Las leyes 142 y 143 de 1994 produjeron una extraordinaria transformación del sector de servicios públicos domiciliarios en el marco de la cual EPM se convirtió de    empresa municipal confinada al Valle de Aburrá en la matriz de un grupo empresarial con presencia en otras regiones de Colombia y otros países de América Latina.

Durante toda la expansión nacional e internacional de sus actividades, EPM ha tenido que lidiar con una asimetría institucional de acuerdo con la cual las decisiones de compra de activos se toman con criterio fundamentalmente financiero mientras que en las de venta intervienen consideraciones de tipo político. Las inversiones las autoriza la Junta Directiva, que se presume es un organismo técnico, mientras que las desinversiones las debe autorizar el Concejo Municipal de Medellín, que es evidentemente político.

La discusión del Acuerdo 065 está marcada más que cualquier otra por cuestiones políticas. Al parecer, la mayoría de los concejales están convencidos de la conveniencia financiera de la enajenación de esa participación, pero algunos se oponen por consideraciones de tipo político. Más específicamente, esos opositores no confían en que la alcaldía y la administración de EPM le de un uso adecuado a los recursos. También hay resistencia por parte de los sindicatos y de algunos opositores arropados en la bandera de la sacrosanta propiedad pública. 

Comparto totalmente la desconfianza frente a la alcaldía y la actual administración de EPM, funcionarios y junta directiva. Sin embargo, creo que eso no debe ser óbice para autorizar la enajenación pues, tal como está el proyecto de acuerdo, los recursos de la eventual venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental, solo una pequeña parte - ganancia en enajenación de acciones, si la hay - pasaría por el estado de resultados afectando las transferencias al Municipio. En el pliego de modificaciones se propone la inclusión de una cláusula indicando que los recursos deben utilizarse en el programa de inversiones de EPM, dando prioridad a Hidroituango. El traslado de esos recursos al Municipio tendría que ser objeto de otra autorización por parte del Concejo

Los empleados y trabajadores que salieron de la matriz en 2006 con la escisión de UNE telecomunicaciones y llegaron a TIGO en la fusión de 2013, deben ser protegidos. Su número no es muy elevado, unos 250, y podrían ser absorbidos por la matriz o algunas de las filiales. El acuerdo debería incluir un artículo que ordenara esa incorporación a la que voluntariamente podrían acogerse los beneficiarios.

La autorización debe darse pronto pues el tiempo es muy ajustado para que EPM pueda hacer uso de la cláusula de salida cuyo plazo vence en agosto de 2024. Según dicha cláusula, Millicom tiene derecho de preferencia sobre las acciones de EPM y, además, en caso de no querer ejercerlo, esto es lo importante, la obligación de salir a vender a un tercero, conjuntamente con EPM. Si se deja vencer esa cláusula, la inversión de EPM quedaría atrapada y condenada a una continua y creciente desvalorización.

Hace unos 25 años, el Concejo de Medellín rechazó un proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizaba la escisión del negocio de telecomunicaciones de EPM y su transformación en una sociedad por acciones que se venderían al público. En ese entonces, el corazón del negocio era la telefonía fija conmutada. El internet y la telefonía celular apenas despuntaban, la telefonía de larga distancia era aún un monopolio extremadamente rentable. Las empresas multinacionales que se lanzaban a la competencia compraban operadores de telefonía fija y las transacciones se tasaban un precio unitario por línea de telefonía fija conmutada.

EPM tenía 800.000 líneas fijas que se estaban pagando a US$ 1.500. Es decir, su negocio de telecomunicaciones valía unos US$ 1.200 millones, que traídos a valor presente a una tasa de 3% - la de los bonos del tesoro de USA a 10 años – equivalen de US$ 3.500 millones. La participación que hoy trata de vender EPM vale unos US$ 500 millones. No hay que repetir el error de los concejales de hace 25 años que con su decisión causaron esa espantosa destrucción de valor alegando defender el patrimonio público.

*Economista

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/, Medellín, 03 de junio de 2022.