En lugar de defender los intereses jurídicos de Colombia, el director Palomino, nombrado en julio pasado, hace lo contrario: contribuir a la estigmatización y condena del Estado colombiano. Es el mundo al revés. Es el mundo de la administración de Gustavo Petro: todo contra Colombia, dentro y fuera de sus fronteras.

El director de la ADJE es el mismo que en 2013, en calidad de magistrado del Consejo de Estado y apelando a nociones antojadizas sobre el servicio público “potencial” y “por extensión” y sobre la “finalidad de los actos administrativos” (2), anuló la sanción impuesta por el Procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, a Gustavo Petro cuando éste se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, por haber dejado inundar de basuras la capital en diciembre de 2012. Esa proeza jurídica relanzó la imagen política de Gustavo Petro.

Pizarro no fue asesinado por el Estado colombiano

Tal “reconocimiento” es arbitrario y un día será anulado. Fue un acto más de memoricidio y de agresión a la Historia. Carlos Pizarro no fue “ejecutado” por el Estado colombiano. No fue asesinado por órdenes del Estado colombiano, ni por la acción de un agente del Estado colombiano.

La orden de suprimir a Carlos Pizarro fue tomada por la jefatura de una milicia privada criminal dirigida por Carlos y Fidel Castaño Gil, jefes y fundadores de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El primero admitió que había ordenado ese asesinato.  Los dos jefes paramilitares fueron condenados en 2002 por el asesinato de Pizarro. Hasta el día de hoy no hay prueba irrefutable de que el Estado colombiano haya intervenido en ese atentado. Pizarro gozaba de libertad al momento de ser atacado, gracias a la decisión del presidente Virgilio Barco Vargas, luego de la firma, el 9 de marzo, de un acuerdo de paz con el M-19. La víspera, en el pueblito de Santo Domingo, dos jefes de esa organización, Antonio Navarro Wolf y Carlos Pizarro, orientaron un acto de destrucción de fusiles de su guerrilla, en un acto público con gente de la Internacional Socialista.

Este 12 de noviembre, horas después del acto de dos horas de la CIDH, el gobierno de Gustavo Petro reveló que los 18 jefes paramilitares más tenebrosos del país, culpables de más de 205.000 homicidios, 63.000 víctimas de desaparición forzada y 9.500 secuestros, fueron tonsurados por él como “gestores de paz”. ¿Por eso el asesinato de Pizarro debía ser retirado a ellos y atribuido a las autoridades de Colombia?

La justificación que encontró César Palomino Cortés para su acto en Washington es frágil. Dijo: “Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado”.

¿Probado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Cuáles son los nombres de esos “agentes del Estado”? En derecho penal la prueba no puede ser substituida por una convicción personal, ni por una conjetura, ni por una opinión.  Afirmar no es probar. Acusar no es probar. El doctor Palomino lo sabe muy bien. Comprometer al Estado colombiano en ese crimen sin aportar la prueba irrefutable de una participación directa o indirecta del Estado es inadmisible.

Un expediente vacío

El ex jefe del movimiento terrorista M-19, autor intelectual del secuestro del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, entre otros actos terribles, fue ultimado a tiros por un joven sicario el 26 de abril de 1990 a bordo de una nave de Avianca que volaba de Bogotá a Barranquilla. El sicario Gerardo Gutiérrez Maya perdió la vida segundos después. Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Pizarro y agente del DAS (1), disparó contra el agresor para proteger su vida y la de los otros pasajeros. El M-19 inventó años después el rumor de que el escolta había disparado “para silenciar al sicario”. Jaime Gómez fue acusado y el 27 de septiembre de 2023 fue condenado en primera instancia. Pero él interpuso un recurso de apelación y el Tribunal Superior de Bogotá no ha confirmado la pena. No hay, pues, cosa juzgada. ¿Esa es la “prueba” que el exmagistrado César Palomino cree tener de la participación del Estado colombiano en ese atentado?

Carlos Pizarro fue el cuarto candidato presidencial asesinado en ese periodo por el Cartel de Medellín y los llamados “extraditables” quienes sembraban en ese momento el terror y el caos para doblegar al Estado. Los familiares de Pizarro suelen dejar en el tintero el rol del narcotráfico y de las AUC en todo esto. Centran su acusación contra “el Estado”, “la oligarquía”, y hasta “los partidos políticos”, en la preparación del atentado, como dijo ante la CIDH Laura García, ex compañera de Carlos Pizarro.

Laura García, en la audiencia de la CIDH, enredó los hechos: el acto del sicario lo trasladó al escolta y viceversa, todo para demostrar que los dos escoltas del DAS habían participado en el homicidio pues no descubrieron que a bordo había una ametralladora.  Admitió que en el avión también iban escoltas del M-19. Pero a ellos no los acusó de haber contribuido al asesinato por negligencia pues no descubrieron el arma del sicario. ¿Dos pesos, dos medidas?

“A mi padre lo mató la paz”

Sin dudar un segundo sobre la gran desdicha que tuvo que vivir María José Pizarro Rodríguez como huérfana y niña exiliada en Cuba, España y Francia, hay que anotar que la hoy senadora intenta mostrar que ella, su familia y el M-19 son víctimas del Estado colombiano, pues éste les negó a todos “el derecho a la paz”. Por esa razón pidió en la reunión de la CIDH una “reparación integral” para ellos, antes de lanzar esta frase enigmática: “A mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz”.

El Estado colombiano no invitó ni obligó a Carlos Pizarro a irse al monte con Jaime Bateman y sus cómplices a matar colombianos. El absurdo que trata de construir María José Pizarro es que las personas asesinadas, secuestradas, mutiladas y destruidas moral y psicológicamente por los actos violentos de las Farc y del M-19 no son víctimas ni merecen ser reparadas y que, por otra parte, cada baja o herida ocasionada en combate a guerrilleros por la fuerza pública es un “crimen de Estado”. Paralelamente, pretende que los actos de los paramilitares contra las guerrillas comunistas son “crímenes de Estado”. Ese embuste inventado por cuadros de las Farc pretende invertir la historia de la agresión armada de más de 50 años contra la democracia colombiana.

La senadora Pizarro quiere imponer una imagen idílica de su padre: la de un “líder de oposición”, un “candidato presidencial” y una especie de santo laico. Ella evita toda discusión que tenga que ver con la cadena de salvajadas que él cometió, primero como guerrillero de las Farc y, desde 1973, como miembro y jefe del M-19. Pizarro fue, por ejemplo, quien ordenó la sangrienta invasión del Palacio de Justicia de Bogotá del 6 de noviembre de 1985, tras aprobar un pacto con el jefe narco Pablo Escobar. El M-19 mató en ese asalto a 40 magistrados, funcionarios judiciales y empleados; mató a 11 miembros de la fuerza pública e hirió a 22 más; hirió a otros 22 magistrados, empleados y particulares; convirtió en rehenes a 214 personas que fueron liberadas por el Ejército. Ni la senadora ni sus abogados tuvieron una sola palabra de compasión por esas víctimas en la audiencia de la CIDH. Tampoco la tuvieron los funcionarios de la CIDH. Para ellos las únicas “víctimas” fueron los 30 terroristas abatidos en esos dos días de combate.

Al acusar al Estado colombiano María José Pizarro eclipsa otro hecho: desde enero de 1990, las Farc habían amenazado al desertor Carlos Pizarro por “fraccionar el proceso de paz” cuando él propuso al M-19 “abandonar totalmente la lucha armada”, sin consultar previamente ni con Cuba ni con Tirofijo.

Buscando la quinta pata del gato

En su intervención ante la CIDH el director César Palomino enumeró una serie de gestos que revelan que la Fiscal Luz Adriana Camargo emprendió una frenética carrera para tratar de encontrar de alguna manera el eslabón perdido: la prueba de que el gobierno de Virgilio Barco mandó matar a Carlos Pizarro.  

Por ejemplo, según el doctor Palomino, la Fiscalía quiere ocuparse de Flavio Trujillo Valenzuela por haber ocupado, hace 34 años, el cargo de jefe de corporaciones públicas del DAS. La Fiscalía lo acusa de haber tenido “relación con los movimientos de personal de escoltas”. El 18 de septiembre de 2024, la Fiscalía abrió una investigación contra Miguel Antonio González Hernández por haber sido jefe de la dirección de protección del DAS. Lo acusa de ser “coautor impropio” del asesinato de Pizarro. El 25 de noviembre de 2024, un contratista de Avianca, Ernesto Sunari Salcedo, será “indagado”. La Fiscalía lo acusa de haber ocultado, hace 34 años, en un baño del avión de Avianca, “el arma homicida”. Todos niegan esos cargos.

Luz Adriana Camargo quiere empapelar al general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, condenado en 2016 a 30 años de prisión por haber reducido el número de escoltas del candidato Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989 por jefes del narcotráfico. Esta vez la Fiscalía conjetura que Maza Márquez es “coautor” del caso de Carlos Pizarro.

Esa enardecida búsqueda puede llevar de nuevo al colapso de la Fiscalía. En una época no lejana, fiscales politizados aceptaron como genuinas pruebas falsas, admitieron falsos testimonios, inventaron audiencias, pisotearon el derecho de defensa, para llevar a la cárcel, durante años, a ciudadanos inocentes.  ¿Estamos ante una dinámica infernal de nuevo?

En la reunión del 11 de noviembre en Washington el Estado colombiano no fue defendido. La palabra fue monopolizada por la familia Pizarro y los miembros del Cajar (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo). El doctor Palomino dijo allí que, en vista del reconocimiento de la responsabilidad del Estado, él era favorable a llegar a una solución amistosa. El bando de María José Pizarro descartó esa conciliación. Ellos quieren un “informe de fondo” y una condena formidable de la CIDH que le podría costar billones de dólares a Colombia (3).

Quien debería reparar los daños hechos a María José Pizarro y su familia, y a las familias de los exguerrilleros marxistas, y sobre todo a las decenas de miles de víctimas de la delincuencia guerrillera, es la dictadura cubana, instrumento de la extinguida URSS. Esas dictaduras crearon las fuerzas anticapitalistas, legales y clandestinas, que lanzaron a la muerte a decenas de miles de colombianos que creían poder edificar un paraíso socialista. La defensa de la libertad en Colombia jamás podrá ser travestida en “crimen de Estado”.

(1).- El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto por el gobierno de Juan Manuel Santos en octubre de 2011.

(2).- https://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2018/03/11001032500020140036000.pdf

(3).- Ver el final del video: https://www.elespectador.com/judicial/en-vivo-colombia-reconoce-su-responsabilidad-como-estado-en-el-asesinato-de-carlos-pizarro/