Antes, en y después de la pandemia, hubo ataques a los CAI, destrucción del equipamiento público, violencia contra la policía. A finales del 2019 apareció la llamada Primera Línea, la cual, se ha documentado, estaba infiltrada por las disidencias de las Farc y el ELN, y actuó con ferocidad criminal, entrenamiento y disciplina que nada tenían de espontánea. Durante la pandemia hubo protestas, con la participación de ese grupo y de organizaciones gremiales afines a Petro, a pesar de que las aglomeraciones eran oportunidades de contagio de COVID.
En ese período y en la postpandemia, la llamada protesta social, con la Primera Línea a la cabeza, practicó la destrucción del sistema de transporte, el ataque y asesinato de policías, la toma de lugares estratégicos, como el Portal de las Américas de Bogotá o el Parque de los Deseos en Medellín o Puerto Rellena (que rebautizaron Puerto Resistencia) en Cali, para impedir la movilidad ciudadana, convertir esos lugares en territorios libres de control para el consumo y venta de narcóticos y utilizar el bloqueo como arma de presión y de agresión en las ciudades, en las carreteras y en puertos como el de Buenaventura, cuyo objeto, en este último caso, era sitiar por hambre a los colombianos y paralizar la economía de importación y exportación. Porque el objetivo de fondo era precipitar una crisis que defenestrara a Duque y se precipitaran las elecciones u otro mecanismo de toma del poder; o, si esto no era posible, llegar a las elecciones con tal caos que se asegurara el triunfo de Petro o un estallido social de terribles consecuencias, en caso de que perdiera.
Y ya en la campaña electoral misma se veía que lo que se construía para llegar al poder era una alianza planeada con los narcos de todas las vertientes. Además del Eln y las disidencias, el Clan del Golfo, los combos y otras estructuras mafiosas, a todos se les ofrece legalizar el negocio, mantener los privilegios y otorgarles impunidad abierta o disfrazada a cambio de apoyar la campaña. Eso quedó claro con las andanzas del hermano del presidente por las cárceles del país en las que se ofrecieron cupos de” gestores” de paz hasta por un millón de dólares; o la denuncia de la exesposa de Nicolás Petro sobre la recepción de dineros para la fuerza petrista (que parece, desvió en su propio beneficio), que pusieron ante la faz del país que el dinero caliente hizo parte de su trabajo electoral. A todo este entramado se lo llamó Paz Total, que va camino en convertirse en corrupción total.
Si la idea es que los narcos dejarán el negocio, cada vez más lucrativo, a cambio de todo tipo de prebendas, es la ingenuidad total. Si se legaliza la cocaína, tendrán el monopolio del negocio; y si no, pues a seguirse lucrando como hasta ahora. Si eso n o es entregar el país a los peores corruptos, entonces ¿qué es? Y los campesinos en el medio. Ahora bien, lo dantesco es que hayan sometido a Colombia a semejante espiral de violencia para llegar a estos resultados. Y que utilicen el poder corruptor, bajo el modelo de permitir todo tipo de abusos, arbitrariedades y violencia, justificados en el derecho a la paz y el derecho a la protesta, para destruir todo lo que el país ha construido en democracia, acabando con el sistema de salud y con la explotación energética y la defensa real del medio ambiente etc.
En efecto, se creará una petroburguesía que desde los cargos públicos saqueará la salud y se enriquecerá absurdamente con ellos. O terminará, en los hechos, con la producción de hidrocarburos, permitiendo de manera cómplice el acoso y la muerte de policías, a nombre de la protesta social -que se ha demostrado consiste en un número de individuos violentos instrumentalizados por las disidencias, cuyas acciones el ministro Prada denominó “cerco humanitario”- para destruir la infraestructura petrolera de propiedad privada, como ocurre en San Vicente del Caguán; o sacando a los funcionarios probos y expertos de Ecopetrol, para entregarle el manejo de la empresa a la jauría inepta que la saqueará y llevará a la quiebra, como hicieron con PDVSA en Venezuela. O que defenderán el medio ambiente hasta cuando toca a los mafiosos de las minas de oro en el Bajo Cauca y Nordeste en Antioquia, depredadores infinitos de la naturaleza, a los que les han permitido durante más de una semana bloquear la vía a la costa desde Antioquia, agredir a las autoridades y utilizar la violencia contra la población civil; esos que, cuando se les enfrentó tímidamente por presiones de la población de la zona y la opinión pública, pasaron por encima de la fuerza pública, mientras que el gobierno suplica continuar el diálogo, que terminará, sin duda con la claudicación total por parte del gobierno.
Pero los colombianos estamos hartos. Llegó el momento de incrementar la protesta social. Hay que poner a prueba si esta también se garantiza para la gente pacífica, que no creará primeras líneas u otros grupos de choque para defender la democracia del país ahora que se asoman las nefastas reformas; hay que verificar la frase presidencial según la cual el poder está en el pueblo, que ya comenzó a manifestarse y que saldrá cada vez más masivamente a la calle y a los “territorios” a mostrar que las pretensiones de Petro no pasarán en un estado de derecho y que si lo hacen es porque recurrió a mecanismos antidemocráticos como corromper al legislativo y reprimir a la gente para imponer la dictadura, lo cual las deslegitima. Y hay que alistarse para unas elecciones regionales y locales que defiendan la democracia por encima del alud de corrupción encarnada en subsidios destinados a adquirir lealtades y la compra de votos con los que intentará Petro vencer para consolidar su proyecto.
