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Alfonso Monsalve S.                                                                                           

El presidente sigue amenazando y mintiendo al país para justificar su alianza con los victimarios y su burla a las víctimas. Ya no le basta con liberar a los miembros más sanguinarios de los GAOs, aceptándolos como negociadores o “gestores de paz”.

En los últimos días, nombró gestores de paz a diez y ocho de los más siniestros exjefes de las autodefensas, que habían sido condenados por Justicia y Paz y extraditados a Estados Unidos por haber continuado con el negocio del narcotráfico, después de su desmovilización´, de donde casi todos regresaron por pena cumplida, pero están detenidos en Colombia para pagar su condena en Justicia y Paz (salvo Hernán Giraldo, alias Tornillo, quien continúa en la cárcel pero fue expulsado de Justicia y Paz, por haber continuado abusando de niñas, después de su desmovilización).

 Antes, lo había hecho con Mancuso, máximo cabecilla de ese grupo, pero la Corte Suprema negó la petición de libertad que el gobierno había elevado, pues “Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional, que pide el beneficio de su libertad, “sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado (…) “…pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH…” (https://cortesuprema.gov.co/sala-de-casacion-penal-niega-libertad-del-exparamilitar-salvatore-mancuso-y-se-pronuncia-sobre-su-designacion-cono-gestor-de-paz/).

El trabajo de estos convictos consistiría en aportar con su “conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición”, pero, también, ayudar en la “estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales” (Resolución 453 de 2024).

Y es cierto, como dice el presidente, que en la resolución no se otorgan beneficios jurídicos a esas personas; pero es falso que quienes se ha opuesto a semejante medida, lo hacen porque pertenecen a la clase política más retrógrada del país y le tienen pavor a la verdad (https://www.infobae.com/colombia/2024/11/15). Puede haber algunos que, en efecto, están temblando de miedo, pero la inmensa mayoría de quienes nos oponemos, lo hacemos porque estos individuos no han reparado realmente a las víctimas, ni moral ni económicamente, ni contado toda la verdad, que son el centro de la justicia transicional, a pesar de que han pasado muchos años, de su compromiso público de hacerlo. ¿No es curioso que ahora, después de tanto tiempo, el presidente y ellos están interesados en la reparación de las víctimas?

Esa anomalía se explica por las pretensiones detrás de la llamada paz total de Petro. Es que, a él, en ese proceso, no le interesan las víctimas. El país tiene claro que estas ni siquiera aparecen en su radar cuando el ELN encierra a centenares de miles de personas en el Chocó en medio de una emergencia invernal, hasta el grado de impedir el acceso de la ayuda humanitaria; ni le importan la gente de El Plateado o Jamundí, ni los niños reclutados a la fuerza, por mencionar hechos muy recientes.

 Y, por supuesto, tampoco, los centenares de víctimas sexuales de Giraldo, ni los 24.000 delitos de Mancuso o las 9 masacres de Cuco Vanoy, como recuerda la senadora Paloma Valencia. Reivindicar a estos victimarios, sin que hayan cumplido con sus obligaciones de verdad total, y reparación completa, es revictimizar a los centenares de miles que han sufrido sus atropellos, es incumplir los mandatos del DIH y darle un bofetón a los colombianos que creen en la ley y el estado de derecho.

 Pero es que Petro es así. Le interesa usar a los paramilitares como arma contra los opositores, al precio que sea, incluso incriminando a inocentes, como ya ha ocurrido (lo explicaré tres o cuatro líneas más abajo), ahora que, de hecho, ya comenzó la campaña política y requiere posicionarse. Pero, también los necesita como fuente de votos cautivos, muchos de ellos, asegurados a la fuerza.  En la ecuación negociación, paras y víctimas, estas son un cero a la izquierda.

Frente a la incriminación de inocentes, no podemos dejar de relacionar la maniobra de usar a los jefes paramilitares como arma contra los opositores, con el rechazo que le produjo la declaración de inocencia por parte de un juez a Santiago Uribe.  Según Petro, Santiago Uribe es culpable de paramilitarismo, a pesar de la decisión de ese juez que lo juzgo según las competencias que le otorga el sistema judicial colombiano. El presidente queda muy molesto y considera la opción de acudir a los tribunales internacionales para pedir “justicia” y evitar la “impunidad”. Y esto, a sabiendas de  que la Corte Penal Internacional u otros ordenamientos, como la Corte Interamericana de Justicia, sólo intervienen en caso de que el presunto delito no haya sido investigado y juzgado en un sistema de justicia nacional   en los términos que estipulan la constitución y las leyes. Pues bien, Santiago Uribe, quedó impune; aquí no hubo ausencia de justicia, hubo un fallo absolutorio, en los términos de la ley.

La molestia de Petro se debe a que busca golpear política y moralmente a Álvaro Uribe, -l más importante jefe de la oposición, a quien han perseguido con saña por haber derrotado ideológica, política y militar a la izquierda en la primera década del siglo XX- lastimando a su hermano Santiago, para hacer campaña política y para desviar la atención sobre los presuntos delitos que salen a la luz todos los días, como el caso de corrupción que le abrió esta semana que terminó la Comisión de Acusaciones de la Cámara por financiación ilegal de la campaña presidencial por Daily Corp, hecho por el cual, habló de nuevo de golpe de estado, esta vez desde el congreso, y volvió a amenazar al país con la hoguera de la violencia (https://www.semana.com/politica/articulo/petro-estallo-por-investigacion-de-la-comision-de-acusacion-en-su-contra-no-se-dan-cuenta-que-desatan-el-gigante-dormido/202414/).

Y si todavía no me creen, para reforzar lo hasta aquí dicho, analicemos el siguiente X del presidente, escrito estos días a causa de las críticas que ha recibido por buscar darle vida política a los paracos, que estaban muertos política y moralmente: “Lo que el progresismo no hace con la extrema derecha, la derecha lo devuelve en venganza por mil Por eso en Colombia no hablan de pacto, solo quieren la venganza. Quisieran hundir de nuevo el país en sangre por mantener sus privilegios. Nuestro deber es impedirlo con unidad y trabajo en el seno del pueblo. En Colombia el retroceso al pasado sería peor que en Argentina. Quieren subir al poder los asesinos y los que encubren asesinos del pueblo”.

En síntesis: ya tenemos claro de qué se trata y con quienes se establece el “pacto”: con los criminales, que, para él, son el pueblo. Pedir que se aplique y se respete el DIH, es venganza. En la lógica de Petro, si a uno de sus enemigos lo declaran inocente en un fallo pronunciado en un proceso llevado en los términos indicados por la ley, no se aplicó la justicia. Pero, si esta le investiga al presidente un presunto delito o falta administrativa a él o a su entorno, entonces, es, o son, inocente(s) a priori y se le está dando un golpe de estado.

Y en una prestidigitación que, como todas las que hace, no le salió bien, señala que quienes defienden el DIH, lo que quieren es “hundir de nuevo el país en la sangre por mantener los privilegios. ¿Qué tal?  El que está hundiendo el país en sangre para mantener los privilegios de la clase dominante en el gobierno actual, los GAOs y, ahora, los antiguos jefes de los paramilitares, es el presidente.

Publicado en Columnistas Nacionales

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