El embeleco, mal resuelto, de la paz total y la falta de estrategia contra los grupos criminales tiene al país en un estado complejo de inseguridad. Y la situación de violencia en Antioquia no solo no es la excepción sino que es un caso de profunda preocupación. Aunque en 2023 se registró la tasa de homicidios más baja en cinco décadas, lo que significaría una aparente mejora en la seguridad, esta cifra esconde una realidad alarmante: la consolidación de grupos armados ilegales en el departamento.

Grupos organizados que están explotando a sus anchas las rentas criminales. La extorsión muestra aumentos alarmantes según el último informe de la Policía Nacional. En el occidente del Antioquia, los casos de extorsión han crecido en un 185%. En Urabá y el Suroeste los aumentos han sido del 48% y 42%, respectivamente, mientras que en el Oriente los casos de extorsión se han incrementado en un 50%.

Los grupos armados ilegales se expanden como pedro por su casa. Según un informe reciente de Antioquia Cómo Vamos, el Clan del Golfo, el grupo con mayor presencia en el departamento, opera en el 53% de los municipios, mientras que el ELN controla el 26% y las disidencias de las FARC, conocidas como el Estado Mayor Central, se encuentran en el 15%. Las regiones del Bajo Cauca, Urabá y el Nordeste son las más afectadas, ya que en ellas estos grupos se disputan el dominio de territorios estratégicos para actividades ilícitas, principalmente la minería ilegal y el narcotráfico.

Basta sobrevolar el departamento hacia la costa caribe para observar cómo el río Nechí y sus alrededores han sido arrasados por la extracción indiscriminada de oro, transformando el paisaje en un escenario desolador de destrucción y contaminación. O coger carretera para el norte otrora lechero y ver cómo hay dragas y fosas profundas en la ruta al Páramo de Santa Inés, en Belmira.

La solución a la crisis de seguridad en Antioquia requiere de una presencia estatal integral y sostenida en el tiempo. Las fuerzas de seguridad deben contar con los recursos necesarios para enfrentar a estos grupos armados. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro no solo no ha brillado por hacer rendir los recursos sino que ha sido particularmente tacaño con Antioquia. Los recursos con los que cuenta el departamento para luchar contra los grupos ilegales no es alentador.

La falta de personal en las fuerzas de seguridad de Antioquia es uno de los obstáculos más críticos para enfrentar la expansión de los grupos armados ilegales. En los últimos 15 años, el número de policías en el departamento se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando de 9.000 uniformados en 2009 a menos de 5.000 en la actualidad, siendo las más afectadas las regiones rurales y apartadas, donde la escasez de pie de fuerza y de policía se traduce en estaciones policiales deterioradas y decadentes.

Además de la falta de personal, Antioquia enfrenta un déficit en infraestructura y tecnología que limita la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Mientras Medellín ha avanzado en la implementación de redes de cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo, muchos municipios vecinos aún carecen de herramientas básicas para rastrear actividades delictivas.

La estrechez fiscal del departamento de Antioquia añade una dificultad más para enfrentar la inseguridad y la expansión de grupos armados ilegales. A pesar de tener bajo su responsabilidad una población de 7 millones de habitantes, la Gobernación cuenta con un presupuesto que no solo es la mitad con el que cuenta la Alcaldía de Medellín, sino que lo tiene prácticamente comprometido en salud y educación, resultado de una promesa incumplida de descentralización fiscal desde la Constitución de 1991: el gobernador cuenta con menos recursos para inversión libre que cuando era alcalde de Rionegro, un municipio de apenas 200 mil habitantes.

Ante este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón dice “yo no me puedo quedar de brazos cruzados”, por ello ha planteado la creación de una tasa de seguridad, que se cobraría a través de la factura de los servicios públicos y que pretende recaudar $1,2 billones entre 2025 y 2027.

Suena a mucho pero para estratos 4 quedaría a menos de 20.000 pesos al mes. Estos recursos estarían destinados a fortalecer el equipamiento policial, modernizar el sistema de cámaras de vigilancia y mejorar las instalaciones de seguridad en todo el departamento.

No hay que subestimar el efecto que puede tener este tipo de inversión en infraestructura para la seguridad: el solo tener una red de cámaras de alta definición a lo largo de las carreteras puede hacer la diferencia. O que los uniformados puedan tener cómo movilizarse, porque hoy estamos ante la crítica situación de que por falta de gasolina no pueden mover ni las motos. La fuerza pública ha llegado a un punto crítico.

A nadie le gusta pagar más impuestos; sin embargo, dada la situación de seguridad y los objetivos de la tasa de seguridad propuesta, resulta necesario que la Asamblea Departamental la analice de forma rigurosa. Es importante reconocer la audacia de la Gobernación de Antioquia, que, en lugar de permanecer inactiva ante los problemas de seguridad y la falta de recursos, ha decidido proponer soluciones para enfrentarlos. Si se determina que la propuesta del gobernador tiene una destinación adecuada y que el impacto en las finanzas de las personas y el departamento no es excesivo, lo ideal sería que la Asamblea le brinde la oportunidad de aprobar la tasa y ejecutar el plan para combatir la criminalidad.

15 de noviembre de 2024