Mientras las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están prácticamente inmovilizadas, crecen las acciones violentas y criminales de los grupos armados ilegales de toda ralea. Las más recientes acciones de estos grupos son muy sintomáticas de lo que está pasando en el campo de la seguridad nacional en Colombia: en Puerto Guzmán, Putumayo, un enfrentamiento armado entre bandas criminales se salda con 23 muertos; en Buenos Aires, Cauca, son asesinados seis soldados y hay siete desaparecidos como resultado de un ataque violento de las disidencias de las Farc contra una patrulla militar. Adicionalmente, se sabe que en los cien primeros días del gobierno Petro los asesinatos de líderes sociales han aumentado un 50 %; y las masacres, un 38 %.

Sin lugar a dudas, los pronunciamientos gubernamentales sobre la paz total y las directrices que han inmovilizado a las Fuerzas Militares han sido interpretadas por los grupos criminales como una patente de corso para delinquir y como una oportunidad para su fortalecimiento y expansión. Es apenas lógico. El Gobierno ordena a las Fuerzas Militares no realizar bombardeos a campamentos de grupos irregulares, no ejecutar acciones ofensivas sin constatar que no haya niños en esas estructuras criminales, disminuir las operaciones militares, acabar la interdicción terrestre del narcotráfico, no hacer erradicación forzosa ni fumigación de la coca y suspende la extradición. Además, mindefensa anuncia que no habrá presencia de soldados regulares en zonas de actividad de grupos irregulares, como si hubiera suficientes soldados profesionales para cubrir esas zonas a lo largo y ancho del país.

Los consejos de seguridad regionales se han transformado en Puestos de Mando Unificados por la Vida, no para coordinar acciones ofensivas contra los grupos criminales sino para mediar entre ellos y convencerlos de que no se agredan entre sí, tratando de obtener un cese del fuego multilateral. Vana ilusión. El resultado es que el enfrentamiento entre los grupos criminales ha aumentado 80 % en los últimos meses.

Insistimos. No puede haber una política de paz exitosa sin una estrategia de seguridad sólida y temible. Cuando un gobierno tiende la mano a grupos armados ilegales para que se desmovilicen a cambio de un tratamiento jurídico benevolente, debe simultáneamente demostrar una capacidad de operatividad militar real para advertirles que su negativa tendrá consecuencias graves y que la aplicación de la fuerza legítima del Estado les puede ocasionar un daño crítico y progresivo. El Gobierno debe entender que no está tratando con monjitas de la caridad sino con criminales avezados que el único lenguaje que entienden es el de la fuerza, porque es por medio de la violencia que han progresado en el mundo criminal.

El Gobierno debe aceptar que la ambigüedad de sus actos y mensajes ha tenido consecuencias no deseadas entre los grupos criminales. Estos han interpretado la política gubernamental como una oportunidad dorada para realizar una guerra de fortalecimiento económico, militar y territorial en la que, al no encontrar oposición armada del Estado, sus opositores son otras bandas criminales que están en el mismo plan, siendo el resultado el brutal enfrentamiento entre esos grupos, y del cual las Fuerzas Militares son solo un espectador más.

El Gobierno sigue teniendo una visión ideológica y voluntarista de la seguridad, basada en la apelación a la buena voluntad de los grupos criminales y en la aversión repulsiva al uso legítimo y contundente de la autoridad del Estado. A fuerza de golpes de realidad, el Gobierno tendrá que convencerse de que esta visión no le hace ningún favor a su política de paz total, sino que atenta contra ella; eso sí, con las mejores intenciones. Lo dijeron de una vez y para siempre los romanos: si vis pacem para bellum; si quieres la paz, prepara la guerra.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 8 de diciembre de 2022.