Después de 22 meses de estudio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó el trámite de la licencia ambiental para el proyecto de minería de cobre Quebradona, en Jericó, que busca desarrollar la empresa AngloGold Ashanti. La decisión, que es trascendental para el departamento de Antioquia y, por supuesto, para todo el país, ha generado una enorme polémica y gran desconcierto.
Lo primero que ha llamado la atención es que un trámite, que regularmente no debería tardar más de ocho meses, se haya demorado el doble y no propiamente para decidir de fondo. La Anla ni negó ni aprobó la licencia. Se fue por el camino de archivar el trámite, una figura que algunos consideran arbitraria y subjetiva y que no ha sido usual en la historia de esta agencia ambiental. Bueno... al menos hasta ahora. Porque en los diez años de la Anla, solo se ha vuelto costumbre el archivo en los dos últimos años: se han archivado al menos ocho trámites de licencia en proyectos mineros y de hidrocarburos. Algunos lo han interpretado como un lavado de manos para no meterse en camisa de once varas.
La orden de archivar dejó a todos con malestar, tanto a opositores como a defensores del proyecto Quebradona. Los primeros están molestos porque esperaban que la agencia ambiental negara definitivamente la licencia. Para los segundos, incluida la multinacional que todavía podría aspirar a la licencia, es un tiempo perdido, pues prácticamente tendrían que empezar de cero.
Más allá de lo que legítimamente esperaban unos y otros, hay un elemento que llama la atención en el trámite de la licencia. Se sabe que, en medio de las discusiones técnicas, unos proyectos son más polémicos que otros, lo que dificulta la decisión del licenciamiento. Pero, precisamente, para esto se creó, en la Anla, el Consejo Técnico Consultivo, que actúa como segunda instancia. Sin embargo, extraña que en el caso de Quebradona no se convocó, a pesar del interés de este proyecto.
Hay otro asunto muy delicado que está haciendo carrera en el sector minero energético. Algunos sienten que hay un sesgo ideológico en contra de estas actividades de parte de algunos funcionarios de la autoridad ambiental, quienes tienen a su cargo los estudios y la evaluación técnica. A las empresas que están a la espera de una licencia esto les hace pensar que están en clara desventaja, porque ya están frente a una predisposición de la autoridad. Si es verdad que está primando el tema ideológico o de miedo ante decisiones impopulares, en lugar de los argumentos técnicos, sería muy grave. Ese no es el papel de la Anla. Su misión es asegurar la viabilidad social y ambiental de los proyectos. En esta tarea, los proyectos pueden mejorar sustancialmente. Es claro que las empresas mineras tienen que presentar buenos estudios de impacto ambiental y pueden mejorarlos con las revisiones que hace la propia autoridad ambiental.
Ahora bien, frente al proyecto minero de Jericó, la Anla aseguró que su decisión —o, mejor, su no decisión— se fundamentó en argumentos técnicos, que fueron el resultado de la evaluación integral del Estudio de Impacto Ambiental y de las respuestas emitidas por la empresa a los requerimientos de información adicional realizados por parte de la autoridad.
Lo cierto es que, frente a la minería, hay que encontrar un justo balance, en el que todos ganen. Al licenciar un proyecto no se está favoreciendo exclusivamente a multinacionales. El país no se puede negar a explotar, eso sí, adecuadamente, los recursos naturales, que le permitirían percibir ingresos muy importantes para sostener los gastos de una Nación con tantas dificultades y problemas sociales por resolver. Es difícil encontrar fuentes de recursos en otras actividades. Sobre todo, es necesario exigir los más altos estándares de extracción. Porque lo peor que nos puede pasar es que se les prohíba sacar el oro a las empresas que lo hacen con la tecnología más moderna, con el mayor control de daños y que pagan impuestos, y se les deje el campo abierto a los ilegales para que enriquezcan sus botines y su poder criminal. Sería bueno saber qué piensan los candidatos presidenciales sobre este asunto que necesariamente les tocará atender. Lo mejor sería lograr conciliar un desarrollo sostenible.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 21 de octubre de 2021.
