El Gobierno está angustiado porque el estancamiento de la economía ha reducido el recaudo fiscal, lo que le dificultará la ejecución de sus planes populistas de repartición masiva de subsidios y otros programas demagógicos, con los cuales piensa conseguir los votos de cara a las elecciones del 2026.
Esa es su economía política. La verdad, poco le importa la suerte de los empresarios, esos “capitalistas esclavistas”, o de las clases medias “aburguesadas” y “derechistas”. Su estrategia de economía política consiste en quitarles la plata a los “ricos”, para comprar la conciencia y los votos de los “pobres”. Para ello ahora quiere obligar a los bancos de los “ricos” a hacer inversiones forzosas dirigidas a los “pobres”, o a lo que el Gobierno llama la “economía popular”.
Y, claro, ocultando su interés particular, trata de presentar esta medida como si fuera de interés general, dizque como parte de un plan de reactivación económica nacional. Aplica su discurso estatista, según el cual la economía debe ser intervenida por el Estado, porque el mercado libre no hace una asignación eficiente de los recursos. El viejo truco: disfrazar el interés particular como si fuera el interés general, y presentar al Estado como si fuera superior y más eficiente que el sector privado. Pura cartilla socialistoide o, mejor, del socialismo del siglo XXI. Por lo demás, probadamente fracasada. Recordemos nada más a Argentina y Venezuela.
La propuesta del Gobierno sobre las inversiones forzosas de los bancos no resiste el menor análisis racional, ni sobre su justificación, ni sobre su conveniencia y posibles resultados. Si se trata de reactivar la economía, hay que indagar primero por qué en Colombia está estancada, mientras que economías similares en la región están creciendo mucho. Nuestro principal problema económico, lo dicen todas las evaluadoras de riesgo y las encuestas empresariales, es el clima de incertidumbre que desde sus inicios ha propagado este gobierno, producto de la inestabilidad en las reglas de juego para los inversionistas, de los cotidianos ataques presidenciales contra los empresarios, de la inseguridad energética, y de los proyectos de reforma legales que enrarecen el ambiente económico. A todo esto ahora se suman la crisis fiscal y los inquietantes anuncios gubernamentales para resolverla, como una nueva reforma tributaria y la modificación de la regla fiscal.
Para reactivar la economía el Gobierno debería empezar por generar confianza a los actores económicos, dejar de amenazar a los empresarios, concertar reformas legales sensatas.
Las anunciadas inversiones forzosas no resuelven los anteriores problemas. Por el contrario, los agravan y pueden contribuir a un mayor estancamiento económico. Como pertenecen a la misma cartilla del intervencionismo estatal en la economía, con las inversiones forzosas sucede lo mismo que con el control de precios: ocasionan efectos perversos y contraproducentes. El control de precios retira a los productores del mercado, lo que disminuye la oferta, lo cual ocasiona escasez, y esta produce alza de precios, que era lo que al inicio se quería evitar. Las inversiones forzosas a los bancos producen retiro de los fondos de los ahorradores, deterioro de la cartera de los bancos, disminución de la oferta de crédito, subsiguiente alza de las tasas de interés y, al final, deterioro del consumo y de la inversión, lo cual afecta negativamente la actividad económica, que era lo que se quería reactivar.
Y podría tener otros efectos perversos. Ante la incertidumbre bancaria, los ahorradores podrían retirar sus dineros y refugiarse en el dólar, el cual ante un aumento súbito de la demanda podría subir de precio, encareciendo los productos importados, generando inflación y aumento en el costo de la vida. Los principales afectados por esta situación serían los sectores populares, que son los que engañosamente el Gobierno dice que quiere proteger.
Las inversiones forzosas son una medida anacrónica, desueta e inconveniente. Ningún país serio las utiliza. Equivale a una incautación arbitraria por parte del Gobierno de los ahorros de millones de personas. Para reactivar la economía el Gobierno debería empezar por generar confianza a los actores económicos, dejar de amenazar a los empresarios, concertar reformas legales sensatas, no ideologizar la economía, incentivar la inversión nacional y extranjera, dinamizar el consumo, la construcción, el turismo, la minería, la producción petrolera, etc. Pero esto es pedirle peras al olmo. Hay que esperar un nuevo gobierno.
15 de agosto 2024.
