Con el anuncio del cese al fuego sucedió algo similar. El gobierno lo presentó como un hecho cuando no lo era. Sus voceros lo divulgaron como un cese al fuego multilateral y acordado, cuando en realidad era unilateral y decretado. Hasta hoy no existen documentos firmados por el gobierno y cada una de las cinco bandas criminales con los términos, las condiciones y los protocolos acordados para ese cese al fuego. Solo hay un anuncio del cese al fuego unilateral del gobierno contra esas bandas y una cordial invitación a ellas para que acepten cesar sus acciones violentas.

El ELN desmintió al gobierno señalando que con ellos no se había acordado nada. Las otras bandas corrieron a aceptar tan generosa oferta que formaliza lo que ya venía ocurriendo, la caída de las acciones ofensivas del Estado contra ellas. Las autodenominadas FARC-EP han respondido a esa invitación del gobierno ordenando a sus estructuras “el cese inmediato de todas sus acciones ofensivas contra el Estado”. Nada más.

Como no hay documentos escritos que señalen el alcance del compromiso de cada una de las partes con el cese al fuego, el anuncio gubernamental de su carácter “bilateral” será interpretado, como lo han hecho las FARC-EP, como un cese de las acciones ofensivas del Estado contra cada una de las bandas, de una parte, y de cada una de esas bandas contra el Estado, de otra parte. En consecuencia, quedan por fuera de ese compromiso las acciones ofensivas de las bandas entre sí, y contra otras bandas que no aparecen en la invitación del gobierno. También quedan por fuera de ese compromiso las acciones ilegales de las bandas que, sin embargo, no constituyen ataques armados contra el Estado, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas, etc. Y, más grave aún, también quedan por fuera de ese compromiso las acciones violentas de esas bandas contra la población civil, como el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de menores, el secuestro, el desplazamiento y el confinamiento forzoso de poblaciones, la extorsión, etc.

Vaya tregua. Pero, si se mira bien, ella sería la formalización rimbombante de lo que ya hay ahora. Porque lo que el país ha estado presenciando es un notorio cese de las acciones ofensivas del Estado contra las bandas criminales y una fuerte caída de los ataques de esas bandas contra la Fuerza Pública. Y, al mismo tiempo, un gran incremento de los enfrentamientos entre todo tipo de bandas criminales a lo largo y ancho del país, por el control de territorios, de zonas de cultivo de coca, de rutas de narcotráfico, de áreas de minería ilegal, de ollas de microtráfico, etc. Y todo esto se expresa en el aumento de las masacres, del asesinato de líderes sociales, del confinamiento y el desplazamiento de poblaciones, etc.

La experiencia propia nos ha demostrado que las treguas pueden ser deseables, efectivas y verificables, en dos circunstancias : al inicio de los diálogos cuando todo el grupo armado respectivo acepta concentrarse en una o en unas pocas áreas determinadas del país, como fue el caso con el M19, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el EPL,  el PRT, y una decena de grupos paramilitares; o,  una vez avanzados los diálogos y acordada buena parte de la agenda, lo que hacía irreversible la negociación, como fue el caso con las FARC. Ahora no estamos en ninguno de los dos casos. No hay una exigencia ni un acuerdo con ningún grupo armado para que se concentre en alguna zona del país, y tampoco hay una negociación avanzada con ninguno de ellos; menos aún, no hay ni siquiera una agenda de negociación acordada con una sola de esas bandas.

Así, pues, la balacera va a continuar. Aún en el improbable caso de que el gobierno les exigiera a esas bandas cesar el enfrentamiento entre sí y ellas lo aceptaran, será imposible de verificar su cumplimiento, pues el botín criminal que está en disputa es el más grande de toda nuestra historia, las bandas que han quedado por fuera podrían ser subcontratadas para continuar la reyerta, no hay ninguna amenaza real que las obligue a dejar de delinquir, y saben que la supuesta paz total es algo que le interesa más al gobierno que a ellas mismas.

* El Tiempo, Bogotá, enero 6 de 2023.

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Recesión democrática

Alfredo Rangel

Al menos tres hechos recientes generan preocupación sobre el talante democrático del actual gobierno

Por su gran actualidad es muy recomendable el libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, titulado Cómo mueren las democracias. Los autores señalan que las personas autoritarias elegidas para el Gobierno hacen añicos las instituciones democráticas de dos maneras: algunas lo hacen de un plumazo, pero en la mayoría de los casos lo hacen paulatinamente. Al comienzo es casi imperceptible, todo parece normal. Pero “la erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos, por separado, se antoja insignificante: ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia.” Hay varios síntomas, entre ellos, un

El talante autoritario del presidente Petro es de sobra conocido. De ello dan testimonio muchos de quienes han sido sus cercanos colaboradores. En solo cuatro meses de su gestión empiezan a preocupar ciertos actos gubernamentales que deterioran la democracia y la vigencia del estado de derecho en el país. De continuar por este camino, podríamos estar entrando en un período de recesión democrática, de involución en nuestro desarrollo democrático.

Hechos al canto. Al menos tres hechos recientes generan justa preocupación sobre el talante democrático del actual gobierno. El atentado contra el principio básico de la separación de poderes que significa la tozuda imposición de la liberación de los integrantes de la Primera Línea que están siendo procesados por la justicia. La utilización de la reforma política para introducir mecanismos en contra de las minorías y claramente orientados para que el partido del presidente saque ventaja sobre sus adversarios, buscando crear condiciones propicias para perpetuarse en el poder. Las vergonzosas declaraciones en favor del golpista peruano del Sombrero Luminoso y en contra de la aplicación de la Ley y del respeto a la autonomía judicial de ese país.

Es una vergüenza que ante la opinión pública mundial nuestro Gobierno se haya puesto del lado de quien dio en Perú un chapucero golpe de estado contra la democracia.

La simpatía y la benevolencia, por decir lo menos, de Petro y sus adláteres con los actos violentos y vandálicos de la llamada Primera Línea son viejas y públicas. El compromiso con su impunidad, también. Primero le pidió al fiscal que los liberara, como si Petro fuera el sultán y el fiscal su servidor, y como si no existieran leyes, normas y procedimientos. Después introdujeron un mico en la Ley para otorgarle al presidente facultades discrecionales para indultarlos. Cuando el Congreso lo rechazó entonces introdujeron un parágrafo en un artículo para torcerle el pescuezo al espíritu de la Ley y abrir la posibilidad de esas liberaciones. Por último, crearon una Comisión de tres ministros con facultades sin límite —dizque “por su naturaleza” —, para impulsar y coordinar esas liberaciones.

Los miembros de la Primera Línea presos serán liberados como ‘voceros de paz’, figura que se aplica legalmente solo para facilitar diálogos de paz con grupos guerrilleros o para someter a bandas criminales del narcotráfico. Pero al no ser la Primera Línea ni lo uno ni lo otro, entonces se liberarán como si hicieran parte de una “organización humanitaria”. Vaya bofetón para sus víctimas, para el país y para el estado de derecho: la Primera Línea encumbrada como una “organización humanitaria”, a pesar de que quema vivos a policías, que mata civiles, que secuestra, que tortura, que incendia buses, que destruye infraestructura pública, etc, etc. Qué duro golpe a la institucionalidad democrática.

De otro lado, en su proyecto de reforma política el Gobierno busca ventajas electorales que le serán útiles incluso para las próximas elecciones regionales. Al patentar las alianzas políticas entre partidos grandes y permitir el transfuguismo interpartidista por una vez, el partido del Gobierno busca consolidarse como principal opción electoral en el futuro inmediato. Esto podría tener como consecuencia la desaparición de los partidos pequeños que hoy tienen como opción de supervivencia electoral la estructuración de alianzas entre ellos. Cambiar desde el Gobierno las reglas de juego democrático en provecho propio deteriora la democracia y es una maniobra recurrente de regímenes con rasgos autoritarios.

Finalmente, es una vergüenza que ante la opinión pública mundial nuestro Gobierno se haya puesto del lado de quien dio en Perú un chapucero golpe de estado contra la democracia. Cerrar el Congreso, disolver los Altos Tribunales y arrogarse facultades dictatoriales no fueron suficientes atentados contra la democracia que merecieran la condena por parte de Petro. Antes, por el contrario, exigió la liberación del golpista cuando fue justamente arrestado por la justicia peruana. Esto genera muchas dudas sobre el talante democrático de nuestro Gobierno, lo que sumado a todo lo anterior —y a otras perlas— nos pone ante la duda acerca de si en Colombia estaremos entrando en una recesión democrática.

El Tiempo, Bogotá, diciembre 22 de 2022.