Esta semana, con ocasión del autogolpe de Castillo en Perú, Petro confirmó de manera inequívoca que sus decisiones en relación con nuestros asuntos externos se hacen por simpatías personales y afinidades ideológicas y no porque convengan a los intereses estratégicos nacionales.
Los antecedentes ya eran malos. Mostraban una línea política de apoyo al debilitamiento de la democracia: se acercó al brutal régimen iraní aún si haber asumido el gobierno; la delegación colombiana se retiró de la sesión de la OEA donde se buscaba condenar la dictadura nicaragüense; en abierta contravía a lo decidido por el pueblo chileno, reprobó el resultado del plebiscito sobre una nueva constitución y se atrevió a decir que “revivía a Pinochet”; escogió a Venezuela como sede de los diálogos con el Eln; sostuvo que el proceso en contra de Cristina de Kirchner era una “persecución” y atacó a los magistrados que lo adelantaban; profundizó su complicidad con la tiranía cubana y solicitó que la retiraran de la lista de países que promueven el terrorismo.
Con Perú se descaró. En lugar de condenar el autogolpe de Castillo, le torció el pescuezo a los hechos, sugirió que había ocurrido un golpe parlamentario y pidió que la CIDH otorgara medidas cautelares a favor del golpista presidente. Lo hizo, por cierto, media hora después de que la misma Comisión aplaudiera la acciones que tomaron las instituciones peruanas para proteger la democracia del autogolpe de Castillo. O no le importó que la CIDH ya se hubiera pronunciado o nadie de la embajada en la OEA o de la Cancillería le advirtió.
La solicitud de Petro a la CIDH confirma una tendencia que ya se venía insinuando entre los distintos gobiernos de izquierda radical en la región: la manipulación del sistema interamericano de derechos humanos con fines políticos, falseando su naturaleza. Ya en la OEA habían maniobrado para tratar de evitar que Castillo fuera investigado por los delitos que ha cometido. Es previsible que esos gobiernos impulsen candidaturas de camaradas para la Corte y la Comisión Interamericanas. Habría que estar atentos.
La contradicción entre el discurso formal de Petro y sus acciones es patente y patético. Incumple de manera abierta su promesa de fortalecer la carrera diplomática, profesionalizar el servicio exterior y de que los embajadores no serían simples amigotes del presidente. Ahora es peor.
Sostuvo que su política exterior se basaría en el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos y no pasan quince días sin que haga una abierta intervención sobre lo que ocurre en otros países, algunas de las cuales se listan arriba.
Hay un evidente absurdo en un presidente que pone los derechos humanos y la democracia en el centro de su discurso pero que al mismo tiempo ataca de frente el sistema de frenos y contrapesos, la independencia judicial y el valor de la representación popular de los congresos, todo ello para defender y proteger colegas que profesan su misma ideología.
Finalmente, acude a mentiras abiertas para justificar sus acciones y posturas ideológicas. Reiterando que nunca he tenido nada que ver con esos casos, salvo para criticar mucho de lo que hasta hoy se ha hecho, fue con falsedades que Petro justificó el cambio del equipo de defensa de Colombia en los asuntos contra Nicaragua en La Haya. Alegó que la visión ha sido “centralista” y que no tuvo en cuenta los derechos de la población raizal. No es verdad. Del equipo de defensa hizo parte Kent Francis, abogado sanandresano. Y desde hace más de cinco años hay un “raizal team”, con sociólogos y otros expertos, que asesora a Cancillería. Lo que sí es una estupidez es nombrar una bióloga como coagente, como ha hecho Petro.
Y es falso sostener que habrá un cambio de estrategia y, por un lado, nombrar como agente a Eduardo Valencia, parte del equipo colombiano desde el inicio del proceso y corresponsable de lo que ha ocurrido hasta hoy, y, por el otro, mantener a todos los asesores externos. Para bien o para mal, la estrategia de Colombia en La Haya es más de lo mismo.
