La herencia del gobierno Petro en cuanto al problema del narcotráfico –y en muchos otros temas–, va a ser sencillamente catastrófica. Naciones Unidas acaba de informar que en el último año los cultivos de coca en Colombia crecieron un 10 por ciento y la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento. Esto significa que llegamos al récord histórico de tener 253 mil hectáreas cultivadas de coca que están produciendo cerca de 2.700 toneladas de cocaína.

Conforme a los criterios de

Habida cuenta de que el consumo está creciendo en Canadá, Estados Unidos, Europa y en otros países, y que el Gobierno no está haciendo prácticamente nada por erradicar ni por sustituir esos cultivos ilícitos, de seguir a esos mismos ritmos de crecimiento, al final del gobierno Petro tendremos 300.000 hectáreas sembradas de coca, que producirán 6.000 toneladas de cocaína. Un problema monumental.

Es sabido que todos los grupos armados que azotan el país se nutren, se multiplican y se fortalecen con la producción y el tráfico de cocaína. Prácticamente han duplicado su tamaño y su presencia territorial en los dos años corridos del gobierno Petro. Y seguirán creciendo y fortaleciéndose sin control alguno porque sus multimillonarios ingresos derivados del narcotráfico se están multiplicando año tras año.

El cese al fuego unilateral del Gobierno con esos grupos, la legalización de hecho de los cultivos de coca, y la caída en barrena de las incautaciones de cocaína –el menor porcentaje de los últimos 16 años–, han creado las condiciones óptimas para el crecimiento del narcotráfico y para el fortalecimiento de todos los grupos armados criminales que viven y se lucran de ese negocio.

En medio de estas circunstancias, los supuestos diálogos de paz, dizque para desmovilizar estos grupos, son totalmente una farsa. Qué desmovilización va a ser posible en medio del mejor momento del negocio criminal que les ofrece a esas bandas las más altas ganancias de la historia, sin correr prácticamente ningún riesgo, y con unas expectativas de crecimiento ilimitado.

Y es que el informe de Naciones Unidas está confirmando que la producción de cocaína en Colombia ha dejado de ser una actividad artesanal y se ha convertido en toda una agroindustria, tanto en el cultivo de la coca como en la producción de la cocaína. El informe señala que en el 50 por ciento del área cultivada, donde está el 80 por ciento de las plantas de coca, hay modelos productivos de perfil industrial. Por pura lógica de mercado, es de esperar que este modelo industrial se expanda rápidamente a todo el conjunto de los cultivos.

El próximo Gobierno tendrá como reto retomar esas políticas que ya demostraron ser efectivas, como única alternativa para desmantelar el problema de los cultivos ilícitos.

Esta bonanza criminal ha producido un fortalecimiento de las redes de producción y tráfico de cocaína en el país, lo que ha generado un incremento en la confrontación entre las bandas armadas organizadas por el control de las rentas y de las zonas de cultivo. Esto es lo que explica el aumento de la violencia en muchas zonas del país, pero especialmente en aquellas donde hay una mayor concentración de este negocio criminal.

El aumento de las masacres, del asesinato de líderes sociales, de los desplazamientos forzosos, del reclutamiento de menores, del sometimiento armado de la población, entre otros delitos, son la consecuencia del auge inmenso e incontrolado del narcotráfico.

Frente a esta situación, claramente derivada de la inacción cómplice del gobierno Petro, se vuelven a escuchar las voces derrotistas que ven este problema como si fuera una catástrofe natural, contra la cual se ha ensayado todo sin éxito alguno.

Incluso se distorsiona la historia al señalar capciosamente que a la larga aquí no hay nada nuevo porque los cultivos de coca y la producción de cocaína nunca han dejado de crecer. Falso. Hubo un momento entre 2002 y 2012, en que esos cultivos se redujeron año tras año, y que al final se redujeron a cerca de la mitad, o sea, a 48.000 hectáreas.

El secreto a voces fue la fumigación masiva con glifosato, programas efectivos de sustitución de cultivos, y una lucha denodada contra las bandas criminales que redujo su tamaño a menos de la mitad. Después se abandonaron esas políticas y entonces hemos venido a parar donde hoy estamos.

El próximo Gobierno democrático tendrá como reto retomar esas políticas que ya demostraron ser efectivas, como única alternativa para desmantelar rápida y eficientemente este problema que hoy es la mayor amenaza para la seguridad de los colombianos y para nuestra institucionalidad democrática.

24 de octubre 2024