Qué buen chiste. Si fuese verdad, no permitiría que Maduro albergue, al otro lado de la frontera, con el visto bueno del gobierno colombiano a los cabecillas de los grupos que, a buen resguardo, ordenan destruir nuestro país, mientras negocia con ellos sin exigir nada a cambio. El último dislate, recordemos, es la reunión en Caracas con los negociadores del ELN, para “buscar retomar el diálogo” y la bofetada que le da inmediatamente esta organización ordenando el décimo paro armado de este año en el Choco, con el argumento de que el Ejército patrulla en ese departamento con las Autodefensas Gaitanistas.

Este último hecho me permite ahondar mi argumento. Si Petro estuviese haciendo respetar la soberanía, no dejaría que los grupos armados organizados avancen en su estrategia de apoderarse de zonas estratégicas geopolíticamente hablando, para su accionar criminal, como el Chocó biogeográfico, que arranca en el Ecuador y termina en Costa Rica y que en Colombia abarca nuestro Pacífico, desde Nariño, el Cauca y el Valle del Cauca, al sur, hasta el Chocó, que llega hasta la frontera con Panamá en el Caribe, con el Urabá antiqueño. Se trata de un extenso territorio con innumerables ríos, bahías, puertos -entre ellos el de Buenaventura, el más importante del país, lleno de cultivos de coca, laboratorios de cocaína y minería ilegal a gran escala para la exportación. Al Chocó biogeográfico también pertenece el Urabá antioqueño, que está conectado con Córdoba y el nordeste y el Bajo cauca antioqueño, llenos de coca y minería ilegal, en lo que se llama el corredor del Nudo de Paramillo.  El Urabá, todos sabemos, es el mayor lugar de concentración para el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

La toma desde el sur avanza a pasos agigantados. La costa nariñense está en manos del ELN y grupos de las disidencias. El Cauca es casi un territorio perdido: esta semana El Plateado volvió a ser noticia por la ejecución de un atentado terrorista como una demostración de fuerza para impedir un concierto ligado una brigada-feria de “ofrecimientos” para hacer “presencia institucional” del gobierno. Jamundí, en el sur del Valle, sufrió también atentado terrorista. De hecho, Cali es el principal objetivo estratégico urbano de estos grupos desde hace tiempos. Y sumémosles a estas perturbaciones, el accionar de las guardias indígenas, que tienen el control real de vastos territorios del Cauca a través de los resguardos, que usufructúan toda clase de autonomía incluyendo la que respecta sobre el ejercicio primario de la soberanía, y tienen pretensiones sobre las tierras del sur del Valle.

Por otra parte, en el Oriente colombiano el dominio territorial de esos grupos en el Catatumbo y Arauca, con el objeto de controlar la frontera con Venezuela, también avanza.

El gobierno colombiano, mientras tanto confraterniza con esos grupos. La llamada “paz total” es la estrategia de permitir que el enemigo interno someta al dolor, la indefensión y el sufrimiento a centenares de miles de colombianos, a cambio de nada. Nuestras gentes son víctimas de estos grupos porque el estado ha fallado en protegerles sus derechos humanos, que es su principal obligación, a cambio, repito, de nada. Es lo que ocurre en el Chocó y el décimo paro armado del ELN y otra vez, en condiciones de máxima vulnerabilidad de esos compatriotas por el invierno. O es la demostración de fuerza en El Plateado, o de las víctimas de Jamundí, para citar solo las últimas de una larguísima lista. Pero también es la complicidad del gobierno con las pretensiones expansionistas de los indígenas del Cauca.

La desesperanza crece.  Ya no es sólo la purga gigantesca, a principios del mandato de Petro, entre los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, que las privó del liderazgo y al experiencia en la planificación de la guerra, dándole a los oponentes  una ventaja en capacidad humana indispensable en la planificación y la acción misma; ni  el recorte del número de efectivos y de recursos para materiales de defensa, que tiene a nuestras fuerzas sin fuego aéreo y respondiendo a los drones que utiliza el contendor;  ahora también es el cambio de doctrina y el retiro de los oficiales que les han asestado golpes militares a los GAOS. La indolencia del gobierno por el dolor de los colombianos, especialmente, los más pobres y vulnerables es infinita.

Y como si fuera poco, sentimos el dolor por la profanación de un símbolo que teje la unidad nacional en torno a la democracia en su narrativa de identidad: es inconcebible que Petro haya condecorado a miembros del M-19 junto con militares, más aun a pocos días de la conmemoración del asalto criminal al Palacio de Justicia realizado por ese grupo. Razón tuvieron los magistrados de las altas cortes en exigir que la verdad de lo acontecido prevalezca y no se distorsione. Cuando el terrorista merece medallas estamos en medio de la depravación moral.

Dolor e indignación que se acrecienta cuando nos enteramos por el director del DPS, Gustavo Bolívar, de que el gobierno ha hecho campañas de desprestigio contra los medios de comunicación que son críticos al presidente y su gobierno. Es que cuando la mentira y la maledicencia como forma de gobierno es la práctica de quienes ostentan el poder, le están dando un golpe a la libertad de elección, corazón de la soberanía popular, que tiene como condición estar bien y correctamente informada para elegir. Nos están dando un golpe, y no es blando, desde el gobierno.

POST SCRIPTUM

Petro dijo en X que los hispanos que votaron por Trump utilizaron la teoría de la escalera, según la cual, si alguien logra beneficios, tira la escalera para que otros no suban. Se refería a que muchos inmigrantes votaron por Trump y su política anunciada contra la inmigración ilegal.

Pues bien, ocurre que en una decisión que lo involucra frente a otros, la gente actúa como egoístas racionales. En ese escenario no prima la solidaridad si significa poner en peligro lo que ha ganado. No están contra la inmigración, ellos son inmigrantes, muchos, fueron ilegales; pero desde la posición desde la que se encuentran, lo racional es poder conservar su estatus y sus ingresos, en la mayoría de las ocasiones, por lo demás, para ayudar a sus familias en los países del Sur.

No puede haber superioridad moral al juzgarlos. Mucho menos, desde los que utilizan la inmigración desordenada para sacar ventajas políticas y económicas, justificando sus dictaduras que se niegan a desarrollar sus economía -alegando, por ejemplo, bloqueos, que, de ser eficaces -muchos no lo son- se superarían con apertura política y económica y una política anticorrupción, que por supuesto no están interesados en realizar-.

Es lo que se niegan a hacer países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que viven de expulsar a sus ciudadanos para que lleguen, como sea, al Norte y los provean de los dólares de las remesas. Y, además, es verdad, como se ha dicho en USA que han expulsado criminales para que lleguen a ese país, como ocurrió con los Marielitos en Cuba y los miembros del Tren de Aragua, en Venezuela. Eso es lo que apoya Petro.

La inmigración, nadie ya lo discute, es necesaria, pero hacerla bien exige cooperación internacional para establecer orden y uno de sus fundamentos es hacer economías que permiten vidas dignas para sus habitantes.

La teoría del imperialismo ya no se la cree nadie.