Felices deben estar los delincuentes de todos los pelambres en Colombia por los anuncios que ha hecho el gobierno del guerrillero Gustavo Petro Orrego, quien en campaña se había comprometido a otorgarles «perdón social» a criminales de toda especie y a pactar la «paz total» con cuanto grupo de delincuencia organizada apareciera en el camino.
Por supuesto que no es Petro el más indicado para advertir los peligros provenientes de la impunidad, pues nada hay más ilustrativo que ver un delincuente convertido en presidente de la República. La historia es rica en casos de criminales a los que se les perdonaron sus fechorías y se les puso en libertad, dejándoles abierto el camino al poder con infaustas consecuencias. Para la muestra, Hitler, Castro, Chávez, Petro…
Con el agravante de que esta gente de izquierda no quiere aprender. Ahí está el fracaso de López Obrador en México, que implantó una polémica política de buenismo hacia los delincuentes denominada «más abrazos y menos balazos», la cual es considerada como fallida de acuerdo con el evidente nivel de violencia de ese país. Pero lo de Petro va más allá.
Para empezar, el MinJusticia Néstor Osuna, que parecía ser un jurista competente, lanzó una improvisada propuesta de justicia restaurativa que más parece una ocurrencia de cafetería: que un ladrón de celulares, por ejemplo, podría librarse de la cárcel dándole a la víctima un celular nuevo y pagándole seis meses de plan, todo con el fin de acabar el hacinamiento carcelario.
El problema es que simplificar el delito convierte una propuesta, por buena que parezca, en una caricatura inaplicable. ¿Y si hubo violencia? ¿Si al ladrón lo capturaron con 20 celulares robados? ¿Si tras restaurar a alguien sigue robando? Un gobierno no puede negarse a cumplir la ley con el objetivo de no construir cárceles. Conceder impunidades es todo lo contrario a hacer justicia.
De manera que los ladronzuelos deben estar de fiesta. Si hasta hoy los jueces los han soltado fácilmente por la laxitud de las leyes, normalizando el hecho de que haya individuos con decenas de capturas porque la reincidencia no se castiga, ¡cómo se reirán ahora que, desde el alto Gobierno, se les quiere evitar la cárcel!
Claro que, entre los anuncios de la semana anterior, ese es solo una propuesta y es el menos grave. En cambio, hay tres decisiones pavorosas que quedaron en firme, todas con consecuencias nefastas para el país. Una es que no habrá erradicación forzada de cultivos ilícitos. Y eso no alude al glifosato, sino a los escuadrones de erradicación manual. Es decir, el Estado colombiano renuncia a, al menos, controlar los cultivos de coca, marihuana y amapola. En un año tendremos entre 500 mil y un millón de hectáreas de coca, y más de 2.000 toneladas de cocaína que harán caer el precio a la mitad en las calles de EE. UU., con un aumento de la criminalidad y el consumo que los gringos no se van a aguantar.
Eso también multiplicará las masacres en Colombia, que van viento en popa, aunque nos habían dicho que eran responsabilidad de Duque y su gobierno. Y es que Petro no solo ha decidido que el país sea un narcoestado cocalero, sino que (segundo anuncio) no habrá extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, cumpliendo el sueño de Pablo Escobar. Como vemos, los barones de la droga ya no tendrán esa espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. Han comprado la impunidad total y ahora necesitarán mucho plástico de un solo uso para pagarle a El Señor de las Bolsas por los favores recibidos.
El tercer anuncio no es menos grave, es peor. Las Fuerzas Armadas no bombardearán campamentos de terroristas donde haya menores de edad, con lo que se le quita al Estado la ventaja de la superioridad aérea que ha sido clave para doblegar al enemigo. A partir de ahora habrá menores en todos los campamentos y una violencia desbordada por parte de grupos terroristas en todo el país. Medidas todas con las que se logrará el efecto contrario al que el Gobierno dice buscar: la «paz total».
¿Estas sombrías ideas de Petro son el «cambio» que esperaba el país?
@SaulHernandezB
