Pero, así como nadie debe extrañarse, todo el mundo en Colombia, que respalde la democracia liberal, ha de preocuparse. Me explico: el gobierno de Petro parece avanzar en su proyecto totalitario.
Un presidente como el nuestro, que es capaz de justificar los asesinatos de jóvenes soldados de nuestro ejército por parte de las disidencias, con el argumento de que estas existen porque el acuerdo de paz no se ha cumplido, es un personaje capaz de distorsionar la realidad para imponer un proyecto político que tiene como componente básico, gobernar con ellos. En efecto, adrede omite que el tribunal de justicia diseñado por las Farc está funcionando como ellos esperaban, que los combatientes reciben sus subsidios para vivir y para sus proyectos productivos, que los PDET avanzan, que los cabecillas desmovilizados tienen representación parlamentaria, que los organismos internacionales han tenido que reconocer que el pasado gobierno cumplió, en la medida de lo posible lo pactado; y qué más bien, han sido los desmovilizados quienes han incumplido con sus compromisos de restituir los bienes acumulados ilegalmente, contribuir con la verdad total y entregar las rutas del narcotráfico. Y que los que rehusaron desmovilizarse, continúan con el asesinato de líderes, militares y policías, persisten y aumentan el narcotráfico, el secuestro a la población civil, etc., exigiendo que el gobierno les desocupe sus “territorios”.
Agréguesele a lo anterior que la concepción totalitaria de este presidente quedó, otra vez, demostrada en una declaración pública en la que manifestaba el respaldo dado al expresidente Castillo del Perú, defenestrado porque violó la Constitución de su país e intentó convocar una Constituyente a su medida, como dictan los cánones del libreto del Foro de Sao Paulo, como que es el camino recorrido por Venezuela y Chile (aunque en este último el tiro les alió por la culata porque la ciudadanía les rechazó el engendro), argumentando que en Perú se violó el derecho a elegir y ser elegido, como si a Castillo le hubiesen robado las elecciones, en lugar de ser sancionado como se merecía, por desconocer al poder legislativo.
Con esa declaración Petro además de mostrar su molestia deja ver el cobre. Él piensa que, por haber sido elegido, un presidente lo tiene todo permitido y que ningún poder puede interponérsele. Se equivoca. No en el Perú, donde el parlamento hizo respetar la democracia y su división de poderes.
No, todavía, en Colombia, pues, a pesar de cooptar al congreso, ya está chocando con el poder judicial, el mismo que creía controlar a través de los sindicatos, que ya le dijo que los de la primera línea no fueron objeto de injusticia por el solo hecho de participar en la “protesta social”, sino que aquellos que están detenidos, lo han sido como resultado de un debido proceso en el que se les han respetado todas sus garantías constitucionales.
Eso, al presidente, le resbala. Muchos temen que los liberará de todos modos porque esa gente podría ser la semilla de una fuerza de choque, que funcionó perfectamente para crear descontento y caos en los comicios pasados, como estrategia electoral, y que podrán se reusadas como línea de contención primaria del malestar popular que irá surgiendo en la medida que los desafueros del presidente avancen. Una verdadera milicia paramilitar. Sería terrible si fuese así.
