En 2022, Gustavo Petro llegó al poder haciéndose ver como una especie de “ungido”, un “transformador”, un “libertador de los pobres y de la clase trabajadora explotada” en una sociedad -según él- elitista, capitalista y esclavista, depredadora del medio ambiente, poco comprensiva de las expresiones de “rebeldía popular” que desbordaron la institucionalidad, y la pusieron en jaque, durante el año anterior a su elección.
Hábilmente, Petro exacerbó el inconformismo social con un discurso que reclamaba por la inseguridad, el aumento de la burocracia, del precio de los alimentos, de los combustibles, de los peajes, de los impuestos, la precariedad de la educación y las limitaciones a su acceso, la falta de impulso a la vivienda digna, las deficiencias del sistema de salud, las migajas que el Estado transfería a los pobres y las prácticas corruptas en el ejercicio de la política, entre muchas otras cosas. Con su llegada al poder, los colombianos empezaríamos a “vivir sabroso” y superaríamos ese supuesto lastre. Pero, “para la verdad el tiempo y para la justicia Dios”, ese país de miseria que pintó Petro para ganar la elección se está convirtiendo en una cruel realidad con su administración.
Para desilusión de millones que ciudadanos que depositaron su confianza en él, especialmente los más jóvenes, la gestión del Gobierno parece una burla a sus expectativas, alimentadas pérfidamente con un discurso irresponsable y deliberadamente instigador. La actual incertidumbre sobre cuestiones como la continuidad de los programas sociales, la estabilidad fiscal del País o el comportamiento de la economía en el corto plazo, no es más que el resultado necesario de confiarle el poder a quien ya había dado muestras de ser un populista incapaz de administrar.
Programas como el ICETEX, creado en 1950 y con unos 900.000 beneficiarios activos en 2024; ‘Jóvenes en Acción’, que ha sido el salvavidas unos 400.000 jóvenes que reciben transferencias económicas para apoyar su acceso y permanencia en la educación superior; ‘Mi Casa Ya’, que hasta 2023 permitió a 200.000 familias acceder a subsidios de vivienda, o el que sería la bandera de la lucha de este Gobierno contra la pobreza y la inseguridad alimentaria: ‘Colombia sin hambre', que beneficiaría a cerca de 2,4 millones de hogares vulnerables con transferencias mensuales de $500.000 mensuales, están en serio riesgo de desaparecer en 2025.
Y contrario a lo que afirma el Gobierno, esto no tiene nada que ver con el hundimiento de la segunda reforma tributaria (Ley de Financiamiento), que representaba solo un poco más de nueve billones de pesos, de los 511 billones del presupuesto; los actuales problemas de caja fueron advertidos desde el primer trimestre por propio exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Se había advertido que los altos impuestos traerían más evasión y elusión; también, que el irresponsable manejo económico y la generación de incertidumbre nos llevarían al punto que estamos hoy. Lamentablemente no se ve disposición del Gobierno para corregir el rumbo, pero ya es un año menos, y en el 2026 tenemos que ponernos de acuerdo en el plan de choque para reducir el tamaño del Estado, acelerar el crecimiento económico y empezar a generar una política social basada en la generación de empleo formal y no en subsidios para superar la pobreza.
Recarguémonos de esperanza, se acerca el 2026.
01 de enero de 2025.
