Solo porque lo dijo la Corte Constitucional, en Colombia no puede haber cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Es como si ese sanedrín tuviera la verdad revelada y sus fallos fueran infalibles. El pueblo siempre es superior a sus dirigentes y lo que el pueblo quiere es cadena perpetua o pena de muerte para estos criminales infames, para que cada tanto no se repitan las mismas tragedias, pero la aturdida ‘institucionalidad’ no deja avanzar: el perdón que proclaman los de mentalidad ‘progre’, no es otra cosa que retroceder.
Lo mismo puede verse en el caso de la siembra de coca. En el gobierno del inefable Santos, el diletante Alejandro Gaviria aseguró que asperjar con glifosato es cancerígeno y con ello acabó, por orden de las Farc, con la fumigación de cultivos ilícitos. A esta hora, Gaviria, Santos y otros por el estilo, siguen sin poder contestar por qué el glifosato es nocivo para fumigar cultivos ilícitos en las regiones más apartadas de los centros urbanos y, en cambio, es buena y permitida en Colombia y todo el mundo para fumigar malezas en cultivos de arroz, maíz, caña, cítricos, frutales y decenas más de productos que se sirven en todas las mesas.
Tampoco han podido contestar si no son malos los casi veinte precursores químicos que se utilizan para hacer la cocaína, y que van a parar a nuestros ríos y contaminan grandes áreas donde los bandidos montan las ‘cocinas’ para procesar la droga. Ni les ha importado que los narcos sean los grandes culpables de la deforestación de nuestras selvas, que es mucho más grave que nuestra pequeña participación en la contaminación global por uso de hidrocarburos.
Esta hipocresía ha llevado a que el país esté entregado, hoy más que nunca, a organizaciones narcotraficantes criollas y extranjeras. Departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, principalmente, están bajo el poder de bandas mafiosas.
Ahora la noticia vuelve a ser el incremento de los cultivos de coca y de cocaína procesada (clorhidrato de cocaína). Según el monitoreo de la ONU, los cultivos aumentaron un 10% en 2023, llegando a las 253.000 hectáreas. Pero lo peor es que la producción de cocaína creció un 53%, llegando a un registro histórico de 2.664 toneladas, algo jamás visto.
Y la erradicación, que es manual porque no se puede usar el ‘cancerígeno’ glifosato, va cayendo año tras año. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en 2022 solo se erradicaron 69.000 hectáreas; en 2023 se bajó a 20.323, una tercera parte del año precedente; y, en 2024, apenas van 4.500 hectáreas de coca de la bajísima meta de 10.000 que el Gobierno se impuso y no cumplirá.
Para tener un referente en materia de cifras, es bueno recordar que, en el primer informe del monitoreo de la ONU, en 2001, se dijo que Colombia tenía 137.000 hectáreas de matas de coca y, en 2013, habíamos bajado a 48.000 hectáreas como resultado del Plan Colombia. Por cierto que, por esas épocas, se necesitaban más de 165 hectáreas sembradas de coca para obtener una tonelada de cocaína, mientras que hoy la productividad ha mejorado tan dramáticamente que solo se requieren un poco más de 90.
Ante tan devastadoras cifras, el Gobierno sale a decir que vuelve la fumigación. La inefable Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, aparece con el cuento de que asperjarán con un matamalezas muy bueno, pero no con glifosato. Ha de saber la ministra que este es el herbicida de mayor uso en todo el mundo, que se comercializa con decenas de nombres y marcas diferentes y que son todas organizaciones de izquierda las que han tratado de enlodar su imagen. En cambio, los productos que son supuestamente inocuos para la naturaleza han sido un fracaso, solo han servido para decrecer. ¿Les suena?
Mientras tanto, el señor Petro dice que el Estado colombiano comprará la coca del cañón del Micay, región cocalera del departamento del Cauca. Eso no llevará a que el campesino erradique; al contrario, sembrará porque el gobierno compra. Y si compra en el Micay, tendrá que comprar en todo el país. Hoy, más que nunca, somos una narcorrepública y tenemos un narcopresidente.
@SaulHernandezB
Medellín, 21 de octubre de 2024
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