En efecto, el propio presidente, para imponer su regresiva reforma a la salud, mintió sin pudor en un tuit, poniendo las fotografías de los restos nauseabundos de lo que fueron los hospitales en Venezuela como  resultado de la reforma a la salud al estilo de Chávez y Petro, haciéndolas pasar por hospitales antioqueños; y cuando su engaño se puso en evidencia, por parte del ex ministro de salud Ruiz, borró el trino -que ya había sido visto por 25.000 personas, a las que indujo al error-, sin pedir disculpas ni dar explicaciones. Semejante engaño ha estado acompañado con otro de mayor envergadura que se repite machaconamente como les enseñó a los totalitaristas su maestro Goebbels, consistente en decir que los recursos de la salud son todos públicos. Resulta que los colombianos del régimen contributivo ponen dinero de su bolsillo para garantizar su derecho a la salud y el de una buena parte del régimen subsidiado. Es que la verdad es un antivalor para quien busca a toda costa imponer su ideología, ya desde los tiempos de Lenin, quien no tuvo empacho en decir que aquella sólo era aceptable si servía a los intereses del partido.

Pero las mentiras van acompañadas de falacias. Una, sobre el tema, consiste en decir que el derecho a la salud debe ser administrado directamente por el estado. No, los dineros recaudados por este se pueden perfectamente tercerizar en servicios que la experiencia ha demostrado que se prestan de esa manera más eficientemente, lo que genera economía en los dineros públicos y con un control mayor a la corrupción de los funcionarios que cuidan el queso, como lo demostró la historia del Instituto de Seguros Sociales.

Por otra parte, el abuso de los recursos públicos por parte de este gobierno, que hace una reforma tributaria con el argumento de redistribuir entre los pobres, es escandaloso. La vicepresidente vive una suntuosa casa en Dapa, sector cercano a Cali y se desplaza allí constantemente desde Bogotá en helicóptero de la Fuerza Aérea, el cual tiene un valor por minuto de vuelo de $700.000.

Al ser criticada por la senadora Cabal la señora Márquez le contestó: “El odio que llevas por la gente humilde es enfermizo”, y el presidente Petro añadió: “Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido”. Qué conjunto de falacias. Primera, seguramente, la vicepresidente tuvo un origen humilde, pero es que lo que hace como segunda funcionaria del estado, no tiene nada que ver con la humildad, en el sentido que ella usa esa palabra; de lo que se trata es que siendo del origen que sea, no tiene derecho a despilfarrar el dinero de los contribuyentes de esa manera, teniendo una sede en Bogotá -a la que, recordemos, le modificó el mobiliario fastuosamente- que es su lugar de trabajo. Está en su derecho de comprar o alquilar la residencia que desee donde quiera, pero debe desplazarse a ese sitio hacerlo con moderación y usando los recursos disponibles del estado para su seguridad, disponibles a lo largo y ancho del país en las guarniciones militares, departamentos de policía y los de la Unidad Nacional de Protección. Porque es probablemente una falta disciplinaria usar estos recursos en misiones no oficiales y, en todo caso, es una ofensa a los pobres de este país que dineros que, eventualmente, podrían destinarse a su servicio, se consuman en vuelos de helicópteros para el disfrute personal de la vicepresidente.

Y, contrario a lo que sostiene Petro, el reproche no tiene que ver con el color de la piel; esa es una falacia para justificar el abuso de poder, que se convierte en poder mal usado cuando se cometen este tipo de faltas. Si la vicepresidente fuese indígena, blanca, negra, mestiza, mulata o de la pigmentación que se ustedes quieran, la crítica sería válida, viniera de donde viniese. Con esa lógica, el que critique a la vicepresidente es un racista. ¿Qué tal? Ese sí que es un argumento racista. ¡Qué gobernantes!