Su punto en común es que critican la estructura de las actuales democracias basadas en los derechos liberales universales y, por tanto, iguales para todos, que surgieron de las revoluciones americana y francesa, y fundamentados filosóficamente en concepción kantiana del derecho, según la cual el único derecho humano innato es la libertad y el derecho se construye según la máxima “Obra exteriormente de modo que el libre uso de tu arbitrio pueda conciliarse con la libertad de todos según una ley universal” establecida por cada uno en uso de su razón (Principios Metafísicos del Derecho, traducción al español de 1943) ).
John Rawls en Teoría of Justice (1971), por su parte, afirma que la libertad individual es el valor humano supremo de una sociedad moderna, y que, por tanto, la justicia, entendida como el conjunto de reglas que estipulan la primacía de la libertad igual para todos en tanto no interfiera con la libertad de los otros, es el principal valor político de esa sociedad: “Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás”. Asegurada la libertad se establecen la igualdad política y la solidaridad como reglas adicionales.
Pues bien, los comunitaristas dicen que la universalidad de la ley basada en la libertad en realidad no favorece a todos los individuos ni a las comunidades políticas por igual porque, para decirlo de una manera coloquial, todos son iguales ante ella, pero uno más iguales que otros. Los individuos han sido educados en una tradición patriarcal que discrimina a las minorías sexuales, punto que trataré en el próximo artículo.
En cuanto a las comunidades políticas, la enunciación liberal escondería la realidad de que estas se desarrollan en lo que para Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, es un principio de identidad según el cual el amo se reconoce, toma su identidad, en la existencia del esclavo a quien domina; y este, toma su identidad, se reconoce, en la dominación que padece del amo. La autoconciencia, es decir, la identidad de ser dominado lleva a romper esa dominación. El esclavo ya no puede ser esclavizado.
Pues bien, en la historia real de la formación de los estados nacionales en la modernidad y de la expansión del liberalismo, unos pueblos, unas sociedades se impusieron a otras y formaron una comunidad nacional en la que existían minorías dominadas a las que se les impuso idioma, religión, usos y costumbres, modos de producir y de propiedad de la tierra, es decir, se les impuso una cultura.
Eso ocurrió, por ejemplo, en España, dicen algunos, con la imposición de la cultura y las instituciones castellanas a vascos o catalanes. Estas comunidades fueron avasalladas y sus individuos forzados a procesos de pérdida de identidad. Lo mismo ocurrió con Canadá, Bélgica y, para lo que nos importa en este artículo, en las Américas. Los multiculturalistas hablaron entonces de derechos diferenciales de grupo, para empoderar a las comunidades sobre sus individuos y restaurar sus señas de identidad: lengua, diversos grados de autonomía política, administrativa y jurídica. Ya no todos los individuos eran iguales ante la ley: estaban mediados por los derechos culturales diferenciales de su comunidad, que incluso podrían llevar al separatismo.
En Colombia, por ejemplo, la llegada de los españoles impuso a los indígenas idioma, religión, usos y costumbres, los sometieron a formas feudales de propiedad de la tierra, destruyeron sus lenguas, sus instituciones jurídicas, sus modelos económicos y los excluyeron social y políticamente. Además, trajeron negros africanos para someterlos a la esclavitud, negándoles todo derecho político.
Con la independencia, los liberales de 1863 intentaron acabar con la propiedad comunitaria de los resguardos para permitirles a los indígenas el derecho a la propiedad privada individual, pero fueron los conservadores y los liberales nuñistas quienes los restauraron; y con la constitución del 91 se les reconocieron derechos diferenciales colectivos políticos, jurídicos, culturales hasta llegar a lo que hoy tenemos. También se reconocieron este tipo de derechos a las comunidades negras que se fueron formando en el país, conformadas principalmente por negros que escapaban de la esclavitud y, como un caso, distinto a los habitantes de San Andrés y Providencia.
Yo estoy convencido de que en Colombia ha habido históricamente discriminación contra los indígenas y los negros, en virtud de su color de piel y origen social. Pero debo afirmar que esa discriminación está siendo superada social, cultural y políticamente. Incluso, podría admitir que el derecho diferenciado jugó un papel importante en la autoconciencia de esos grupos y del resto de los colombianos. Pero hoy en Colombia sufre un efecto adverso de la política de derechos diferenciados vigente. La consecuencia, en mi opinión, es que unos individuos de esas colectividades lograron apoderarse del discurso y de la dirección de los grupos humanos involucrados y pusieron a su servicio, no al de los individuos de su comunidad, las ventajas relativas, pero cada vez más importantes, que se encontraron y cultivaron con esmero. Convirtieron sus comunidades en fortines políticos, muchas veces en alianza con otras fuerzas que propugnan por derribar el estado liberal, convirtiendo a los miembros en esclavos retenidos por la fuerza política y económica que nace de mantener el monopolio de la tierra en pocas manos, negándoles el derecho a la propiedad individual y a la libertad política y social, que les permita ser libres.
Es aberrante que, en Colombia todos tenemos el derecho a la propiedad individual de la tierra, menos los indígenas de los resguardos y los negros de las comunidades afro reconocidas como tales. Y si un individuo de esos grupos quiere tener decisión propia sobre su vida, que es el derecho fundamental a la libertad individual, debe renunciar a pertenecer a su comunidad.
Creo que un punto a discutir en la agenda política colombiana es la existencia del resguardo como propiedad colectiva de la tierra. Porque la cultura no puede imponerse por la fuerza, como tampoco la libertad política. No puede haber derecho colectivo de la propiedad de la tierra ni del individuo en un estado democrático.
Ahora bien, el uso racista del multiculturalismo para sacar beneficios políticos por parte de Petro no tiene límite. Utiliza la diversidad étnica para crear odio. Él y sus corifeos hablan de indígenas y negros como de grupos étnicos y ancestrales. Es como si los demás no perteneciéramos a un grupo étnico y no tuviésemos ancestros. Y claro que los tenemos: muchos somos mestizos o mulatos, orgullosos de nuestro doble ancestro; o blancos, también orgullosos de sus ancestros.
Hablamos español por una circunstancia histórica que se convirtió en una inmensa ventaja a la hora de entrar a la modernidad y participar en la cultura que, a pesar de inventar el oscurantismo, comunismo y el nazismo, también inventó el liberalismo, la democracia, los derechos humanos de los individuos, la libertad de cultos, la ciencia, la lógica, entre otras cosas, que nos universalizan. ¡Qué sería del mundo si no existieran esas creaciones de Occidente!
