La legitimidad, en un sistema democracia, es el mecanismo por el cual los gobernados de una sociedad política admiten el mandato de los gobernantes. En este sistema, no se trata de que el poder de gobernar proviene de un mandato divino o de cualquier otra fuente, sino de uno popular. Un estado o un gobierno legítimo, según el caso, es reconocido por los súbditos como aquel que tiene derecho a regirlos porque ellos se lo otorgaron mediante procedimientos previamente establecidos y reconocidos por todos.

En el caso específico de los elegidos por votación directa, el mecanismo debe ser tal que garantice la igualdad de oportunidades, la diafanidad en los procesos de elección y conteo y la seguridad de que los resultados van a ser respetados. Si estos requisitos no se cumplen, el mandato otorgado y la confianza y la unidad en torno a las instituciones que se suponen cobijan a todos, se rompen y una situación de conflicto social se produce. Y en sociedades en las que la democracia misma está amenazada, tal conflicto puede tener consecuencias desastrosas.

Ese es el caso de nuestro país, que viene desarrollando un debate electoral, en la que una de las partes -que, además, lleva más de doce años de campaña y que ha apoyado o dirigido continuos hechos de perturbación política y social para generar caos que pueda aprovechar para cumplir sus planes de tomarse el poder- ha manifestado velada o abiertamente que, en caso de no ganar las elecciones, desconocerá el resultado.

En semejante escenario, la única manera que tenemos los colombianos de enfrentar con éxito semejante amenaza y preservar nuestra democracia, es un sistema electoral libre de toda posibilidad de fraude y manipulación para que los derrotados de la contienda no tengan excusas para generar violencia y desestabilización que lleven a nuestro país a la dictadura, y si lo hicieren, que tengan la respuesta legítima del estado y de la ciudadanía, en defensa de la constitución y las leyes.

Lo que pasó en Colombia en las elecciones del pasado 13 de marzo, es por eso, tan grave. Hay que aclarar a fondo ese entramado. Hace bien la Procuraduría en abrir una investigación sobre el registrador Alexander Vega por presuntas irregularidades en las elecciones a congreso, como la extralimitación de funciones y posible conflicto de intereses en la contratación de la empresa Indra Sistemas, encargada de ese proceso electoral; así como la “omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales. Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación”” (https://www.rcnradio.com/politica/investigaran-al-registrador-alexander-vega-por-posibles-irregularidades-en-las-elecciones).

En el mismo sentido la emisión de noticias de RCN TV de las 7 pm del 8 de abril presentó una denuncia de Rodrigo Alzate, fundador de Transparencia Colombia, que muestra datos alarmantes, que, de ser ciertos, pondrían la legitimidad y validez de las elecciones al congreso en entredicho. Por ejemplo, que más de trescientos mil jurados pudieron votar dos veces y que el registrador presuntamente utilizó el software del Indra para perfilar jurados que fuesen cercanos a los intereses de sus amigos políticos. Además, se investiga si se utilizó dicho software para afectar la transmisión de datos”.

Así mismo, según informa  el noticiero, el MOE reportó que el 25% de las mesas de votación no cerró a las 4 de la tarde; el 21% de los formularios E- 14 sufrieron tachaduras; el 69% de  las mesas no instalaron equipos de verificación biométrica y en el 30% de estas, los votos no coincidían con los depositados en las urnas (https://www.noticiasrcn.com/emisiones/emision-700-pm-viernes-8-de-abril-de-2022-415535).

La Procuraduría ya está en la tarea y esperamos que los resultados se entreguen antes de las elecciones de mayo. Y es de esperar que la Fiscalía esté adelantando las respectivas investigaciones.

El país exige claridad, ante todo. Nuestra democracia está en juego y no se puede tolerar, de ser ciertas, este tipo de maniobras. El palo no está para cucharas. Los ciudadanos debemos permanecer vigilantes y utilizar todos los canales de expresión y acción legales para exigir que se corrijan las presuntas irregularidades de las elecciones al congreso y se castigue severamente a los que resultaren responsables y a sus cómplices.  Las elecciones presidenciales, por su parte, han de ser transparentes sí o sí. De lo contrario, la suerte estará echada.