del 99%; pero no es suficiente, necesitamos mejorar controles y garantizar más recursos.
Finalmente, no solo el sistema de salud está haciendo “chu, chu, chu”; la improvisación, la mala gestión y el radicalismo ideológico del actual Gobierno, han provocado graves retrocesos en todas las áreas, por ejemplo en el sector energético, como se evidenció con el reciente apagón en Puerto Carreño, Vichada, que afectó a 40.000 habitantes, y que encendió las alarmas en otras regiones. Este evento, consecuencia de una crisis estructural en la empresa de energía, agravada por los retrasos en los pagos de subsidios por parte del Gobierno y la falta de inversión en infraestructura, ha estrechado peligrosamente la relación entre oferta y demanda energética.
En septiembre de 2024, la Contraloría había instado a los Ministerios de Hacienda y Minas, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), a adoptar medidas urgentes para atender la situación financiera de los prestadores del servicio y evitar su inminente cesación. Sin embargo, la advertencia fue ignorada. Hoy, Puerto Carreño es la primera capital que sufre un apagón prolongado, mientras que en el resto del país se escuchan pedidos desesperados para que se giren los recursos adeudados por el Gobierno por concepto de subsidios y la opción tarifaria.
Aguantemos, y diseñemos el plan de choque que nos permita recuperar todos los sectores en el 2026.
