La revolución ha sido comparada con un alud. Unos copitos de nieve, o unos pedruscos, empiezan a rodar desde la cima, van arrastrando otros, y con aceleración siempre creciente, unos centenares de metros más abajo ya constituyen una fuerza arrolladora.

Comparable al alud, pasada la primera quincena del gobierno comunista, el movimiento imparable ya ha minado la estructura agraria, detenido la inversión, castrado las Fuerzas Armadas, amenazado la generación de empleo, anunciado la anarquía que sigue a la eliminación de varios títulos del Código Penal, y establecido el narcoestado, mediante una serie de fulminantes e inapelables determinaciones, que serán implementadas por un equipo inadecuado, un congreso embadurnado y una judicatura cómplice. Los   medios fletados y la Iglesia ausente adormecen un país incapaz de comprender que todo ha cambiado, incluyendo la religión oficial, que ahora es la agresiva de la pachamama. Con razón una ministra tóxica ha dicho que “estamos en un país distinto”.

Si todo esto ha ocurrido apenas en dos semanas, es necesario dejar atrás la ilusión de que vivimos en un Estado de derecho y que en cuatro años el país, estragado de errores y horrores, volverá electoralmente a la buena senda de la democracia y la libertad.

Con la anunciada “reforma política” y con los algoritmos de la Registraduría, los comunistas no tendrán ninguna dificultad para quedarse indefinidamente en el poder, como ha pasado siempre en los países que padecieron ese régimen o aún lo sufren. El propio Petro, hace algunas horas, ya volvió a insinuar que “cuatro años son insuficientes para cambiar el país”.

Ahora bien, la última oportunidad de recuperar la democracia tiene una fecha próxima, el 29 de octubre de 2023, día de las elecciones para gobiernos locales. Si las regiones y ciudades votan contra el comunismo en esa fecha, Colombia podría todavía salvarse. De lo contrario, el narcoestado revolucionario se consolidará indefinidamente.

El comunismo no soltará fácilmente a Bogotá, Cali y Medellín. Tienen el poder, saben hacer el fraude, manejan las maquinarias y la aplastante propaganda. Aunque llevan todas las de ganar, esa última batalla tenemos que darla para vencer.

Pero para ganar elecciones se necesitan candidato, programa y determinación. Es decir, todo lo que culpablemente no se tuvo para detener a Petro. Se dejó todo al azar y a la buena ventura, a pesar del previsible resultado, que los políticos y empresarios no quisieron ver.

Pero no lloremos sobre la leche derramada, porque el tiempo apremia.

A partir del próximo enero hay que tener candidatos viables, aguerridos y coordinados en cada uno de los departamentos y municipios.

En Antioquia escoger candidato a la Gobernación es sencillo. Algunos hablan del expresidente Uribe Vélez. Puede ser, aunque otros piensan en Federico Gutiérrez. Para alcalde no se ve todavía la figura, pero urge encontrarla. ¡No más desmanes de Pinturita y su combo rapaz!

No puedo opinar sobre la capital, despedazada por la descobalada señora, ni sobre la desventurada Cali del extremista. Con mayor razón ignoro cuáles sean las personas requeridas en los demás departamentos. Por tanto, me limito a opinar que en cada uno de ellos es preciso proclamar con urgencia candidatos capaces de triunfar.

El pésimo gobierno puede ser derrotado en octubre del próximo año, si hay un movimiento nacional de auténtica recuperación institucional, patriótico, desinteresado, no partidista, articulado y confiable. No podemos aceptar que el 20 de octubre de 2023 haya otra elección abigarrada, donde numerosos grupúsculos más o menos democráticos sean barridos y borrados por las fuerzas petristas, castrochavistas y del narcotráfico.

Si no queremos nuestra propia “revolución de octubre”, hay que triunfar el 29 de ese mes, el próximo año. De no lograrlo, la barbarie ya no tendrá reversa y la tragedia de Venezuela, al lado de la colombiana, será un juego de niños.

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En los tiempos que corren es más conveniente tener prontuario que curriculum vitae…

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En vez de publicar sus enrevesados fallos en 27 lenguas indígenas, haría bien la Corte Constitucional en traducirlos al español.