De acuerdo con declaraciones a NTN24 de José Félix Lafaurie, negociador del gobierno, el cese del fuego ni paraliza a la Fuerza Pública ni le impide defender a las ciudadanos de los acciones violentas de los criminales. Esa lectura de lo acordado es curiosa. El decreto 1117, que pone en marcha lo pactado, en su artículo 2 ordena "la suspensión de operaciones militares y policiales ofensivas […] en contra de los integrantes del Eln” y agrega que, además, “está prohibido […] entrar en contacto armado y, si esto ocurre, no romper dicho contacto”.
Se deduce que al Eln le estaría prohibido confrontar a la Fuerza Pública. Pero nada dice el decreto sobre las obligaciones de los elenos en relación con los civiles. Según Lafaurie, aunque no explica en que se basa para afirmarlo, el Eln no podría seguir cometiendo delitos contra ellos. Por supuesto, no es eso lo que sostienen los elenos. Aunque no ha habido nuevas declaraciones de los jefes guerrilleros, en La Habana dijeron expresamente que el cese del fuego no les impedía seguir secuestrando, extorsionando y reclutando. Suponemos que piensan que tampoco les impide cometer otros delitos.
El decreto dice también que la suspensión de operaciones ofensivas “se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función constitucional y legal de la Fuerza Pública de […] garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional” y que “los integrantes de la Fuerza Pública están obligados a dar estricto cumplimiento a la Constitución, a la ley y a las demás normas internas”.
Suena bien, pero es imposible de aplicar. Si el Eln no tiene la obligación de dejar de delinquir y si no hay algún tipo de concentración territorial de la guerrillerada, lo pactado solo asegura que los uniformados no solo no puedan perseguir a los bandidos sino que además no puedan entrar "en contacto armado” con ellos. Digamos que militares y policías podrían actuar si se encuentran a los elenos delinquiendo en flagrancia, pero no después de que el delito haya sido cometido porque están prohibidas las acciones ofensivas y cualquier tipo de contacto armado.
Como, además, no hay presencia militar ni policial en muchas áreas del territorio nacional y, peor, en muchos municipios donde la hay hemos visto a la Policía encerrarse en sus cuarteles cuando aparece la guerrilla, el Eln tiene la tranquilidad de que las Fuerzas Militares y la Policía estarán paralizadas.
En conclusión, los elenos podrán seguir recorriendo el territorio nacional, con la certeza de que no serán perseguidos, y seguirán delinquiendo siempre que no los atrapen en el preciso momento del acto criminal.
Todo eso, además, en pleno proceso electoral. En las áreas de influencia de los elenos, habrá voto con el fusil en la nuca. Es previsible que serán los candidatos de izquierda los favorecidos. Es válida la pregunta de si es un resultado colateral deseado por Petro.
Con el riesgo de ser reiterativo, por mucho que el decreto diga que debe respetarse la Carta Política, debo insistir en que tal y como ha sido pactado ese cese del fuego es inconstitucional. El análisis de constitucionalidad no puede ser meramente nominal. En la práctica la consecuencia es que las Fuerzas Militares y la Policía no podrán cumplir con su obligación primordial de proteger a los ciudadanos de los bandidos y permitirles ejercer sus derechos y libertades sin interferencias criminales.
Para rematar, desde la perspectiva del objetivo que supuestamente se busca, el cese del fuego pactado es estúpido. La experiencia con las Farc muestra que la acción militar es vital para asegurar que las negociaciones no sean usadas por la guerrilla con el propósito de fortalecerse financiera, política y militarmente, como tantas veces ha ocurrido antes en Colombia. Las operaciones contra Reyes, Cano y Jojoy, entre otras, fueron fundamentales para asegurar que las Farc hiciera una negociación seria. Ahora el Gobierno renuncia a la presión militar. Mucha zanahoria y absolutamente nada de garrote.
