Si los lectores de este comentario leen bien la noticia de El Espectador, que anexo, constarán que la JEP no se arriesga a lanzar juicios definitivos o concluyentes sobre el tema.
¿Por qué el senador de marras, como lo ha hecho en otras ocasiones denunciando fosas y cementerios de víctimas que no son tales o sobre las cuales no hay veredictos concluyentes, insiste en calificar esa acción del estado contra irregulares como "criminal"?
Hagamos memoria sobre lo que significó la política de Seguridad Democrática en la derrota más contundente de la pretensión de las Farc-Ep para tomarse el poder por las armas y en la desmovilización de las poderosas estructuras de los llamados grupos paramilitares.
Fue, sin duda, la más exitosa que gobierno alguno haya asumido para enfrentar a los grupos armados irregulares de todas las tendencias en defensa del estado de derecho y para recuperar el monopolio de las armas por el estado.
Sectores diversos de la política y de organizaciones civiles han intentado desacreditar al líder de esa gesta, el expresidente Álvaro Uribe, quien aún sufre la persecución de sus malquerientes.
Con esa política, el Estado y Uribe desmovilizaron a los paramilitares (cerca de 34 mil personas armadas), pero lo tildan de ser el creador del paramilitarismo.
Fortaleció el Ejército, lo dotó de armas apropiadas para enfrentar a temibles bandas, hubo operativos exitosos y de gran impacto contra el alto mando de las Farc, Operación Jaque, bajas de Reyes y otros comandantes, puso a correr al Mono Jojoy y a Alfonso Cano dados de baja en operativos iniciados al final de su mandato, le propinó la más definitiva derrota estratégica a la Farc-ep, etc., Y entonces, le montaron la responsabilidad de los falsos positivos con cifras super infladas que la JEP ha tenido que rectificar.
La Operación Orión, año 2002, resultó ser la más exitosa batalla urbana del Estado contra todo tipo de grupos que se habían ensañado contra los pobladores de la Comuna Trece y convertido el espacio en tierra arrasada, en trincheras y refugio de todo tipo de grupos armados irregulares.
Desde entonces, el expresidente Uribe ha sido objeto de una sistemática campaña propagandística con la que se pretende prefabricarle un expediente como responsable, según sus promotores, de la supuesta masacre de la Comuna Trece, en la que el Ejército se habría conjurado con un grupo paramilitar y ocasionado la muerte de 500 civiles inocentes.
No me extraña que pretendan deshonrar al Estado y al expresidente Uribe porque a eso nos acostumbraron cuando a cada avance del estado y de sus Fuerzas Armadas, sus enemigos respondían con lecturas y denuncias que, en esencia, expresaban el sentir de sus secuaces y simpatizantes en espacios civiles.
Pero, llama la atención que personalidades como Cepeda, hoy en el papel de promotor de la reconciliación y de la "paz total", se aferren a esas campañas sin pruebas al canto y que incluso entren en contradicción con su defendida JEP.
Insisto en lo que sostuve en anterior escrito, en el sentido de que lo hallado no es suficiente prueba de que la Operación Orión haya tenido por apoyo a los paramilitares, que hubo una masacre de más de 500 civiles inocentes, que los cinco restos desenterrados corresponden a muertos de ese operativo, que es temerario hacer ese tipo de afirmaciones sin que se haya adelantado el correspondiente y obligado análisis pericial y forense para identificar a los occisos, la fecha de ocurrencia de esas muertes, la procedencia de las víctimas y las relaciones de estas, entre otros aspectos.
@darioacevedoc
