En este país es conocida la práctica según la cual se consigue un aval de un partido y se invierten miles de millones de pesos para hacerse elegir en el congreso, para luego lucrarse a punta de contratos y mermelada, recuperar la inversión y obtener ganancias con el dinero de los colombianos en obras públicas, etc. La propuesta de las listas cerradas es una manera de taponar ese grifo, que no ha podido ser aprobada como regla obligatoria en una reforma electoral. Y lo mismo se repite en asambleas y concejos.

Pero las campañas para la presidencia no sólo no se escapan a ese tipo de corrupción, sino que son ejemplo de los casos más sonados. Los dineros de la mafia del cartel de Cali en la campaña de Samper mancharon para siempre nuestra democracia, hicieron que este perdiera su legitimidad de origen y se dedicara a defenderse, mientras los grupos ilegales guerrilleros y paramilitares crecían en dominio territorial y poder político a punta de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, pero el país no aprendió la lección. A pesar de la evidencia, el presidente no fue sancionado con la destitución porque el Congreso, con Heine Mogollón, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pidió archivar el caso, y la ciudadanía, aunque molesta, toleró el delito.

Después, quedo claro ante el país que el empresario Odebrecht entregó dinero a la campaña de Santos del 2014 a la presidencia, sin declararlo, para financiar la segunda vuelta electoral, pues había perdido la primera con Oscar Iván Zuluaga. Al hacerlo, violó los topes electorales y la norma constitucional que prohíbe la financiación de campañas con dineros provenientes del exterior, como está demostrado con la condena del gerente de su campaña, Roberto Prieto.

Santos, por su parte, aprovechó su mandato, manchado también, como el de Samper, de legitimidad de origen, para adelantar negociaciones con las FARC a quienes concedió en un acuerdo -desconociendo el plebiscito que él mismo propuso y que perdió- todo tipo de impunidad y de ventajas económicas que les han permitido lavar sus dineros obtenido del narcotráfico, minería ilegal y violencia extrema y atroz contra civiles y militares en Colombia. Actualmente funge como premio Nobel de Paz y aspirante a la Secretaría General de la ONU. Ojalá, el caso Zuluaga sirva para darle el puesto que el expresidente Santos realmente se merece en la historia como corrupto, en caso de ser encontrado responsable de delitos electorales y haber favorecido el enriquecimiento ilícito de las FARC.

A Oscar Iván Zuluaga, candidato perdedor en segunda vuelta del 2014, la Fiscalía le imputa los mismos cargos que a Santos, a partir de las declaraciones de Daniel García Arizabaleta, quien confesó ante esa entidad, a cambio de inmunidad, su delito enriquecimiento ilícito al recibir dineros de Odebrecht en su calidad de director de Invías. La Revista Semana publica unas grabaciones telefónicas supremamente comprometedoras que le hizo el hoy testigo protegido por la Fiscalía a Oscar Iván Zuluaga, en las que este confiesa que sabía del ingreso de dineros sucios de Odebrecht a su campaña. A mí me entristeció la noticia, debo decirlo, porque he tenido de él una imagen de hombre probo. Su futuro es obscuro y está en alto riesgo de ir a prisión. Ahora bien, por supuesto, si resultase culpable, deberá recibir todo el peso de la ley, porque ese es el tipo de conductas que el país tiene que desterrar.

Y ahora estamos inmersos en casos de presunta corrupción que se han dado durante la campaña y la presidencia de Petro, cuyo antecedente conocido es el del señor de las bolsas, Juan Carlos Montes, prófugo de la justicia por irregularidades en la contratación de un parque en Usme cuando fue director Técnico de Construcciones del IDRD durante la alcaldía del actual presidente. Recordemos que circuló un video del 2005 en el que se ve al actual presidente recibiendo dinero en unas bolsas negras; recordemos también que la Corte Suprema de Justicia dijo, cuando abordó en junio del 2021 el caso, que este ya estaba prescrito y que, aunque no lo estuviese, recibir bolsas de dinero no era un delito en sí mismo. Esa es la verdad judicial y la respeto. Pero ante muchos colombianos el video deja un muy, muy fuerte mal sabor en la boca.

Este año, Days Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, denunció que aquel había recibido 600 millones de pesos para la campaña de su padre en la costa, de alias el Turco Hilsaca y de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, quien purgó en Estados Unidos una condena de 25 años por narcotráfico; y que, además, Nicolás se había quedado con ellos. La Fiscalía está investigando el asunto, pero ya la señora Vásquez denunció amenazas de muerte en su contra. De ser encontrado culpable el hijo de Petro, quedará demostrado que ingresaron, en al menos una ocasión, dinero sucios, y, por supuesto, no declarados a la campaña del hoy presidente, y que hasta en su círculo más cercano, su familia -así Petro haya estigmatizado a su propio hijo diciendo que él no lo crio- se practica la corrupción para favorecer intereses inconfesables. 

Y todavía estábamos recuperándonos de esta denuncia, cuando Benedetti, destapa el escándalo de Laura Sarabia y sus quince mil millones de pesos, truculento como el que más, en el que se insinúa que lo de Nicolas Petro es apenas la punta del iceberg, que en la costa se utilizaron dineros ilícitos para la campaña; en el que se violan los derechos humanos de una empleada del servicio, sometiéndola a prueba de polígrafo no autorizada por un juez, a la que se chuza engañando a un fiscal; en el que un mayor de la policía que tuvo que ver con las chuzadas se suicida y su superior jerárquico le endilga la responsabilidad de los crímenes contra la niñera escuchada clandestinamente e interrogada ilegalmente -los muertos no responden señalamientos; un escándalo en el que se destituye a Benedetti, a quien el canciller señala de drogadicto y borracho, pero, misteriosa y sospechosamente se le restituye en el cargo durante tres semanas para que lo cobije el fuero de diplomático ante la Corte, mientras se le solucionan los “problemas legales” que tiene, luego de hablar con el presidente; en fin toda una trama que, vista desde afuera, tiene todas las trazas de ser un pacto de “omertá”, al que se le suman intentos de acabar con la libertad de prensa, como ocurrió con Semana. De hecho, como por encanto, los ruidos de corrupción contra el gobierno han disminuido ostensiblemente en los medios.

Si estas denuncias llegan a probarse, el gobierno debería renunciar. Pero esto será muy difícil, si no imposible. Las maniobras políticas y las triquiñuelas de todo tipo para mantenerse en el poder el tiempo faltante, serán la constante, como queda claro hasta el momento.  Pero, en cualquier caso, su desprestigio aumenta, el desafío a la soberanía interna por parte de los grupos armados narcotraficantes que balcanizan el país, sigue creciendo; la inseguridad ciudadana está desbordada y los impuestos que golpean a los pobres y a la clase media, como el alza desmedida de la gasolina, que no para.

Como tampoco lo hacen los constantes y cada vez más evidentes los desenfrenos personales en la cúpula gubernamental, algunos de los cuales aparecen en el escándalo de Sarabia – Benedetti, pero que son recurrentes. La vida privada de la gente es sagrada. Pero cuando los comportamientos, conductas y usos interfieren con el gobierno, se convierten en un asunto público, hay que repudiarlos, no por razones morales, sino políticas. Los comportamientos incontrolados de tipo personal perjudican la administración del país y han de ser repudiables.

La reconstitución del país está a la orden del día. La crisis del gobierno es la oportunidad de defender nuestra democracia. La iniciativa del Partido Liberal y Cambio Radical para crear una coalición de cara al congreso para enfrentar las reformas petristas y para buscar candidatos a las elecciones locales y regionales, que debiliten el poder político de Petro, en caso de concretarse, es un paso en la dirección correcta. Ojalá cuaje y que el CD y la U se adhieran a esa iniciativa. E insisto en la necesidad de que la sociedad civil de organice para resistir la corrupción, el desorden y la carestía y para defender la decencia como bien público.