Si Petro intriga contra ellos es porque quiere alejar de sí y trasladar a otros esa misma acusación. Desde el colapso de su coalición con otros partidos, Petro muestra sus ambiciones: poderes adicionales, prensa sumisa, derrumbe de las Fuerzas Armadas, auge de narco-milicias, despilfarro clientelista del presupuesto de salud, desorganización del sector petrolero, etc. Habló hasta de gobernar durante ocho años. Petro reanudó sus ataques, acusó a la reserva activa y dentro de poco pedirá a la JEP que enrede a los líderes de la oposición en procesos de hostigamiento para amordazarlos y destruirlos.
Sin embargo, el país está en alerta. Muchos ciudadanos entendieron que si no hay una respuesta enérgica a tales abusos, Petro llegará hasta a prohibir que pensemos y discutamos todo lo que tiene que ver con la protección de la Constitución. Discrepar del gobierno comienza a ser mostrado por éste como incitar a un golpe de Estado. Sabemos que discutir al respecto no es un delito, sino que es, por el contrario, un derecho y un deber si sentimos que el Estado social de derecho está siendo desmontado desde dentro. Todo colombiano tiene derecho a pensar y a discutir esos temas, y a movilizarse para protegerse de una tiranía en formación.
La ofensiva de Petro contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, el llamado a sus partidarios a tomarse las calles para que los apetitos del gobierno puedan ir más lejos, indica que el poder actual está más del lado de una estructuración autoritaria que de un régimen que respeta la separación de poderes. Petro llegó a la presidencia creyendo que era el dueño del país, de la salud de los colombianos, de los recaudos fiscales, de las pensiones de jubilación, de la tierra y de la riqueza nacional (que quiere desplazar masivamente hacia Venezuela). Creyó que está llamado a regentarlo todo y poner todo el Estado y toda la sociedad a su servicio. Y que podía insultar a las reservas de las fuerzas armadas por haber éstas llenado la Plaza de Bolívar para lavar la afrenta cometida días antes por una estrafalaria fuerza paramilitar respaldada por el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
Cuando Petro gesticuló que él era el jefe del fiscal general, que éste debía cumplir sus órdenes, nos estaba diciendo que en Colombia el jefe de Estado es el jefe de todo el Estado. Tal es la esencia de su furioso reclamo al fiscal Francisco Barbosa. Por fortuna, a Petro le dijeron no, usted no puede imponer ese esquema. El fiscal general se mostró firme y fue el primero en rechazar semejante tesis. El presidente de la CSJ secundó a Barbosa. Y, en seguida, los presidentes de las altas cortes, reunidos con Petro, reiteraron la urgencia de garantizar la separación de poderes y el trabajo armónico entre las ramas del poder público (1).
La frase rotunda de Petro sobre la Fiscalía es la base “legal” del gobierno despótico. Es la base de los sistemas totalitarios. Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Kim Il-sung, Castro y Chávez fueron jefes de Estado que eran jefes de todo el Estado. Ortega y Maduro lo son. No permitiremos que Petro lo sea.
“La mejor Constitución, escribió Isaiah Berlin, es aquella que se presenta como un mosaico complejo de poderes y contrapoderes”.
Si el fiscal y la CSJ no hubieran frenado esa deriva, el primer paso del golpe de Estado se habría consumado, sin ruido, de la manera más solapada. Colombia guardará en su memoria, con admiración, los nombres de los hombres y mujeres que rechazaron esa ruptura constitucional. Y recordará a los manifestantes del 10 de mayo que le mostraron a Petro que su intención hegemonista no paralizará al pueblo, y recordará a la prensa que rechazó las “llamada de arriba” para que no informaran sobre los objetivos reales de los reservistas en la Plaza de Bolívar.
Montesquieu escribió: “El gobierno despótico tiene como principio el miedo, pues los pueblos tímidos, ignorantes, abatidos, no necesitan muchas leyes”. Colombia no es un pueblo derrotado. Aún menos timorato. Petro tendrá que saberlo algún día.
Al presidente Petro no le gusta que le recuerden la suerte de Pedro Castillo del Perú, que él defiende cada vez que puede. Sin embargo, el caso Castillo deja sustanciales lecciones para quienes luchan por la civilización contra el avance totalitario en el continente. Hay que estudiar el caso Castillo para saber qué hacer en el momento preciso. Pues cuando estalla la crisis creada por los abusos del déspota socialista, y la democracia es burlada, el país debe interrumpir ese proceso.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo resolvió cerrar el Congreso y decretar un “gobierno de excepción” para “reorganizar” el sistema judicial y el alto mando militar. La movida de Castillo, que recordó el golpe de Fujimori del 5 de abril de 1992, fue rechazada por todas las fuerzas políticas. El Tribunal Constitucional pidió a las Fuerzas Armadas “restablecer el orden” y los peruanos se lanzaron a las calles. El expresidente Ollanta Humala dijo: “Las Fuerzas Armadas le deben honor y lealtad a la patria y no a un dictador”. Castillo corrió hacia la embajada de México, pero no logró llegar hasta allí. Tres horas después, Castillo fue arrestado por la policía. Así terminó un mandato caótico de año y medio instaurado gracias a unas elecciones anómalas. Hoy podría ser condenado a 32 años de cárcel. Está acusado, entre otros cargos, de haber organizado un grupo de contrainteligencia para atentar contra funcionarios de la Fiscalía y de la Policía que lo investigaban (2).
El presidente Petro insulta a los manifestantes del 10 de mayo. Los define como cobardes, golpistas, corruptos, violentos y genocidas. El 11 de mayo escribió: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado? Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”.
¿Como un mandatario, en esas condiciones, puede aspirar a simbolizar “la unidad nacional”? ¿Cómo los colombianos podrán discutir en ese clima de intimidación el tema de la separación de poderes y las ideas más avanzadas sobre eso, como las de Popper sobre el liberalismo político estimulado por la razón crítica, o las de Rawls sobre el liberalismo político moderado por la justicia, o las de Walzer sobre el arte de la separación de poderes y de los estratos de la constelación social, o las de Habermas sobre la democracia deliberativa, o las de Arendt sobre la dominación totalitaria?
Si Petro no renuncia a su idea de que el jefe de Estado es el jefe de todo el Estado, entonces toda reflexión individual, pública o privada, académica o sindical, sobre esas materias será presentada como una horrible conspiración contra su régimen digna de ser reprimida no se sabe cómo.
(1).- En marzo de 2023, la Corte Constitucional decidió que podrá suspender leyes de manera preventiva, cuando sea necesario, mientras se estudian las demandas contra tales leyes. Es un paso correcto hacia un mejor equilibrio entre los poderes públicos.