Las declaraciones son muy graves. Por un lado, son mentirosas. La muerte premeditada y provocada de un policía o de un soldado no es un “incidente", no es un mero percance, un accidente, un contratiempo, es un homicidio. Y no un homicidio cualquiera. De acuerdo con el art. 104 del Código Penal, es una circunstancia de agravación de la pena asesinar una "persona que, siendo miembro de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento”. Las normas penales pretenden sancionar con mayor dureza el asesinato de policías y soldados porque cumplen funciones fundamentales para la sociedad.
El Ministro, que debería apoyar y defender a las Fuerzas Militares y la Policía, las desprecia. Es el mismo personaje que prohibió que se les llamara héroes, el que recortó su presupuesto en medio de una cada vez peor situación de violencia e inseguridad, el que protege a los grupos armados ilegales al impedir que se use el poder aéreo contra sus campamentos. El mismo que suspendió la erradicación forzada, el que hizo que se devolviera el glifosato que la Policía ya había comprado porque ahora tampoco se hace erradicación manual aunque estemos ahogándonos en coca. El mismo que ha frenado las operaciones de la Fuerza Pública en un 70% en el último trimestre del 2022 y en cifras seguramente peores en lo que va de este año, todo en beneficio de los mafiosos. De hecho, si se comparan febrero del 22 y el de este año, no es solo que ahora no se haga ninguna erradicación sino que las incautaciones cayeron de 24 toneladas a apenas 7 y la destrucción de laboratorios se desplomó de 127 a 45, los datos más bajos en al menos 14 meses.
El mismo que permite que los costosos Blackhawk de las Fuerzas Militares se usen para pasear a Francia Márquez y que, en cambio, se demoró tres días para permitir la evacuación del patrullero Samuel Rivera, herido en el ataque con francotirador en el “incidente” en el que los elenos asesinaron a su compañero Jaison Jiménez Charrys.
Por el otro, la afirmación de Velásquez supone implícitamente que el cese del fuego con el Eln está vigente. El mismo cese del fuego que se anunció en nochevieja, que nunca se consultó con la Fuerza Pública, que fue desmentido de inmediato por los elenos y que en realidad no se había acordado con ninguno de los grupos violentos con los que según Petro se había acordado. El mismo que el viernes Pablo Beltrán, cabeza de los elenos, negó con vehemencia que existiera.
Una entelequia de cese del fuego que, sin embargo, Velásquez defiende para menospreciar el asesinato de policías. Un cese del fuego que, según un alto jerarca de la Iglesia y un congresista de las jurisdicciones de paz, solo supone que los grupos violentos y la Fuerza Pública dejen de enfrentarse pero que no exige que esos violentos dejen de atacar a los civiles ni de delinquir. Un cese del fuego que, en realidad, solo protege a los bandidos y deja en absoluta indefensión a los civiles, no solo porque no se le exige a los criminales que dejen de atacarlos, sino porque paraliza a quienes tienen que cuidarlos.
Un cese del fuego inexistente con el Eln y gaseoso e indeterminado con otros grupos de bandidos que Velásquez defiende y usa para justificar lo injustificable. Un cese del fuego que el Fiscal, después de las ocupaciones de los municipios de Policarpa, Balboa y Yarumal por parte de los violentos y del secuestro de tres de sus funcionarios en Tarazá, en todo los casos sin respuesta alguna por parte de la Fuerza Pública, ha resaltado como injustificada excusa para que policías y soldados no cumplan con sus tareas. Un cese del fuego que generó una dura advertencia de Barbosa, en la que resaltaba que quienes no cumplieran con sus obligaciones constitucionales y legales incurrirían en prevaricato, entre otros eventuales delitos. Un aviso que, sin embargo, no se ha traducido en acción alguna de la Fiscalía frente a los responsables.
Un cese del fuego que ha dejado sin ejecutar más de 2.200 órdenes de captura en zonas rurales, entre ellas las más de 300 de asesinos de líderes sociales sobre cuyo lomo se montó Petro como bandera electoral.
