Petro agudiza el caos y la incertidumbre en que nos ha sumido en estos tortuosos casi 30 meses de gobierno, con la inducida tragedia en el Catatumbo, los absurdos cambios en su gabinete, la reafirmación de su relación con el régimen dictatorial de Maduro, y ahora, la crisis con nuestro principal socio comercial y aliado histórico. Vamos por partes.
En los primeros 11 días de violencia en el Catatumbo, según el reporte del Ministerio de Defensa, se contabilizaban 47.084 desplazados, 23.757 confinados, 80 personas asesinadas, 12 firmantes del acuerdo Santos - Farc desaparecidos, y la Defensoría del Pueblo denunció que 631 integrantes de la comunidad indígena Yukpa se vieron forzados a desplazarse a San Pablo, Tibú y Cúcuta. Más grave aún, según la Defensoría y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los niños son el segmento poblacional más afectado: entre 1.500 y 1.800 niños fueron desplazados forzosamente a la capital nortesantandereana, 1.000 a Ocaña y 600 a Tibú; de los 112 miembros de grupos armados ilegales, entre capturados y desmovilizados, 20 son menores de edad, mientras que un número indeterminado han muerto en el enfrentamiento en Teorama entre los dos carteles, el ELN y las FARC. Entre tanto, calculan que 46.000 niños no podrán reiniciar sus clases.
Hoy, ante los irrefutables hechos, varios analistas y fuentes anónimas de inteligencia concuerdan en que el ataque del ELN al frente 33 de las FARC —sus antiguos socios— contó con el respaldo militar del régimen de Maduro que busca blindar su frontera ante el riesgo de una incursión extranjera. No hay que olvidar que en el VI Congreso del ELN, su máxima instancia de decisión política y militar, celebrado en junio de 2024, este grupo terrorista se declaró como una guerrilla binacional, cuyo objetivo es la salvaguardia del socialismo del siglo XXI, y, por tanto, de la revolución bolivariana; lo que explica el respaldo y la confianza de la dictadura hacia esta organización terrorista, que se ha convertido en su primera línea de defensa.
De ahí que preocupe aún más la reunión que llevó a cabo el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en San Cristóbal, con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de USD15 millones, allí se anunció un plan conjunto para controlar la frontera. La coordinación, al parecer, implicará que las Fuerzas Militares colombianas coordinen con las venezolanas sus operaciones, por lo que no hay que hacer mucho esfuerzo para advertir los serios riesgos que ello implica para los intereses del país, la integridad de nuestros soldados y la seguridad de las comunidades. Finalmente, en medio de esta convulsionada situación, a las tres de la mañana del domingo, Petro anunció desde su cuenta de X que desautorizaba los vuelos provenientes de los Estados Unidos con colombianos deportados, lo cual tomó por sorpresa a las autoridades norteamericanas y desató una crisis diplomática sin precedentes, que hubiera acarreado graves consecuencias para nuestra economía y para el flujo legal de personas entre ambos países. Por ahora, tras aceptar las condiciones del Gobierno Trump, se supera parcialmente la crisis, pero está claro que las sanciones están a la mano.
La dignidad no es la causa, nada, dijo Petro, de los 14.268 deportados por Biden el año pasado o los más de 38.000 inadmitidos por México; más parece una estrategia para agudizar la crisis y alinear a Colombia con otro eje.
29 de enero de 2025
