Cada día se reducen de manera crítica las condiciones de gobernabilidad del presidente Petro. Y la responsabilidad de esta crisis es exclusivamente suya, aunque, según su inveterada costumbre y su soberbio temperamento, siempre esté buscando culpables en otra parte: ahora señala a los medios de comunicación y a lo que él llama “el capital”. Pero hay tres grandes causas de su cada vez más precaria gobernabilidad: la autodestrucción de su coalición política, los escándalos sobre dineros de oscura procedencia y una administración que no arranca.
La consecuencia de esta calamitosa situación es su caída libre en las encuestas de opinión que ya muestran que dos de cada tres colombianos no aprueban su gestión, lo cual se refleja en las cada vez más concurridas manifestaciones populares en la calle que rechazan su gobierno. Petro ha insistido tercamente en unas reformas sociales totalmente impopulares porque son nefastas para la salud, el empleo y el ahorro de los colombianos. Y calculó mal al pensar que podía insistir en sus reformas estatizantes y retrógradas apoyándose en la movilización masiva de sus huestes en las calles y por eso sacrificó sus alianzas políticas en el Congreso.
Echados a sombrerazos de la coalición de gobierno por el propio Petro, varios partidos se declararon independientes y le están negando el apoyo a sus reformas en el Congreso. Pero la calle no le respondió y las movilizaciones oficiales son famélicas, no movilizan espontáneamente a nadie, solo asisten empleados públicos, unos cuantos sindicalistas y muchachos de colegios públicos con uniforme. El Gobierno perdió la calle.
En contraste, el repudio al Gobierno ganó la calle. Estas manifestaciones son espontáneas y masivas, no están organizadas por ningún partido ni por ningún sector de la oposición en particular, y son absolutamente pacíficas. Por eso, la Policía no ha tenido que intervenir para impedir o controlar disturbios. Al contrario de las movilizaciones petristas contra el gobierno de Duque en las que la denominada primera línea organizaba, dirigía y expandía la violencia financiada con dineros oscuros, y por eso la Policía tenía que intervenir.
Pero tanto la caída en las encuestas como el aumento de las movilizaciones antigubernamentales no solo han sido motivadas por el rechazo a reformas impopulares y dañinas; también expresan un repudio contra los sucesivos y cada vez más graves escándalos en que se han visto comprometidos personajes del alto gobierno. Escándalos que ponen en duda el cumplimiento de las reglas democráticas tanto en el acceso como en el ejercicio del poder.
La acusación contra el hijo de Petro de haberse apropiado de recursos de oscuro origen destinados a la campaña presidencial obviamente genera sospechas sobre la eventual existencia de otras donaciones ilícitas que probablemente sí entraron a la campaña. Si esto se comprueba, la elección sería espuria, ilegítima, y habría una debacle política sin precedentes en el país. El caso de la ‘niñeragate’ reviste igual gravedad, pues su verdadero fondo es el intento de ocultamiento de grandes sumas de dinero de origen oscuro que se estarían moviendo en el primer círculo presidencial. El suicidio del coronel de la Policía vinculado a la protección del Presidente genera la sospecha de que algo muy grave sabía y temía las consecuencias de saber demasiado.
A todo lo anterior se suma una administración que no arranca. Sus niveles de ejecución presupuestal son lamentables, no hay victorias tempranas de ejecución de acciones u obras en prácticamente ningún campo, y la gente se pregunta acerca de la coherencia de un gobierno alcabalero obsesionado con subir impuestos y que al mismo tiempo sufre de una mediocre capacidad de gestión y ejecución. Esta mezcla de mediocridad administrativa y graves escándalos hace recordar el comentario de alguien acerca del gobierno de Putin, según el cual el 90 por ciento de su personal no sirve para nada, y el otro 10 por ciento está dispuesto a todo.
De cara al próximo futuro, las cosas no pintan bien para el Gobierno. Las elecciones de octubre paralizarán el Congreso y sus reformas se verán embolatadas, pero, lo que es peor, es que su eventual derrota y la de sus aliados en Bogotá, Medellín, Cali y en el resto del país disminuirá aún más sus apoyos políticos y de opinión, y hará su gobernabilidad todavía más difícil. Esto para no hablar de una evolución comprometedora de los escándalos que pudiera llegar a tocar la figura presidencial.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 23 de abril de 2023.
