No entiendo por qué RSF en ese documento sugiere que el presidente de la República Gustavo Petro está haciendo “esfuerzos para proteger” a los periodistas. 

Ustedes dicen que "la respuesta pública del presidente [ante las amenazas que reciben los periodistas colombianos] es un avance positivo". Reiteran que "el presidente Gustavo Petro ha recibido directamente los casos más urgentes y ha solicitado públicamente que estos periodistas [amenazados de muerte] sean puestos bajo protección estatal". El informe señala que "el presidente Petro se comprometió con RSF y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a crear un canal de alerta directo para abordar casos críticos de violencia contra periodistas".

El balance que RSF hace del grave asunto de las amenazas contra los periodistas en Colombia no refleja la realidad.

Estoy sorprendido por la ausencia en el informe de RSF de toda referencia a las amenazas e insultos que están recibiendo varias conocidas y muy valiosas periodistas independientes colombianas de parte del presidente de la República Gustavo Petro, quien ha llegado al extremo de calificarlas públicamente de “muñecas de la mafia".

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, lanzó el jefe de Estado Gustavo Petro en un acto público el 1 de septiembre pasado.

Tal afirmación conmocionó al país y generó incontables críticas contra Petro. La Defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, así como la senadora María Fernanda Cabal le exigieron inmediatamente a Petro respetar a las periodistas y cesar sus ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

También lo hicieron otros congresistas colombianos, así como la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), los sindicatos de periodistas, incluida la FLIP. A su vez, las periodistas víctimas del ataque verbal presidencial, el alcalde de Bogotá, el gremio de empresarios (Andi) y la Cámara Colombo-Americana, en cabeza de su directora María Claudia Lacouture, protestaron. El exfiscal nacional Francisco Barbosa declaró: “Es un mensaje de odio y un acto de violencia contra las periodistas del país y contra las personas que ejercen ese oficio en Colombia”. El grupo español Prisa Media rechazó las gesticulaciones de Petro contra las periodistas colombianas.

RSF en su informe no menciona ninguno de esos hechos.

El abogado Germán Calderón España interpuso ante el Consejo de Estado el 9 de septiembre una demanda contra el presidente Petro por ese insulto contra las periodistas. Nueve mujeres periodistas, entre las cuales aparecen María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo y Jineth Bedoya, presentaron una demanda adicional ante el Consejo de Estado para exigir que Petro fuera obligado a presentar disculpas a las periodistas.

El 23 de septiembre Gustavo Petro pidió al Consejo de Estado que declarara “improcedente” las dos demandas. Lamentablemente, el Consejo de Estado, invocando un banal tecnicismo jurídico, se abstuvo de pronunciarse y favoreció a Petro el 18 de octubre al declarar “improcedentes” las dos demandas.

Obviamente, la decisión del Consejo de Estado tuvo un pésimo efecto: en lugar de calmar los ardores contra la prensa, el mandatario, sin presentar el menor principio de prueba, volvió a acusar a las periodistas de estar al servicio de las mafias y de “manipular” los discursos del presidente.

RSF sabe muy bien que esos injustos ataques de un jefe de Estado son llamados velados a los periodistas para que se autocensuren y que lanzar esas injurias hacen correr riesgos enormes a las periodistas y demás actores de la prensa colombiana. Ustedes han constatado que entre 2023 y 2024, los periodistas colombianos documentaron “171 casos de agresiones” contra ellos, de las cuales 43 fueron amenazas y que, además, existe “un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras”.

La periodista Vicky Dávila tiene una brillante trayectoria profesional de 33 años y es la directora de la revista Semana, de Bogotá. Ella es blanco de violentos ataques verbales de Gustado Petro desde 2019. Otras periodistas que viven la hostilidad de Gustavo Petro son Claudia Gurisatti, Darcy Quin, Claudia Morales y Paula Bolívar. Hay periodistas que son víctimas de hostigamientos y maltratos psicológicos de parte de funcionarios del gobierno actual.

En enero de 2024, la prensa reveló tres casos: los de Carolina Valencia Bernal, Silvana Orlandelli y Lina Marcela Moreno. Ellas habían sido objeto de malos tratos del actual gerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia). La revista La Silla Vacía afirmó que RTVC, durante el gobierno de Gustavo Petro y durante la gerencia de Hollman Morris, “se convirtió en una máquina de propaganda oficial donde no hay espacio para la crítica ni para la oposición al gobierno, es decir no hay espacio para el periodismo”.

En agosto pasado, Gustavo Petro intentó ir más lejos y montó contra Vicky Dávila un escenario de acusaciones fantasiosas por haber ella criticado la política económica de su gobierno. El mandatario la acusó sin pruebas de incurrir en el delito de “pánico económico”, un delito que en Colombia es sancionado con pena de prisión. Vicky Dávila interpretó esa acusación como una señal de que el gobierno quiere arrojarla a una cárcel para que ella ponga fin a sus investigaciones.

La conjura contra la directora de Semana continuó. El 24 de septiembre, un activista de extrema izquierda, Orlando José Serpa Teherán, presentó una denuncia penal contra Vicky Dávila ante la fiscalía general de la Nación. Orlando Serpa acusó a Dávila, sin presentar la menor prueba, de haber cometido una serie estrafalaria de delitos como “interceptación de comunicaciones, espionaje, concierto para delinquir y traición a la patria”.

Cinco días después, en una entrevista con Caracol Radio, Vicky Dávila respondió: “El país tiene que estar alerta: hoy la Fiscalía de Luz Adriana Camargo [petrista convencida] tiene facultades para interceptar [mi teléfono], para seguirme y saber quiénes son mis fuentes. ¿Para qué quiere saber quiénes son mis fuentes y qué estamos investigando? Para contarle a Petro. Ella, pareciera, estar recibiendo órdenes de Petro. Acuérdense que Petro, en la anterior Fiscalía, dijo que él era el jefe del fiscal [Barbosa]”. Dávila subrayó que la fiscal Camargo, tan rápida contra ella, no actúa contra los altos funcionarios del gobierno que están “salpicados en el escándalo [de corrupción] de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD)”.

El 28 de octubre de 2024, Vicky Dávila, rechazó de nuevo las acusaciones. Explicó que sus revelaciones sobre los “Petrovideos” --un conjunto audiovisual en los que miembros de la campaña electoral de Petro en 2022 discuten “jugadas políticas” para ganar la elección presidencial]--, son auténticos y que su fuente será protegida por ella hasta con su vida, como lo exige la deontología de los periodistas.

Ella detalló: “Tenemos un equipo periodístico que ha hecho inmensas denuncias sobre la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. El presidente de la República se ha dedicado a hostigarme en público”. Y agregó: “Hemos denunciado los ‘Petrovideos’, así como lo que hizo Day Vásquez [ex compañera de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro], la confesión de Nicolás Petro, lo de Armando Benedetti [exembajador de Colombia en Venezuela], lo de Laura Sarabia [la mano derecha de Gustavo Petro en la Presidencia de la República] y Marelbys, muchas cosas muy importantes en este país que no se sabrían si Semana no las hubiese denunciado”.

La periodista reiteró que los “Petrovideos” habían sido suministrados a Semana por un militante del partido petrista Colombia Humana, una persona “que se asqueó de ver todo lo que estaban haciendo en la campaña política de Gustavo Petro y [que] consideró que eso lo tenía que conocer el país y nos buscó”. Ella preguntó: “¿Qué tiene que hace un periodista? ¿Querían que yo cogiera los ‘Petrovideos’ y los guardara debajo de la mesa, o se los llevara al entonces candidato Gustavo Petro para quedar bien con él porque iba a ser el nuevo presidente? No, yo me niego hacer eso. Uno siempre tiene que hacer lo que le toca hacer y no lo que le conviene hacer, y yo hice lo que me tocaba hacer: publicar”.

La directora de Semana concluyó: “No acepto que me quieran pintar como una criminal. He hecho un trabajo periodístico con el cual me siento tranquila y satisfecha, y siento que el país ha conocido muchas cosas gracias a lo que ha hecho el equipo periodístico de Semana” (1). 

Sorda a esa argumentación, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quebrantando el principio constitucional de la separación de poderes, ordenó públicamente al poder judicial, el 31 de octubre, abrir la investigación pedida por Orlando Serpa contra la directora de la revista Semana (2).

A su vez, el presidente Petro trata de hacer creer que jefes de la oposición tratan de “hostigar” a Hollman Morris, un funcionario del gobierno, razón por la cual la fiscal Camargo inició el 29 de septiembre de 2024 una operación contra varias personalidades de la oposición como el expresidente Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal, el periodista Néstor Morales de la cadena Blu Radio, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia Julián Rendón y el politólogo Obdulio Gaviria. ¿El crimen de todos ellos? Criticar a Hollman Morris, director de RTVC, un media transformado en órgano de Petro. Néstor Morales y los políticos estiman que Morris, mediante entrevistas, trata de legitimar a jefes de organizaciones narco-terroristas en actividad.

La prensa colombiana ha informado en repetidas ocasiones acerca de esas actitudes inadmisibles de Gustavo Petro contra la libertad de prensa, de expresión y de conciencia y en especial contra la revista Semana y su directora Vicky Dávila. Esos actos han creado un ambiente de gran temor en el medio periodístico colombiano y acrecentado el rechazo popular contra el gobierno socialista de Gustavo Petro. La misma FLIP ha sufrido la furia del presidente colombiano quien ha cuestionado su imparcialidad.

Desde el comienzo del gobierno de Petro los incidentes contra la libertad de prensa se dispararon. El 20 de agosto de 2024, la Federación Internacional de Periodistas (FDJ) advirtió que en Colombia hubo “más de 500 ataques y agresiones a periodistas entre enero y octubre de 2023” (3).  Es forzoso constatar que los llamados de la FIP y de RSF para que la prensa y el derecho a ejercer el periodismo sean protegidos no son escuchados por el actual gobierno colombiano.

En mi calidad de periodista ruego a RSF profundizar su vigilancia sobre la situación de la prensa en Colombia, pedirle a la fiscal Luz Adriana Camargo cesar los procedimientos infundados contra Vicky Dávila y otros periodistas y hacerle saber al gobierno del presidente Gustavo Petro que debe cesar sus ataques y presiones contra los periodistas y los medios de información y comunicación en Colombia.

(1).-https://canal1.com.co/programas/6am/vicky-davila-en-6-am-sobre-denuncia-en-su-contra/

(2).- https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1852019386405785878

(3).-https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/latin-america/article/colombia-mas-de-500-vulneraciones-a-los-derechos-humanos-de-periodistas-en-2023