La inseguridad urbana se está convirtiendo en el principal problema que agobia a los ciudadanos de algunas de las más importantes ciudades del país, como Bogotá, por ejemplo. Las bandas de delincuencia organizada actúan de forma cada vez más brutal y despiadada contra la población inerme, sin que las autoridades actúen en forma eficaz para impedirlo. Una de esas bandas, la autodenominada ‘Tren de Aragua’, conformada por inmigrantes venezolanos, se ha caracterizado por su inclemencia asesina, incluso en la ejecución de robos de menor cuantía, y por hacer ostentación pública de su arsenal criminal. Nada ni nadie los detiene.
Los asaltos a mano armada de comercios, robos de celulares, asaltos múltiples de vehículos, extorsiones con disparos de advertencia, asesinatos de quienes no pagan, atracos colectivos en restaurantes, etc., es toda una avalancha criminal que se multiplica sin que los ciudadanos puedan hacer otra cosa que rogar a Dios por que al salir de la casa o de la oficina no les pase nada a ellos o a sus familias. Pero incluso esto último también se ha vuelto peligroso si recordamos que una iglesia en Bogotá ha sido asaltada tres veces en un mes, dos de ellas a plena luz del día con asalto colectivo a la feligresía impotente. Como en el viejo Oeste, estamos a merced de los bandidos.
No hay Estado que garantice la seguridad ciudadana. La Policía es insuficiente y está maniatada, y la justicia es totalmente impotente. Y para agravarlo todo, el Gobierno Nacional envía mensajes que tranquilizan a los delincuentes, les reducen el riesgo y los incentivan a seguir delinquiendo.
Aunque la evidencia y los estudios internacionales demuestran lo contrario, aquí se volvió un lugar común decir que el porte de armas legales por los ciudadanos es un riesgo para la seguridad.
Según la ONU, un país debe tener al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. En Colombia solo hay 220. Pero lo que es peor es que están totalmente maniatados. Tienen terror, pánico a usar sus armas, incluso cuando son agredidos, por miedo a largos procesos judiciales que terminan con sus carreras. La solución del Gobierno es desarmar a la Policía, como se vio en Caquetá cuando un pelotón de policías desarmados fue a proteger a un grupo de soldados armados hasta los dientes ante el ataque de “guardias campesinas”, lo que terminó con un policía muerto y más de una docena secuestrados. Valdría la pena que el Congreso estudiara una reciente ley aprobada en Chile que le da absoluta claridad jurídica a la policía para usar sus armas, tanto en defensa propia como para prevenir y combatir el delito.
De otra parte, la justicia es el rey de burlas de la delincuencia. Como la mayoría de los atracos son de menor cuantía, celulares y billeteras, los delincuentes siguen en las calles, pues según la ley son delitos excarcelables. Así tenemos que en el 95 % de los delitos no hay capturas, y el 5 % de los capturados son liberados al otro día para que sigan delinquiendo. Pero incluso los venezolanos capturados por delitos mayores, por ser indocumentados no se los procesa, ni condena ni encarcela, sino que se les ponen de patitas en la frontera, y las pocas semanas están otra vez de regreso delinquiendo en sus bandas criminales. En Inglaterra la mitad de las condenas tienen penas de menos de 12 meses de cárcel efectiva, por delitos menores.
La cereza del pastel es la propuesta de Minjusticia de sacar a los delincuentes de la cárcel, dizque porque lo moderno son las penas alternativas. Es la ideología siempre ausente de la realidad. Lo que indica el sentido común es que frente al desborde de la delincuencia hay que construir más y mejores cárceles. Los delincuentes libres son un peligro social.
Cuando una situación está fuera de control, y las soluciones de largo y mediano plazo no dan cuenta de la urgencia crítica para al menos reducir el problema, las medidas de choque de corto plazo pueden ayudar. Aunque la evidencia y estudios internacionales demuestran lo contrario, aquí se volvió un lugar común decir que el porte de armas legales por los ciudadanos es un riesgo para la seguridad. Sin embargo, está demostrado internacionalmente que el porte legal de armas por los ciudadanos de bien, reduce los índices de criminalidad; en cambio su desarme desprotege a la población y favorece a los delincuentes ilegalmente armados. Pero esto será tema de una próxima columna.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 7 de julio de 2023.
