Esa decisión, plasmada en el Acuerdo que el Fiscal firmó con el Presidente de la República despeja esa especie de acusación permanente sobre la falta de voluntad de nuestro país para hacer justicia a los delitos que esa entidad considera como de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Y reafirma su visión sobre la decisión de nuestro Estado, es decir de las tres ramas del poder público, en aplicar y respetar la ley con todo y las dificultades que muestran las cinco Cortes en las cuales se divide el órgano jurisdiccional colombiano para cumplir su deber.

Con toda claridad, el Fiscal de la CPI reconoce que es una justicia complementaria a la que se aplica en Colombia, pero vigilante de que aquí se cumpla con los presupuestos necesarios para que brille la Justicia y no haya impunidad en los delitos que ella conoce. Lo cual compromete en primer lugar a los jueces a observar su obligación de aplicar rápida y cumplida justicia a los hechos que están bajo su revisión, investigación y juzgamiento.

Así mismo, el Presidente de la República como representante del Estado confirma el compromiso del gobierno y del poder público que nuestro país adquirió al firmar y ratificar el acuerdo de Roma que dio origen a la CPI. Es decir, de permitir su vigilancia, de reconocer la soberanía e independencia de la rama jurisdiccional colombiana, de entregar los recursos necesarios para su funcionamiento y autonomía.

El acuerdo también se refirió al deber de respetar las jurisdicciones que se han creado para resolver los terribles conflictos que han tenido ocurrencia en Colombia. Es decir, de reconocer como válidas y de asegurar el acatamiento a las decisiones surgidas de la ley de Justicia y Paz, así como de la Justicia Especial de Paz originada en el acuerdo con las Farc y que establece la aplicación de la Justicia transicional.

El documento es el reconocimiento de que en Colombia existe un Estado de Derecho, que hay compromiso en perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que existe independencia entre los poderes públicos para investigar, juzgar y sancionar a quienes sean encontrados culpables. Por supuesto, como país democrático, puede mantener el debate político sobre ellas, sin que ello signifique desconocerlas.

Algunas organizaciones internacionales se duelen de la decisión tomada por el Fiscal de la CPI de cerrar un proceso abierto hace 17 años que no tenía futuro ni sentido. Pero para los colombianos es un alivio saber que su Estado ya no está sub júdice. Y para los jueces colombianos, se pone de presente su obligación de cumplir con su juramento de impartir recta y cumplida justicia por encima de las motivaciones políticas que parecen influir en algunos de sus magistrados.

https://www.elpais.com.co/, Cali, 31 de octubre de 2021.