Controlando la Fiscalía podrá entonces dar rienda suelta a sus delirantes iniciativas sobre reducción de la delincuencia premiándola de distintas maneras, bien dejando de perseguir a la tristemente célebre Primera Línea que desató el caos hace dos años en procura del derrocamiento del presidente Duque, ya pagándoles a los fronterizas del delito millonarias mesadas dizque para no delinquir, ora dejando de perseguir a los cultivadores de coca y marihuana, etc.

Las comunidades presencian hoy atónitas la demolición de la autoridad en todos los órdenes y el consiguiente auge de la delincuencia, que suscita en ellas una angustiosa sensación de inseguridad. Ya nadie está seguro de que sus derechos más elementales estén amparados por un gobierno que más se ocupa de pactar con delincuentes de todo pelambre que de proteger a sus víctimas.

Las encuestas muestran que la gran mayoría de la población se siente insegura (Vid. Creció la percepción de inseguridad en Colombia: estas son las ciudades donde la gente se siente más amenazada - Infobae). Hoy mismo denuncia El Colombiano que los secuestros han aumentado en un 39% en los 6 primeros meses del año en curso. Vid. Secuestros aumentan 39% en el país: 32 casos en los 6 primeros meses del año (elcolombiano.com).

Ya es de Perogrullo afirmar que Colombia naufraga en un mar de coca y no es osado agregar que ello sucede bajo la mirada un sí es no es condescendiente del gobierno.

Alfonso Monsalve Solórzano y José Alvear Sanín han llamado la atención en varias oportunidades acerca del siniestro plan de supuesta paz con el ELN que se llevaría a cabo a través de asambleas dizque populares llamadas a adoptar decisiones vinculantes, llevándose de calle las atribuciones de la ciudadanía, de los partidos y de los cuerpos colegiados de elección popular, es decir, promoviendo un proceso constituyente del todo violatorio de la Constitución y llamado a entronizar a una secta criminal que ha generado daños inenarrables.

Si la ciudadanía no reacciona a tiempo y con vigor, lo que le espera es nada menos que la sustitución de la autoridad legítima surgida de los procesos electorales, por una espuria nacida de los acuerdos de este mal gobierno con los facciosos.

Lo que ya es de dominio público sobre los oscuros enredos de la financiación de la campaña electoral que derivó en el triunfo de quien hoy nos desgobierna está en manos de la Fiscalía, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. No pocos observadores se muestran escépticos sobre los resultados de las acciones que deben realizarse ante esas instancias. Se cree que el ímpetu corruptor del gobierno podría enervarlas. Si ello aconteciere, la institucionalidad que tantos encomian estaría perdida.

No es un buen antecedente lo ocurrido por la inaplicación de lo dispuesto por los artículos 179-1 y 197 de la Constitución Política en torno de la inhabilidad de quien hoy nos desgobierna para ser elegido congresista y después presidente, por haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuando hace varios años alguien intentó hacer efectiva esta inhabilidad se encontró con que el fallo condenatorio había desaparecido del expediente y no se pudo aportar copia auténtica del mismo. ¡Se evaporó por arte de birlibirloque!

No deja uno de pensar en que poner la Fiscalía a merced de semejante sujeto equivale a dejar el queso al cuidado de los ratones.