Se acaba de conocer que la JEP le pidió ayuda a por lo menos 18 organizaciones y facultades de derecho para ver si la embarró o no al señalar a las Farc como responsables del crimen de lesa humanidad de esclavitud. Esa calificación la hizo la JEP hace apenas dos semanas, pero ahora, parece estar buscando cómo salirse del enredo político que se puede armar con esa calificación del delito.

En su momento el anuncio de la JEP sobre la esclavitud de las Farc cayó bien en algunos sectores que consideran que no se puede despachar con un secuestro simple los tratos degradantes de los que fueron víctimas miles de colombianos. De hecho fueron las víctimas y la Procuraduría las que solicitaron que además del secuestro se les imputara a las Farc también por esclavitud, sobre todo porque está documentado que se dieron trabajos forzados al menos en 70 casos de secuestro. Ese argumento fue aceptado a principios de este mes por la JEP. Pero ahora los exFarc se niegan a aceptarlo diciendo que “sería faltar a la verdad permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista”.

Este fue el primer caso que abrió la JEP (el macrocaso 01), en julio de 2018, y parecía el más fácil de resolver porque las Farc habían reconocido este crimen incluso desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, pues estaba contemplado en una norma de esa organización y la autoría de cada secuestro la reconocían cuando pedían dinero por la liberación del plagiado de turno.

El reto de la JEP en este macrocaso nunca ha sido probar los hechos de secuestro, demostrados más que de sobra en los miles de expedientes que los condenaron, sino establecer cuál es el delito por el que deben responder. El primer gran debate fue si se definía como secuestro o retención. La JEP se inclinó por la expresión genérica de retenciones y recibió duras críticas. Después, en enero de este año usó la denominación “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad” (con el Auto 19).

Ese auto, precisamente, fue trasladado a las víctimas y a la Procuraduría, y ahí fue donde solicitaron que se les imputara también por esclavitud por la existencia de trabajos forzados, lo cual fue aceptado por la JEP.

Todo esto embolató el avance de ese caso justo en el momento en el que los ex Farc iban a reconocer todos los secuestros. Esta situación ha dado lugar a grandes inquietudes sobre qué hará la JEP. En principio tendría tres posibilidades: La primera es que entienda que el reconocimiento es integral y si los ex Farc no aceptan decida mandar todo el proceso a la sección de no reconocimiento en la cual podrían recibir penas de cárcel. La segunda es que divida el proceso entre lo aceptado y lo no aceptado: lo reconocido iría a la Sección de Reconocimiento para que los exmiembros de las Farc reciban sanciones propias consistentes en trabajos sociales y lo no reconocido iría a la Sección de no reconocimiento que podría imponer penas de hasta 20 años de cárcel. Y la tercera es que se eche para atrás en la imputación por esclavitud. Que parece es lo que está intentando hacer ahora consultando a expertos sus opiniones.

La situación de la JEP no es fácil porque su modelo está más planteado en el reconocimiento y por ello sería complejo que ni siquiera en el caso más fácil, donde todos los hechos están probados no haya reconocimiento de responsabilidad. Pero, de otro lado, si se echa para atrás en la imputación de esclavitud quedaría muy mal frente a las víctimas. La opción más viable, aunque no tan segura, sería romper la unidad procesal, el problema es que sometería los casos a años de discusiones y recursos y eso puede implicar retrasos muy grandes.

Esta situación demuestra que el diseño legal de la JEP es muy complejo, pues la decisión que le imputó responsabilidad a las Farc por secuestro se emitió en enero de este año y 10 meses después no ha quedado en firme, lo cual es muy paradójico, pues en la justicia ordinaria las imputaciones no pueden ser objeto de ningún recurso y quedan en firme en la propia audiencia de formulación imputación. Si esto mismo pasa en todos los casos sería catastrófico para el sistema, pues la JEP tiene una vigencia limitada en la que debe enjuiciar las conductas cometidas en un conflicto de más de 50 años.

La Sala de Reconocimiento de la JEP está ahora en una compleja encrucijada en la cual debería generar mecanismos para hacer más sencillo el sistema, pues el caso 01 es apenas el primero y además el más fácil de todos.

https://www.elcolombiano.com, Medellín, 22 de noviembre de 2021.