Para derribar una dictadura, las elecciones pueden ser la mecha, pero no son la dinamita. La dinamita puede ser la insurrección popular, la división del ejército, un golpe de Estado interno, el tiranicidio o una intervención militar externa. Una victoria electoral aplastante de la oposición ante la dictadura puede ser la mecha que conduzca a su derribo, siempre y cuando una vez prendida esa mecha conduzca a una de las mencionadas opciones para dinamitar la dictadura. La mecha sin dinamita es impotente.
La mecha que prende una derrota electoral humillante de una dictadura no suele ser, sin embargo, de larga duración. Si no hay un desenlace pronto que lleve a la caída de la dictadura por medio de una de aquellas opciones, el entusiasmo y la exaltación popular derivados del triunfo electoral tienden a convertirse más o menos pronto en desencanto, en desilusión, y después, en amarga resignación. Esto lo intuyen los dictadores y sus camarillas venales y criminales, y por eso empiezan a jugar con el tiempo.
Porque el tiempo corre a favor de la dictadura y en contra de la oposición. Por ello, el dictador trata de apagar la mecha con dilaciones legales, con tretas jurídicas para intentar enredar a los opositores en batallas legales acerca del resultado de las elecciones, acudiendo a cualquier mecanismo para justificar el fraude masivo y el robo abierto de las elecciones por parte de la dictadura. Los amigos abiertos o velados de la dictadura, dentro y fuera del país, intentarán ayudarle a ganar tiempo con llamados hipócritamente candorosos al diálogo, a la concertación, a buscar un acuerdo pacífico entre la víctima y el victimario. Si la oposición cae en alguna de estas trampas, perderá un tiempo precioso y la mecha se apagará muy pronto.
Es por esto que los líderes de la oposición deben concentrarse en diseñar y ejecutar una estrategia que les permita mantener la mecha prendida y conducirla presurosamente hacia alguna de las opciones de desenlace descritas arriba, o hacia alguna combinación de ellas. Porque la dictadura no caerá sola, hay que tumbarla. Y esto no lo logran ni las condenas de gobiernos democráticos, ni las resoluciones de organismos multilaterales, ni las sanciones económicas por más fuertes que sean, ni el retiro de embajadores, ni el desconocimiento de la dictadura como gobierno legítimo ni el aislamiento internacional. Estas medidas pueden ayudar, pero ninguna es definitiva.
Cuando es el mismo Estado el que somete a su población a la barbarie, la comunidad internacional tiene la “responsabilidad de proteger” a esa población de los crímenes de su Estado, incluso con una intervención militar externa.
Para provocar una insurrección popular no es lo mismo provocar un paro nacional o una manifestación masiva que dure quince días que organizar una manifestación cada quince días. En Egipto, la población rebelde derrocó la dictadura con la toma con centenares de miles de personas de la plaza Tahrir en El Cairo durante varias semanas. Si la gente percibe que la única iniciativa de sus líderes son las manifestaciones periódicas, que no tienen más opciones, y que no ofrecen más alternativas, tarde o temprano esas manifestaciones languidecerán. Elevar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del dictador y de cada uno de sus principales esbirros erosionaría lealtades y provocaría fisuras fatales dentro de la dictadura, y movilizaría cazarrecompensas. Auspiciar la división dentro del “coronelato” de las fuerzas militares, apelando a valores patrióticos y a compromisos de ascensos y relevos en la cúpula militar en un nuevo gobierno democrático, puede socavar la base de apoyo fundamental de la dictadura.
Frente al aumento inusitado de los crímenes de lesa humanidad de una dictadura se puede apelar a una intervención militar externa. Según doctrina de las mismas Naciones Unidas, los Estados tienen la “responsabilidad de proteger” a su población frente a crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves. Pero cuando es el mismo Estado el que somete a su población a la barbarie, la comunidad internacional tiene la “responsabilidad de proteger” a esa población de los crímenes de su Estado, incluso con una intervención militar externa. Los líderes de la oposición y los gobiernos que con justicia condenan a la dictadura y su brutalidad criminal deberían reclamarle a la comunidad internacional —léase Estados Unidos y sus aliados— la “responsabilidad de proteger” a la población que es víctima de la creciente barbarie de la dictadura.
Venezuela vive días cruciales. O el pueblo y sus líderes derrocan la dictadura en las próximas semanas, o la tiranía cubanizada durará décadas.
29 de agosto 2024.
