Un chantaje autoritario y dictatorial contra el Congreso es la amenaza de Petro de convocar una consulta popular si no le aprueban sus reformas laboral y de la salud. Nunca antes un legítimo mecanismo de participación popular había sido utilizado por un gobierno como instrumento arrojadizo de extorsión para someter al Congreso a su voluntad. Si lo hace, el tiro le puede salir por la culata, dada la inmensa impopularidad de las reformas de Petro, que cambian las cosas no para mejorarlas, sino para empeorarlas. La opinión pública ya es consciente de esto; por ello, la aventura oportunista del Gobierno le podría ocasionar al final una doble derrota: el repudio de sus reformas no solo en el Congreso, sino también entre la opinión pública.
Una de las importantes funciones de cualquier Congreso en cualquier democracia es la de estudiar y debatir los proyectos de ley gubernamentales para aprobarlos, modificarlos o hundirlos. Acatar esas decisiones del Congreso por parte del Ejecutivo es una elemental muestra de respeto a la separación de poderes, piedra angular de las democracias modernas. Amenazar al Congreso con echarle al pueblo encima si sus iniciativas legislativas no aprobadas es una evidente muestra de talante antidemocrático, de ínfulas y nostalgias de dictador bananero.
Petro suma ahora una movilización populista que no solo busca debilitar las instituciones democráticas, sino a sus bases y apoyos enardecidos para tratar de evitar una segura y estruendosa derrota electoral.
Afortunadamente, la sabiduría de nuestra Constitución Política, previendo quizás su uso abusivo por parte de algún gobierno, ha excluido del ámbito de las consultas populares tanto las reformas constitucionales como los articulados de proyectos de ley. Y para respetar la legitimidad del Legislativo, cuya fuente es la voluntad popular expresada en las urnas al elegir a sus integrantes, nuestra Constitución también ha dispuesto que cualquier iniciativa de consulta popular debe ser previamente aprobada por el Senado de la República. Por esta circunstancia es altamente improbable que el Senado apruebe una consulta sobre un tema que el mismo Senado ya ha rechazado de manera legítima. Esto, para no hablar de los cerca de 14 millones de votos de participación que necesitaría esa consulta para ser válida, con un gobierno que tiene casi un 70 % de desaprobación.
Así pues, esa amenaza de consulta popular es absolutamente inviable. Pero no solo es inviable, también es hipócrita y oportunista. La hipocresía de Petro y sus aliados se evidencia en el hecho público y conocido de que cuando ellos y sus partidos se hallaban en la oposición, se jactaban de ser unos perfectos demócratas porque hundían -o anunciaban que iban a hundir- los proyectos de leyes de los anteriores gobiernos. Así se opusieron a todas las reformas tributarias anteriores y buscaron hundirlas, y ayudaron a hundir, por ejemplo, las reformas a la JEP del anterior gobierno; siempre se enorgullecían de procurar hundir las iniciativas gubernamentales. Pero ahora que están en el Gobierno denuncian un supuesto “bloqueo institucional antidemocrático” porque el Congreso les rechaza alguna iniciativa legislativa. Esto no solamente es falso, sino hasta ingrato: este mismo Congreso les aprobó su reforma tributaria, su Plan de Desarrollo, su Jurisdicción Agraria, su reforma pensional y otras varias iniciativas gubernamentales, como para que vengan a decir ahora que hay un “bloqueo institucional”.
Y también es oportunista. Porque, ante el evidente fracaso de su gestión gubernamental y en vista de su impotencia e incapacidad para solucionar las crisis que el mismo gobierno ha provocado en la salud, el orden público, el suministro de energía, la situación fiscal, etc., convocando la tal consulta popular el Gobierno busca crear una cortina de humo, con dos propósitos: esconder sus fracasos y echarle la culpa de ello al Congreso, de un lado, y prender motores con vistas a la campaña presidencial y de Congreso que se avecina. A la amenaza de un nuevo estallido antisocial si pierde las elecciones, Petro suma ahora una movilización populista que no solo busca debilitar las instituciones democráticas, sino mantener la calle caliente y a sus bases y apoyos non sanctos enardecidos y furiosos para tratar de evitar una segura y estruendosa derrota electoral en el 2026.
13 de marzo 2025
