Es difícil imaginar que una persona demande antibióticos por el mero hecho de que sus precios bajen o que decida hacerse un procedimiento quirúrgico porque le ofrecen descuento. Cuando se necesita un medicamento o un servicio asistencial, se necesita de inmediato y el margen de elección es inexistente o extremadamente estrecho. Por eso, la demanda de servicios de salud, en lugar de una elegante curva convexa hacia el origen, se representa gráficamente como una recta perpendicular al eje de las cantidades, significando con ello que se requiere el suministro de un servicio al precio que tenga a bien fijar el oferente.
Probablemente no exista otra actividad donde el poder de mercado del oferente sea tan abrumador como en los servicios de salud. Ante el medico o en la clínica, cuando estamos enfermos, estamos inermes, despojados de todo poder de negociación. Quizás es por eso que los operadores de servicios de salud – personas y organizaciones - no tienen clientes sino pacientes. El alejamiento de los servicios médicos del estándar competitivo conduce a suministros y precios alejados del óptimo.
Ahora bien, la enfermedad, al igual que una inundación o un incendio, es un acontecimiento impredecible pero probable, cuya ocurrencia puede ocasionar una gran pérdida a quien lo padece. Por ello, las personas están dispuestas a pagar por una cobertura financiera de ese riesgo. Es decir, la gente demandaría un seguro, en lugar de demandar directamente los servicios de salud; los cuales serían demandados por el asegurador cuando ocurra el evento. La aparición de los aseguradores reduce el poder de mercado de los prestadores y su multiplicidad evita que el suyo sobre los asegurados sea excesivo.
Con la ley 100 se adoptó un modelo competitivo basado en la separación de la prestación y el aseguramiento y en la existencia de múltiples prestadores y aseguradores. Al cabo de treinta años, sus resultados, aunque mejorables, son muy satisfactorios: cobertura casi plena, pago mínimo del bolsillo propio del afiliado y atención bastante oportuna.
No obstante, el gobierno pretende restablecer el sistema monopolístico de asegurador único integrado en prestador que ya fracasó en el país de forma estruendosa en la figura de Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que manejaba también las pensiones. El CEO del ICSS era entonces el hombre más poderoso del país después del presidente de la república, imagínenlo hoy.
Por ello, los llamados a “no estropear lo que funciona” y “a construir sobre lo construido” dejan impávido a Petro Urrego, quien si sabe para dónde va y que con la de la salud, como con todas las otras reformas, busca acrecentar el poder del gobierno sobre nuestras vidas, reducir nuestra libertad.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 6 de febrero de 2023.
