El narcotráfico es la mayor amenaza a la estabilidad nacional. Nuestro país es el principal productor mundial de cocaína con 253.000 hectáreas de coca registradas en 2023, y una producción potencial del alcaloide que creció 53% entre 2022 y 2023, llegando a 2.664 toneladas métricas.
Los cultivos se localizan en 19 de los 32 departamentos, concentrados en 15 enclaves productivos en Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo. El 48% de los cultivos están en zonas de manejo especial y 89,5% se encuentran en los mismos territorios hace una década.
Clave atacar las zonas de concentración (modelo agroindustrial), que representan 80% de la coca y 52% del territorio cultivado; demandan 82% de las sustancias químicas, 98% están bajo control de una estructura ilegal y 42% presentan homicidios de líderes sociales.
Este crecimiento se debe al abandono de la fumigación con glifosato desde 2015, y a que este Gobierno prácticamente terminó la erradicación manual (2024 se erradicaron 9.403 hectáreas, mientras el promedio del cuatrienio anterior fue 91.300 hectáreas), y se debilitaron los programas de sustitución. Según el profesor Daniel Mejía, el narcotráfico superó el 4% del PIB en 2024.
La minería ilegal es un negocio paralelo al narcotráfico que causa ecocidio y es controlado por el ELN, el Clan del Golfo y las FARC. En 34% de los municipios con coca hay explotación ilegal de oro de aluvión.
La dinámica de la minería ilegal se centra en el oro, que ha crecido debido al alto precio en los mercados internacionales (pasó de US$1.769,6 por onza en 2020 a US$2.739,2 en enero 2025). De las 100.000 hectáreas de minería a cielo abierto ilegales, 51% están en reservas forestales o parques naturales, y 73% del oro de aluvión son explotación ilícita.
Lamentablemente, el ataque del Gobierno a la minería legal y la inacción frente a la ilegal hizo que la inversión en el sector pasara de US$3.290 millones en 2023 a US$1.269 millones en 2024, y las regalías e impuestos de $9,1 billones en 2023 a $4,16 billones.
El contrabando que debilita la competitividad y fomenta la informalidad, proviene principalmente de China (28%), Estados Unidos y Bolivia (8% c/u), Panamá y Brasil. Entre 2018 y 2022, el 10% del valor de las mercancías que ingresaron al país fue contrabando (2022 superó los US$8.800 millones), 90% es técnico por subfacturación.
Finalmente, Colombia es país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines sexuales y laborales. En 2023 creció más de 50%. El Tren de Aragua y el ELN operan redes de tráfico sexual en la frontera con Venezuela; y el tapón del Darién, controlado especialmente por el Clan del Golfo, se ha convertido en los últimos 4 años en un importante paso de migrantes, pasando de 106.840 personas en 2021 a 539.959 en 2023 y 400.614 en 2024.
Para superar este panorama requerimos una política de Estado que comprenda una estrategia integral, que permita control territorial, fortalecimiento institucional y vigilancia de flujo de capitales.
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