La mejor síntesis de ese fenómeno es el Confidencial de ayer sábado de la revista Semana (consultada el 19.10.2024), que presenta las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito (UNODC) para el año 2023. Son alarmantes lo que hace presagiar que las de este 2024 serán simplemente aterradoras:

 “Los cultivos de coca se dispararon en un 10 por ciento entre 2022 y 2023, al pasar de 230.000 hectáreas a 253.000. Hay que anotar que el Gobierno Petro, prácticamente, anuló la erradicación manual y ya estaba prohibido fumigar con glifosato. Otro dato interesante, según los expertos que han participado de la lucha antidrogas en otros Gobiernos en el país, es que en 2012 la producción potencial era de 350 toneladas de cocaína y se incautaba entre el 50 y el 60 por ciento de la producción. Hoy, ante las cifras desbordadas, las incautaciones de este Gobierno representan el 40 por ciento (…) Durante el Gobierno Petro, el país llegó a una cifra récord en producción potencial de cocaína, pues aumentó un 53 por ciento Mientras que en 2022 fue de 1.738 toneladas, en 2023 creció a 2.664. Los datos son aterradores. En 2023, el Ministerio de Defensa incautó 746 toneladas de cocaína. En el estimativo de los expertos, el potencial no incautado fue de 1.918. Si el kilo de cocaína puesto en Nueva York representa aproximadamente 50.000 dólares, el valor del potencial no incautado de la droga sería aproximadamente de 95.900 millones de dólares. Es decir que más o menos un 30 por ciento de ese dinero (28.770 millones de dólares) entró a la economía colombiana. Multiplicado por la cotización del dólar en Colombia, eso arroja una cifra astronómica, cercana a los 115 billones de pesos”.

Esa cifra es realmente  astronómica: equivale al 28.35% del presupuesto colombiano del 2023, que fue de 405.6 billones de pesos, explica muy bien la razón por la que esos grupos jamás renunciarán por las buenas a tan lucrativo negocio y, muy por el contrario, seguirán aprovechando las ventajas que les da Petro, quien debilita jurídica, económica, política y militarmente a nuestras fuerzas armadas y de policía para permitirle a los GAOS  afianzarse y expandir el control de los territorios, agrandando su dominio a expensas de la soberanía interna, construyendo lo que en los sesenta del siglo pasado se llamó “repúblicas independientes”, fraccionando el territorio nacional y consolidando “gobiernos” de hecho hasta llegar a ser una nación con varios narcoestados y lo que quede del estado nacional. Puede que una partición así no sea tan evidente y que formalmente se mantenga una percepción de unidad política en torno a un estado nacional, pero de fondo lo que habrá será un cogobierno entre poderes territoriales de facto.

Apocalíptico dirán algunos. Pero piensen ustedes en lo que ocurre en El Plateado ahora. El ejército entró para recuperar ese corregimiento, pero ya secuestraron a sesenta soldados para obligar la salida de nuestros militares. La respuesta del presidente fue…anunciar que el Estado les comprará a los cultivadores la cosecha de coca, mientras hacen la sustitución de cultivos. Increíble.

En esta columna yo he defendido que Colombia debería incentivarse el uso legal de la hoja de coca para productos medicinales, alimenticios y estéticos a gran escala, impulsando la creación de empresas con participación de los cultivadores en ellas. Ese sería un propósito a largo plazo que, además, exigiría normas que faciliten esa transición, gran cantidad de recursos económicos, participación financiera de la comunidad nacional e internacional, de gobiernos, pero también de empresas; y, por supuesto, debería haber espacio para una política de sustitución para aquellos que no quieran o no puedan hacer ese camino, que, al menos en principio, no sería tan rentable como el cultivo de coca. Los que continuasen con su ligazón al narcotráfico, serían reprimidos.

Pero, lo de Petro es una locura total: sacó debajo de la manga su propuesta, sin decir cómo la va a financiar, durante cuánto tiempo, ni qué va a hacer con la hoja recolectada en la o las cosechas; ni si obedece a un plan nacional que comienza con El Plateado. Pero eso sí, mandó al lugar funcionarios con casco de combate y chaleco antibalas tomándose selfis mientras decían que el estado estaba retomando el territorio y que, como prueba de ello,  había llegado a ofrecerle servicios y garantizar los derechos de los campesinos.

La respuesta de las disidencias, como señale antes, fue secuestrar a sesenta soldados, escudados en los campesinos, para forzar el retiro del ejército.  

Preguntémonos ahora, ¿Y qué les dirá a las otras comunidades de cocaleros? Sería una verdadera bomba social que estallaría a lo largo y ancho del país. Cientos de miles de campesinos verían incentivada su actividad porque tendrían un comprador asegurado, con precios, que por supuesto se dispararán. Es una promesa imposible de cumplir que tendrá como resultado el fortalecimiento de los GAOS que estarán detrás de las protestas de los cultivadores, muchos de los cuales, son sus cuadros políticos quienes dirigen las guardias y tienen un control férreo sobre aquellos…con un ejército al que pueden secuestra a voluntad.  No habrá una fuerza que los detenga. Una verdadera chambonada.

Ahora bien, la estrategia de instrumentalizar a la población civil para forzar al ejército a abandonar los territorios controlados por los GAOS ha ocurrido muchas veces en el gobierno de Petro y seguirán sucediendo y aumentando a lo largo y ancho de Colombia.  Son esas fuerzas las que ejercen el poder real en esos territorios, deciden quien vive y quien muere, quien entra y quien sale, a qué político se apoya y a cuál no, cuáles son las normas de conducta a cumplir y hasta realizan obras de infraestructura.

Nosotros, desde nuestras oficinas y lugares de vivienda de las grandes ciudades no lo vemos, pero el Cauca está secuestrado y el cerco amenaza Cali -esperemos que no pase nada con la COP- y el sur del Valle. Que en Arauca y el Catatumbo el poder real está en manos de los GAOS. Que el norte de Antioquia se lo disputan esos grupos.

Y no olvidemos la tiranía de la llamada Primera Línea, que, ya está probado judicialmente, fue infiltrada por los GAOS y las fuerzas anarquistas de Petro, para cometer actos de destrucción y violencia. Recordemos que el presidente ha amenazado con la revolución si no se le confiere la impunidad que reclama ante las imputaciones del CNE, expresión, ella sí, de un golpe de estado contra nuestras instituciones. Y no olvidemos que, en nuestras ciudades, muchos barrios, y no sólo los periféricos, son literalmente gobernados por las bandas criminales. Y recordemos que fragmentar el país fue un propósito de las FARC, quienes hablaron de una Colombia del Sur, que ellos gobernarían, y una Colombia del Norte.

 En asuntos de seguridad y soberanía interna hemos retrocedido al menos veinticinco años. No se trata de ser apocalíptico, pero tampoco de ser ciego políticamente. La estrategia de “paz total” está llevando al país a una posible disolución. Es el desafío estratégico más grande que tiene Colombia frente a su unidad territorial y la existencia de sus instituciones democráticas. Hay que oponerse a ella, venciendo a Petro en las elecciones, si las hay y son razonablemente libres, porque no se nos olvide que va por la registraduría el sistema electoral.

Post Scriptum.

Cristina Isaza en un artículo reciente afirmó que la mayor amenaza social que tiene Colombia es la destrucción del sistema de salud que estamos viviendo. Estoy completamente de acuerdo. Debe ser un propósito nacional detener ese engendro. No puede pasar en el congreso.