Como en las peores épocas de la violencia, esos informes hablan de por lo menos 90 grupos que suman 10.000 personas armadas y vinculadas a distintas formas de criminalidad. Detrás está el narcotráfico que con doscientas mil hectáreas sembradas de coca y organizaciones internacionales que llevan más de mil toneladas de cocaína al exterior, generan una riqueza enorme que alimenta la violencia en todas sus formas.

Ese enorme negocio cuenta con la complicidad del régimen venezolano, que acoge en su territorio a los jefes de las disidencias de las antiguas Farc, a los cabecillas del Eln y a no pocos narcotraficantes que pagan la protección a sus fechorías. Pero también están la minería ilegal, el contrabando y la explotación de innumerables formas de delitos, mientras la respuesta en Colombia se concentra cada vez más en la Fuerza Pública, ante la debilidad del Estado y la falta de iniciativas que estimulen las economías legales y el trabajo como la verdadera forma de ejercer la soberanía en todo el territorio nacional.

Esa situación contrasta con la energía que se derrocha en los debates eternos sobre los acuerdos con las Farc, el incumplimiento y las limitaciones que pretenden implantarse a la acción de las autoridades para combatir el delito. Es como si la política, en especial las campañas electorales, fueran la única realidad que enfrentan millones de colombianos en las provincias azotadas por esa violencia persistente que ataca en el Pacífico, que afecta los más de dos mil kilómetros de la frontera con Venezuela y se traslada a ciudades como Cali o revive las estructuras armadas en las montañas del Valle del Cauca.

Sin duda, es un panorama sombrío que reclama la reflexión de la dirigencia nacional. Colombia no puede seguir pensando que el acuerdo firmado hace algunos años sea la llegada de la paz, mientras millones de colombianos padecen la amenaza de esos grupos armados y la Fuerza Pública es de nuevo objetivo de quienes pretenden deslegitimar sus acciones en defensa de la nación, o limitar sus facultades para enfrentar la delincuencia encabezada por el narcotráfico.

Nuestra nación no puede regresar al pasado de la violencia y el terrorismo en el cual la respuesta única es la acción militar. Tampoco puede seguir en el debate electoral donde la paz se utiliza como herramienta partidista, y es notoria la falta de decisiones para recuperar la credibilidad y la presencia del Estado en todo el territorio nacional.

Esas diez mil personas y los noventa grupos de violencia que operan en Colombia, son la demostración de que algo muy grave ocurre en las regiones y requiere respuestas. En la esencia de la democracia está la de ofrecer seguridad, tranquilidad y progreso a todos los ciudadanos sin distingo alguno.

https://www.elpais.com.co/, Cali, 10 de octubre de 2021.