El presidente Gustavo Petro parece estar atrapado –y con pocas salidas– en ese amargo sentimiento que le debe producir saber que su campaña tuvo protuberantes fallas en la financiación. Desde cuando la Fiscalía General comenzó a investigar varias anomalías –con pruebas que por demás ha conocido la opinión pública y se han visto sólidas–, Petro y sus seguidores han sacado toda la artillería de ataques verbales y arengas para intentar amedrentar a los investigadores.

El Presidente tal vez teme, y con razón, que su gobierno quede patinando en el fango de las investigaciones como si se tratara de un Proceso 8.000 o un Ernesto Samper cualquiera. El problema es que como en todo fango mientras más se patalea más se hunde.

El mandatario ha preferido poner al país en vilo, en máximo estrés, sin ninguna consideración por la tranquilidad del pueblo que él dice defender, con tal de evitar que la Fiscalía General pueda hacer su trabajo. El viernes en la noche, un horario por cierto atípico para estar mandando mensajes al país, Petro alertó en su cuenta de X sobre un “rompimiento institucional”, dijo que debía “avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía” y solicitó “al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”.

El mensaje lo repitió el sábado en varios idiomas, en francés, en italiano y hasta en árabe. Si no fuera porque se trata del Presidente, cualquiera pensaría que estamos ante una comedia de humor negro o una nueva historia del realismo mágico sobre los extravíos de un mandatario que anda perdido en el ejercicio de su gobierno.

La retahíla del Presidente viene desde el fin de semana pasado. En Quibdó la emprendió contra el fiscal Francisco Barbosa, con acusaciones no necesariamente ciertas. Barbosa, hay que decirlo, no ha ayudado tampoco con los ataques pasados de revoluciones que a su vez le ha lanzado al Presidente y que no están a la altura de su cargo. Ambos parecen haber caído en el síndrome de la red X.

En Chocó, Petro dijo cosas como que “la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme” o “se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”. Y el viernes, Petro insistió en que “hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República”. Y habló de “torturas” y de “presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito”, sobre lo cual no presenta prueba alguna.

Sería bueno que alguien le dijera al señor Presidente, que la Fiscalía no lo está investigando, la investigación es a su campaña a la Presidencia que no es lo mismo y más que una tarea permitida por la Constitución es obligación ineludible en un Estado de Derecho como el nuestro. Mal haría la Fiscalía en no investigar.

Mucho más ahora que han salido a flote al menos cuatro frentes de presuntas y graves irregularidades en la financiación de la campaña. Cada uno de ellos más escandaloso que el otro. El primero, la aceptación de Nicolás Petro de haber recibido cerca de 1.000 millones de pesos para la campaña con los cuales se quedó y no fueron reportados. El segundo, la referencia hecha por Armando Benedetti en el sentido de que entraron 15.000 millones de pesos a la campaña, de origen non sancto, que tampoco fueron reportados. El tercero, el pago a 83.000 testigos electorales, a cada uno de los cuales, según la Silla Vacía, les habrían dado $60.000, gastos que tampoco aparecen reportados en el Consejo Nacional Electoral.

Y el cuarto, y más reciente, es el giro de 500 millones de pesos de Fecode a Colombia Humana, que según acta del sindicato de maestros iban destinados a la campaña de Petro. De probarse, se configuraría el delito de violación de los topes electorales.

Por supuesto el petrismo se ha movido para tratar de apagar esos cuatro incendios. El propio Presidente visitó a su hijo en Barranquilla y no se sabe cómo logró callarlo ante la justicia. En el caso de Benedetti, su silencio podría tener que ver con la mermelada del Estado que le reporta buenos dividendos y con que la Cancillería acaba de abrir de nuevo la embajada de la FAO y, este viernes, lo nombró como embajador en una ciudad como Roma que es de las entrañas del barranquillero. En el caso de los testigos electorales, el embajador Roy Barreras salió ayer con la polémica tesis de que esos no son gastos de campaña. Y en cuanto a Fecode, el presidente de Colombia Humana reconoció que se utilizó el domingo de elecciones pero asegura, como el embajador Roy, que ese día no es campaña.

¿Será que Petro pretende que haya impunidad alrededor de su figura y todo lo que lo rodea? Es sin duda preocupante el mal sabor que deja este episodio: un gobierno que en lugar de permitir que los otros poderes del Estado hagan su tarea, que la justicia investigue, decide desacreditarla, atacarla y ponerle todo tipo de palos en la rueda. Sobre todo si se suma con los comentarios de Gustavo Bolívar pidiendo que cambien las normas de la Corte Suprema para elegir fiscal o la existencia de bodegas pagas que pretenden acallar o destruir a quienes investigan y cuestionan al Presidente, ya sea entidades del Estado, medios o cualquier ciudadano. Incluso, se comenzaron a ver noticias falsas en las redes para generar indignación. ¿Quién las mueve y con qué intención? ¿Están acaso activando el mecanismo para sacar a la gente a las calles?

Ante la incapacidad que ha mostrado el Gobierno en dar resultados, tal vez el petrismo ha decidido consolidar una narrativa de supuesto golpe, cuando por el contrario parecen ser ellos los que tratan de poner en jaque al Estado.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 04 de febrero de 2024.