Según un resumen de Semana publicado el pasado 7 de agosto, en el que hace un balance del primer año de este gobierno, hubo 41 masacres en el 2022 y ya van 48 en 2023; el secuestro ha regresado de la manera más espantosa: 77 en 2022 y 161 en lo corrido de este año
La narcotización del país, por su parte, dice el informe, crece desbordada: el gobierno renunció a la erradicación y dijo que se concentraría en el decomiso. Esto significó que en el 2022 se destruyeron 40.000 hectáreas de plantas de coca y en el 2023 apenas van 6130. El aumento de siembras será astronómico, aunque no podremos saber con certeza su crecimiento aproximado porque Estados Unidos renunció a medir este indicador crucial y solo nos queda la menos confiable de la ONU; y, contrario a lo prometido, la incautación no ha aumentado, sino disminuido: pasamos de 362 toneladas en el 2022 a 317 hasta la fecha. Todo un fracaso. La voladura de la infraestructura energética, por su parte, pasó de 18 episodios el año pasado, a 28 en lo corrido de 2023. Y la ciudadanía, por si fuera poco, está en manos de las bandas delincuenciales. Se han registrado 6000 homicidios y un crecimiento desmesurado en robos de celulares, motos, autos y residencias.
Ese es el precio pagado, hasta ahora, por el proceso de la paz total. A cambio, el país ha recibido un cese el fuego con el ELN en el que sus dirigentes dijeron que no entregarán las armas y que seguirán financiándose, es decir, secuestrando y extorsionado a los civiles. De hecho, han amenazado de muerte al Fiscal General de la nación, a la senadora María Fernanda Cabal, ¡esposa de uno de los negociadores del gobierno con ese grupo armado!, y al general (r) Zapateiro, excomandante del Ejército nacional. Las dos disidencias, por su lado, siguen con sus tropelías, e igual que el grupo anterior, amenazan con continuar su actividad delictiva una vez lleguen al “cese al fuego”. El Clan del Golfo, con presencia en unos 400 municipios y con 9.000 hombres y mujeres armados, sigue delinquiendo de acuerdo con los datos del artículo citado.
El imperio del narcotráfico es intocable: cuando el Fiscal alertó al país y al gobierno que el ELN está preparando un atentado en su contra, el alto comisionado Rueda no tuvo empacho en decir que semejante denuncia no es más que un saboteo al proceso de paz. Con esa visión, lo que podría ocurrir en Colombia es una serie de atentados con la complicidad del actual gobierno; en principio, contra objetivos políticos e institucionales de alto valor, candidatos a las elecciones regionales y locales y periodistas y analistas que informen o denuncien lo que está pasando en el país. Porque la concepción de Petro es que nada ni nadie puede oponerse a ese proceso continuo y creciente de empoderamiento de los grupos criminales de narcotraficantes, que avanzan en su estrategia de control territorial y político con milicias a las que llaman guardias, mientras, simultáneamente, debilita a las fuerzas armadas y de policía y se prepara para poner bajo su servicio a 100.000 milicianos bajo el nombre de gestores de paz, a los que, dijo, pagará para que no roben, aunque de lo que se trata es que contratará con el dinero de todos, su ejército privado. Es la sustitución del estado de derecho. La balcanización de hecho del país. Seremos un estado fallido, si las cosas le salen bien al gobierno y sus aliados.
Ahora bien, la política petrista desde la perspectiva internacional podría ser eventualmente preocupante: la narcotización del Ecuador ya produjo su primera víctima, el candidato de centro Fernando Villavicencio, quien venía denunciando ese fenómeno en su país y los vínculos que tiene con miembros del gobierno colombiano y el Pacto Histórico, como el ahora caído en desgracia Nicolás Petro, y la senadora Piedad Córdoba. Si la frontera sur llegase a perderse para la democracia con el triunfo en estas presidenciales y consolidación de la izquierda ecuatoriana del Foro de Sao Paulo; y si nosotros dilapidáramos la oportunidad de ganar las elecciones regionales y locales y no aprovecháramos la actual coyuntura para debilitar aún más este gobierno que se consume él mismo en un acto de autofagia política; si esas dos condiciones se cumplieran, digo, la alianza Venezuela, Colombia y Ecuador nos dejaría en el peor de los mundos posibles. Porque esa gente no dudaría en integrarse en busca de lo que yo llamaría una especie de Gran Colombia, no como la soñó Bolívar, sino como nuestra pesadilla, en manos de criminales.
Cito ese posible escenario, aunque creo que tiene pocas probabilidades de que se dé, porque el crimen del señor Villavicencio fortalecerá su tendencia política de defensa del estado de derecho ecuatoriano y de denuncia del narcotráfico y otras formas de corrupción en su país; y debilitará al correísmo, cuyo líder, Rafael Correa, es conocido de todos, amenazó a Villavicencio diciendo que el periodista era un cobarde al que se le acabaría la fiesta y que su venganza personal sería contundente (https://okdiario.com/actualidad/asi-amenazo-profugo-ex-presidente-socialista-ecuador-rafael-correa-fernando-villavicencio-11391813. Pero también, y sobre todo, porque el futuro político de Petro en la presidencia es obscuro por la investigación que efectúa la Fiscalía por el manejo de dineros en su campaña, a raíz de las confesiones de su hijo Nicolás y las declaraciones de su embajador Benedetti, que está investigando el ente acusador y que podría llevarlo a salir del cargo o a tener un mandato muy precario hasta que se le venza su período. Y porque la opinión pública está masivamente en su contra y en las elecciones de octubre ganará holgadamente la oposición. Y porque la independencia de poderes se está fortaleciendo, como lo demuestra la sentencia de la Corte Constitucional sobre las sanciones de la Procuraduría, sentencia que le puso los puntos sobre las íes al presidente.
No obstante, ese panorama optimista, no hay que bajar la guardia porque Petro intentará de todas las maneras posibles mantenerse en el poder y materializar su plataforma política. De los ciudadanos y de las instituciones democráticas depende que eso no ocurra.
