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Alfonso Monsalve Solórzano                                                                    

La celebración del Día del Trabajo fue tomada por un presidente amenazante, como que repite las acciones más siniestras, cargadas de un gran simbolismo, como la de desenvainar la espada de Bolívar, para que, en un acto abusivo, al burdo estilo petro-chavista -como si el libertador fuese el precursor del  estilo de gobierno- para declarar la guerra total si el congreso no aprueba la consulta popular sobre doce puntos que contenía la hundida reforma laboral.  

Y lo hace prevalido, cual paramilitar, de un ejército privado de miles de indígenas a cuyos dirigentes ha indigestado de mermelada por casi quinientos mil millones de pesos, poniéndoles, además, con nuestros recursos, el transporte y la logística y asaltando la sede la Universidad Nacional, privatizándola para ponerla al servicio de sus intereses personales. Y, claro, con el apoyo de la oligarquía sindical que ha secuestrado parte del movimiento obrero, acostumbrada a no trabajar a nombre de la defensa de los trabajadores, mientras vive, desde siempre, de los permisos sindicales y, ahora, de los contratos del gobierno, a ellos y sus familias.

En ese escenario, la plaza de Bolívar llenada artificialmente inicia la campaña electoral, participando indebidamente en política, insultando con palabras de grueso calibre a los congresistas, amenazándolos individual y colectivamente si no le aprueban su nuevo disparate. Va a revocar al congreso, dijo, si no se someten, intimidación que constituye no sólo un peligro para sus vidas, sino también el anuncio de un golpe de estado al estilo del que intentó el aprendiz de dictador en Perú, Pedro Castillo.

Esta será una campaña de terror. Petro sabe, como discípulo de dictadores de extrema derecha y extrema izquierda, nazis y fascistas; estalinistas, chavistas y procubanos, que las amenazas son un método eficaz de sometimiento.

 Dicho terror se ejecuta, aplicando, de una parte, la guerra sicológica, basada en la conminación y el asedio continuos. Y de la otra, la violencia real, si se considera necesario – casi siempre los perpetradores piensan que lo es- y, por tanto, una combinación de ambas. La amenaza sicológica funciona porque al repetirla constantemente termina por ser percibida por la gente como inminente, de manera que cuando se pase a la violencia física, esta sea aceptada como inevitable.

 Así actuó en la campaña presidencial anterior que perdió con Duque, cruzando el umbral de la amenaza a las acciones directas de la Primera Línea, las mingas, las guardias campesinas y organizaciones armadas narcoterroristas, creando un sentimiento de desesperanza que terminó por ver la solución en el causante del problema, bajo el argumento de que había que darle la oportunidad porque si el hoy presidente perdía, el hipotético nuevo gobierno no podría sobrevivir a los ataques del petrismo.

Y así ha actuado desde que inició su mandato, retando a las altas cortes, al congreso, a los políticos, a los periodistas, a cualquier ciudadano que lo critique. Con el agravante de que tiene los recursos que le otorga el poder.

Y en este momento, está elevando el tono del chantaje, porque, como dije en el primer párrafo de este artículo, está abriendo la campaña electoral del 2026, de manera que es de esperar que la violencia de las primeras líneas, mingas, bandas del narcotráfico, los jóvenes a los que paga por no matar,  etc., entren en acción para crear el efecto de desesperanza y derrota  que logró en la campaña  del 2022: cuenta además, con el presupuesto, los subsidios, los contratos de prestación de servicios, los activistas de la oligarquía sindical, etc.

Se trata de una amenaza que no se puede desestimar. Más, porque con todos los recursos que tiene, ya cuenta con el 37% de favorabilidad, según la última encuesta de Invamer.  13% más 1 de puntos adicionales no serían objetivo inalcanzable para Petro en la consulta y en las elecciones del 26, si consigue aliados, algo que no es imposible. Dentro de los recursos que ha sumado, pareciera que ha alcanzado una cierta mayoría en la Corte Constitucional, por lo que, de consolidarla, tendría permitido todo, incluso una reelección o la permanencia en el poder por un tiempo prolongado vía aplazamiento de las elecciones por razones de “orden público”.

Algunos de mis lectores podrían pensar que estoy exagerando, pero, en lo dicho no sólo hay verdades, sino que las cifras avalan una sana dosis de realismo visto desde un cierto pesimismo epistemológico sustentado en hechos, que lo prepara a uno para ver, mejor que un optimista, las tendencias de la política.

Y una de las cosas que hay que analizar es el contexto. Ahora estamos frente a un individuo que está en el poder, con lo que ello significa como ventaja, y que llegó a él con trampa, aliado con los peores criminales de Colombia, y que busca conservarlo  a como dé lugar, utilizando todos los medios de lucha, entre ellos usar los mecanismos de la democracia para destruirla; hablamos de alguien que no tiene límite ético y que quiere destruir el sistema democrático, como lo prueba la nefasta política de la paz total, que deja claro a los ciudadanos que las amenazas son para la gente que cumple la ley, porque para los delincuentes hay impunidad, súplicas y rodilleras.

No estamos, entonces, enfrentando unas elecciones normales entre individuos que son leales a la democracia, y que aceptarán su derrota porque son fieles al sistema. El contexto es bien otro. Exige la unión pronta de los demócratas que quieren preservar el estado derecho, recuperar la seguridad, garantizar el derecho a la vida y las libertades fundamentales a los ciudadanos, incluyendo la propiedad privada; combatir la corrupción,  evitar la destrucción del sistema de salud, bajar los impuestos, garantizar el derecho al trabajo y la formalización laboral y un sistema pensional que incluya a TODOS los colombianos pero permita liberarse de un sistema que limita el derecho de cada colombiano a construir su propio manto de jubilación. Y si alcanzamos la presidencia, prepararse para defender nuestro estado de derecho de la andanada que Petro y sus seguidores prepararán.

La tarea del momento es forjar la unidad en el menor tiempo posible, buscando que se reduzca a un número razonable la cantidad de candidatos que compitan en una consulta en la que quepan todas las tendencias que estén de acuerdo con derrotar el petrismo y suscribir un programa como el expuesto o uno similar. Porque la proliferación de pretensiones sin que se acuerden métodos para eliminar a aquellos que tienen menos opciones -lo que no significa que no tengan cualidades, solo que carecen de reconocimiento en este momento crucial y que difícilmente lo conseguirán- es suicida para el país, para el partido o tendencia a la que pertenezcan y para ellos mismos.

Prolongar los tiempos de selección de precandidatos es estar viviendo en una realidad alterna, en las prácticas que en el pasado pudieron dar resultado -aunque creo que en la campaña anterior, ese no fue el caso- porque el petrismo avanza en su campaña, como un tren de alta velocidad y los precandidatos de la oposición  viajan en un viejo ferrocarril de carbón, creyendo que su interés personal es el interés del país y que este esperará hasta que algún día, por allá en octubre o, peor, aun, en marzo, en la probable consulta interpartidista, ellos ganen.

Es lo que están haciendo los precandidatos del Centro Democrático que están aferrados a la directriz del presidente Uribe, según la cual, son ellos los que definen las reglas de juego. Probablemente esto era verdad, por allá en el último trimestre del año pasado, pero no lo es ahora, porque hasta la fecha, cuando el tiempo es crucial, no han podido hacerlo. Y siento tristeza de que cuatro de ellos se escuden en el presidente  Uribe para no aceptar las limitaciones insalvables que tienen las candidaturas de al menos tres y responder al estilo petrista, con desprecio, descalificación y grosería -mediante un comunicado anónimo con el logo del Centro Democrático y un video de la senadora Valencia-  a quienes les piden, en una carta comedida, que consideren unas reglas de juego basadas en encuestas, que dirimirían a más tardar en agosto, pero, probablemente, a mediados de julio, quien es el candidato de esa formación política, para que pueda hablar con representatividad y autoridad al país y a los posibles aliados.  La propuesta era una manera darles una salida a los candidatos mismos, pues si la hubiesen aceptado le estarían cumpliendo al expresidente; pero, como no lo hicieron, es una vía para que el CD recuperase su institucionalidad ya que la generosidad del expresidente no ha dado los resultados esperados en un momento especialmente crítico de la vida de ese partido y del país. También existen otras posibilidades, como la de que en un tiempo prudente pero expedito, por ejemplo, a fines de julio o primera quincena de agosto se celebre la convención para que decida quien será el candidato. Cualquier salida institucional es buena para salir del callejón sin salida al que están llevando esos precandidatos al CD.

Yo soy firmante de esa carta y puedo asegurar, contrario a lo que piensa la senadora, que no estoy privilegiando a un determinado candidato al pedir que se haga el proceso de encuestas o la convención. Claro que, después d su video, tengo claro a quien no escogería en una consulta interna de cualquier tipo, si fuese preguntado.

Publicado en Columnistas Nacionales

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