Todo en medio de un  proceso sistemático de debilitamiento doctrinario, en el que la defensa de la institucionalidad democrática y la soberanía interna y externa, dan paso a la lealtad a la persona del presidente y a su doctrina neomarxista, estrategia que comenzó con una purga brutal al inicio de su gobierno y ahora, presumo, continúa con la formación y consolidación de sus propias generaciones de oficiales, según los criterios políticos establecidos por Petro, como ocurre, por ejemplo, con el llamado de coronales a curso de generales del ejército, la semana pasada, o como sucedió con el actual Director de la Policía, que dijo públicamente que votó por Petro, y es el responsable, no sólo del manejo del orden público, tal como lo entiende el presidente, sino de la promoción de oficiales dentro de su institución.

Para que nos hagamos idea de la dimensión de la potencia y proyección de esas fuerzas ilegales, tengamos en cuenta la siguiente información presentada por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en abril 18 de este año: calculó que el ELN tiene 5000 individuos bajo su mando; el Estado Mayor Central que dirige Iván Mordisco tenía 2.800; la Segunda Marquetalia, del presuntamente muerto Iván Márquez 1800; el Clan del Golfo, 9000; las Autodefensas de la Sierra Nevada, 1000. A esto hay que sumarle, según Rueda, las grandes bandas criminales, que serían alrededor de 23 grupos de delincuencia organizada, (https://redmas.com.co/colombia/Cuantas-personas-en-Colombia-integran-las-grandes-bandas-criminales-20230413-0020.html). (Ese último dato, sin embargo, no parece ser cierto porque sólo en Medellín hay 350 combos que están manejados por entre 15 y 20 bandas criminales).

Pero de abril a julio 8 ha ocurrido que esas estructuras se han fortalecido, con absoluta seguridad, por la ya señalada errática política de paz total. Los ataques y asesinatos a la fuerza pública y a la policía, así como las masacres de civiles que les estorban en sus planes, los secuestros masivos y el cobro de extorsiones a los productores del campo, comerciantes y mineros, sin importar si son grandes o pequeños, se han disparado. El cerco y la infiltración de grupos como el ELN, la Segunda Marquetalia y el estado mayor Central a las grandes ciudades del país es un hecho protuberante y las bandas criminales hacen y deshacen a sangre y fuego, contra una ciudadanía indemne, que clama protección. El desastre ha alcanzado tales proporciones que los gobernadores le han pedido al presidente que rectifique esa política y garantice la seguridad de los ciudadanos. “Hasta que no se coja el toro del narcotráfico por los cuernos y hasta que el presidente de la República no asuma la seguridad con contundencia, no creo que vayamos a tener los resultados que creemos. El problema es que están aprovechando la política de paz del Gobierno para ganar espacio en el mercado de las drogas y la criminalidad”, afirmó, por ejemplo, Héctor Olimpo Espinoza, gobernador de Sucre, (https://www.noticiasrcn.com/colombia/gobernadores-le-piden-seguridad-al-presidente-petro-448072) en la reunión que tuvieron estos funcionarios esta semana, y cuyo punto de vista los representa a todos ellos

La Revista Semana, de ayer 8 de julio, dedica su edición central al estado de la seguridad del país, culpando de lo que sucede al ministro de defensa, Iván Velásquez. Veamos: "El panorama es aterrador. Las masacres aumentaron 61,1 por ciento entre el 7 de agosto de 2022, cuando Petro se posesionó, y el 5 de julio de 2023, en comparación con el gobierno de Duque en el mismo período entre 2021 y 2022. Las zonas más críticas son Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.  Lo del secuestro es escalofriante. Mientras que entre enero y mayo de 2022 hubo 55 registros, en el mismo periodo de 2023 fueron 144, es decir, un incremento del 162 por ciento en ese delito. Pero no solo eso. De enero a junio de este año fueron asesinados 83 líderes sociales, según Indepaz. También aumentaron los hurtos a personas, 16%; las extorsiones 33%, y hay datos escandalosos en la lucha contra el narcotráfico: la erradicación de cultivos cayó 87%, la incautación de cocaína se desplomó 18%, la de heroína, 47% y la de marihuana, 11%. Los narcos están de fiesta, y puertos como Buenaventura son hoy un polvorín”.

La descripción es excelente, pero falla en señalar el culpable. Velásquez no es el artífice de esa política, sino el presidente Petro, a quien aquel simplemente interpreta cuando dice que la sargento secuestrada por el ELN cometió una imprudencia por desplazarse por una carretera, a pesar de los compromisos adquiridos por el ELN frente al cese al fuego, ¡qué tal!

Es Petro quien define el rumbo y decide “negociar” con narcotraficantes, sin ninguna condición. Cuando hace esto, desata el frenesí de estos grupos armados que no tienen ni tendrán control ni límite alguno sobre sus acciones. Y cuando digo grupos armados narcotraficantes, me refiero a todos, porque la “moral” revolucionaria de los que se adjudican esa denominación, plantea que lo moralmente aceptable es lo que sirve a la revolución. Ese comercio ilícito con todas sus actividades complementarias es esencial. Por eso no van a renunciar ni a la cocaína, ni a la marihuana. Por eso, procurarán mantener el tráfico como sea y utilizarán las negociaciones para robustecer su poder, no para entregarlo. Fortalecerán sus aparatos armados y su control territorial.  Eso, en caso, de que tal cantidad de dinero y poder no los corrompa, que es lo que suele suceder con mucha frecuencia y terminen por utilizar la “causa” para enriquecerse personalmente.

Ahora bien, los narcos no “revolucionarios” también quieren lo mismo, poder y control territorial para mantener y expandir su negocio, presentándose como autodefensas o narcos puros. Y no olvidemos que también controlan el trafico y general la violencia urbana porque son los abastecedores y, en muchas ocasiones, los jefes de las bandas y combos que manejan el microtráfico, la extorsión, el sicariato, etc. Todos son iguales en propósitos y métodos.

Lo que eso significa es que han competido y competirán -y cuando es o sea necesario se alían y se aliarán- por los territorios y su control político y terminarán, con esta política de paz total, por consolidar lo que ya se está dando: territorios manejados por señores de la guerra narcotraficantes que se apoderan de porciones de la unidad territorial nacional para “gobernar”, es decir, consolidar su negocio. A eso es lo llamo yo la balcanización del país. Este fenómeno podrá darse incluso si existe un poder central puramente nominal, en manos de un presidente que no preside nada, que es uno de los escenarios posibles para Petro. Un verdadero estado fallido destrozado por el narcotráfico. Y si hubiese un ganador que lo unificara bajo su mando al país, sería igualmente un estado fallido narcotraficante con un dictador, con cualquier presentación. Las experiencias de Venezuela y Cuba avalan mi punto de vista. Y lo mismo vale para la minería ilegal.

Suena catastrófico, lo sé, pero puede ocurrir. Por eso hay que fortalecer la unidad nacional de los demócratas para evitar que esto pase. Lo digo de nuevo, machaconamente, si se quiere: unidad para ganar las elecciones y trabajar conjuntamente en el congreso, ganar las calles, ganar la sociedad civil, fortalecer el sistema judicial al servicio del estado de derecho, exigir seguridad y denunciar la balcanización. Petro tiene la opinión en contra e intenta imponer a sus socios mediante la paz total y materializar sus reformas vía decretos, emergencias económicas, y medidas administrativas, ya que las tiene enredadas en el parlamento. Es el momento de la resistencia civil pacífica pero vigorosa, tan vigorosa que obligue a Petro retroceder en sus proyectos y en sus desvaríos. Si no lo hacemos, sólo habrá lugar para las lamentaciones.