Alfonso Monsalve Solórzano
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, encarna lo peor de Petro y el petrismo. Los dos son la suma de todos los males.
El primero, es la destrucción del sistema de salud que había funcionado. No pueden admitir que el derecho a la salud sea prestado por particulares. Para ellos, en cuanto derecho, debería proveerlo el estado. Como si al hacerlo una empresa, dejara de serlo. En un enfoque miope, si la salud no la garantiza el estado, entonces no es derecho. Nada más falaz. El sistema mixto nuestro, público – privado, asegura la cobertura en salud de casi el 100%, el 98.3 % de los colombianos, y tiene un elemento de solidaridad que obliga a los que cotizan a pagar un porcentaje de su aporte para cubrir las necesidades de quienes no pueden hacerlo, que además son la mayoría: “A septiembre de 2024, había 52'036.910 personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud. De ellas, el 51,0% estaba en el régimen subsidiado y el 44,7%, en el régimen contributivo; el 4.3% restante estaban en regímenes de excepción y especiales”. (https://www.andi.com.co/Uploads/Reporte%20Sectorial%20Informe%20del%20Sector%20Salud%20y%20Healthtech%20-%20Noviembre%202024.pdf).
Petro y Jaramillo son tan obtusos que no entienden que la existencia de aportantes y subsidiados, de hecho, encarnaría el principio comunista de que cada cual dé según su capacidad y reciba según su necesidad: los que tienen pagan, de acuerdo con lo que ganan; y los que no tienen, garantizan su atención en salud. O, peor, lo saben, pero no les importa, porque lo que quieren es convertir a los colombianos en ciervos sin salud, que mendiguen una cita o una medicina ante el déspota, a cambio de una servil lealtad política. Que es lo que ocurre en Venezuela y Cuba donde el discurso dice que el derecho a la salud es universal, público y gratuito, pero la realidad es bien distinta y triste. Alguna vez leí que en la antigua Unión Soviética la salud era gratuita, si tenías con que pagarla. Y eso es lo que ocurre en las dos dictaduras socialistas.
En el primer país, según Human Rights Watch “En agosto de 2023, más del 72 % de las personas no podían acceder a los servicios sanitarios públicos cuando lo necesitaban, frente al 65,5 % en julio de 2021” (https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela).
Y en Cuba, La crisis de la salud “ha llevado a que aproximadamente el 70 % del cuadro básico de medicamentos esté en falta, afectando tanto a productos de fabricación nacional como a los importados. La carencia de materias primas y materiales necesarios para la producción ha sido identificada como la principal causa del desabastecimiento. El gobierno socialista, se ufana de exportar médicos, pero “el número total de empleados de la Salud pasó de 464 118 en 2022 a 421 120 ese año. Entre las especialidades que registraron mayor disminución figuran médicos, enfermeros, estomatólogos y personal auxiliar, lo que redujo la capacidad de atención en un sistema tensionado por la escasez de recursos (…) A pesar del deterioro interno, Cuba mantiene su política de exportación de servicios médicos, una práctica que en 2022 generó más de 5 000 millones de dólares y al cierre de 2024 se convirtió en el rubro de exportación más rentable. Mientras el discurso oficial resalta su carácter «humanista», organismos de derechos humanos denuncian las misiones como una forma de explotación laboral”. (https://eltoque.com/es/como-se-convirtio-cuba-en-una-impotencia-medica).
Y es a esa situación que nos están llevando. En cifras del 2024, el gobierno controla casi la mitad de los usuarios 25.2 millones de usuarios (https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/mapa-de-las-eps-en-colombia-intervenidas-en-retiro-y-activas-FA24602205) y las EPS intervenidas van de mal en peor porque los gestores del gobierno están allí para destruir las que administra, mientras agota las que todavía no maneja. Las IPS cierran o son incapaces de asumir el flujo de pacientes por falta de pago de las deudas del gobierno, que, además, se niega a ajustar las UPC y ha creado una crisis enorme en la entrega de medicamentos, echándole la culpa a los distribuidores por la falta de pago del gobierno. Es el shu, shu, shu. Cualquier parecido con Cuba y Venezuela no es pura coincidencia. A nombre de la defensa de lo público, se privatiza de mala manera el sistema de salud de los colombianos para ponerlo al servicio del presidente y sus aliados políticos.
El segundo mal es la burla que hace Jaramillo, con el respaldo de Petro, de las órdenes que les da la Corte Constitucional sobre la actualización de la UPC. Es desobligante y delictual la manera como Jaramillo “responde” a dicha institución, desobedeciendo sus ´mandatos y convirtiéndola en objeto de burlas. El desconocimiento de la división de poderes y del papel que juega la Corte Constitucional como guardiana del sistema es un acto reprochable que le envía a los magistrados y a los colombianos la señal de que la máxima autoridad judicial no tiene valor alguno y que solo cuenta lo que el sátrapa y el esbirro imponen. Los ciudadanos estamos pendientes de las decisiones que, ante semejante desacato, tomará ese máximo tribunal, que merece todo nuestro respaldo, si queremos evitar que avance el golpe petrista contra el poder judicial.
Y el tercero, es la corrupción. Está claro para los colombianos que este gobierno se eligió contando con dineros ilícitos procedentes del narcotráfico; y que, en su ejercicio, la corrupción es la regla de conducta asumida conscientemente por el ejecutivo. Y en la salud, sí que tenemos ejemplos. Por ejemplo, la reforma al sistema de los profesores, concertada con Fecode y defendida por este sindicato a cambio de gabelas sindicales que acaban con lo poco que quedaba de público en la educación, convirtiéndola en el coto privado de caza de directivos y sus camarillas, a pesar de que los maestros de a pie se han quejado incesantemente de tal redorma.
Y, por supuesto, la gabela personal, el ánimo de lucro, del ministro de salud y su esposa, la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, Beatriz Gómez Consuegra, reflejado en el hecho de presuntamente “presionar a funcionarios para la firma de un contrato que busca la creación de un buque hospital en Amazonas”. La cosa llegó hasta el punto de que declararon insubsistente a la funcionaria que se opuso a tal operación. Y que decir, de la defensa que les hizo Petro en un trino: “La esposa del ministro de salud no entró a trabajar en la superintendencia en este Gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”, señaló el mandatario en la red social X. El asunto es que esa afirmación resultó falsa porque en la página de la Función Pública aparece que la funcionaria fue nombrada el 6 de septiembre de 2022, es decir casi un mes después de que el presidente Petro iniciara su mandato el 7de agosto de 2022 (https://www.elcolombiano.com/colombia/esposa-ministro-jaramillo-no-fue-nombrada-en-supersalud-en-gobierno-anterior-HA27055570).
El propio ministro lo confirmó cuando dijo que la señora Gómez Consuegra fue nombrada antes de que él fuera escogido como ministro de salud. El punto es que, al ser designado para esa posición, claramente había un conflicto de intereses y la señora debió renunciar inmediatamente. Pero no. Estaba allí, presuntamente presionando la firma de un contrato de infraestructura de salud.
El cuarto, es la pretensión totalitaria de que el estado se apodere de la patria potestad de nuestros hijos. El despojo de la patria potestad a los padres es una violación del más sagrado derecho de la familia: el que tienen los padres de educar a sus hijos en los valores y principios que estimen conveniente hasta la mayoría de edad. El estado totalitario requiere de autómatas sin valores y principios diferentes a los que este predica. Es la instrumentación total de los niños y adolescentes. Terrible.
POSTSCRIPTUM
El Consejo de Estado le puso fin al abuso de la transmisión de los consejos de ministros por la televisión privada, regional y local. La defensa del pluralismo y la libertad de opinión ha sido resguardada.
