Ha pasado un poco de bajo perfil una de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con Venezuela y el futuro de Nicolás Maduro en el poder. La determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir formalmente investigación contra el país vecino es histórica, tiene profundos efectos políticos y puede impactar de modo definitivo en el futuro de ese país.

El primer y más evidente efecto es que Venezuela entra en el vergonzoso grupo de países que tienen investigaciones formales por violaciones a los derechos humanos, como Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil, Sudán, Georgia, Kenia, Libia, Malí, República Democrática del Congo y Uganda, todos ellos conocidos internacionalmente por ser Estados fallidos o dictaduras. Las imputaciones contra Maduro, además, no son menores. Es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad, que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, constituyen un ataque sistemático y generalizado contra su propia población civil, lo cual incluye asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y el éxodo de más de seis millones de personas.

El segundo efecto es que la decisión del fiscal Karim Khan desacredita totalmente a la Justicia venezolana. La competencia de la CPI no es directa, sino complementaria; como bien lo explica el artículo 17 del Estatuto de Roma, ese organismo solo puede adquirir competencia cuando “el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”, lo cual, por el momento, es lo que ese organismo cree que está ocurriendo en Venezuela. No es un tema menor. Una de las principales acusaciones que le hace la comunidad internacional a Venezuela es, precisamente, que su sistema judicial carece de independencia, que sigue las instrucciones de Nicolás Maduro, lo cual confirma esta decisión.

El tercer impacto es que Maduro pierde cualquier autoridad moral para criticar a sus vecinos y, sobre todo, tendrá que dejar de usar el argumento de denunciar ante la CPI a cualquier presidente vecino que no le caiga en gracia. Venezuela es el primer país latinoamericano en el cual se abre una investigación formal. Y eso no es poco, pues ni siquiera se llegó a esa etapa en Colombia, luego de un conflicto armado de 50 años. Adicionalmente, en la misma semana se archivó la investigación contra Colombia, lo cual le envía un mensaje claro a Maduro.

El cuarto y muy importante efecto es que a nivel internacional se trata de la primera vez que la CPI avanza tanto en un proceso fuera de África y Asia. El fiscal Khan parece empeñado en cambiar esa imagen de Corte Africana de la CPI y para ello tomó la decisión de cerrar la investigación en Colombia y concentrarse en Venezuela.

Quienes conocen al fiscal Karim Khan dicen que es un hombre de temperamento y muy bien preparado en Derecho Penal Internacional. Participó en los procesos de los tribunales ad hoc de la antigua Yugoslavia y de Ruanda y cuenta con toda la experiencia para tomar decisiones importantes. También se dice que han caído muy mal en La Haya las recientes declaraciones de Maduro de llevar casos a la CPI cuando él mismo está investigado ante ese organismo y que no se va a permitir que se use el nombre de esa entidad para fines políticos.

Venezuela cuenta con un ejército de estrategas que le han permitido ganar batallas fundamentales en el ámbito internacional, incluso el chavismo mantiene una oficina en La Haya que ejerce una poderosa tarea de lobby a favor del régimen. Sin embargo, el solo anuncio de la Corte Penal constituye el más duro golpe a la legitimidad que ha recibido Maduro, le quita cualquier autoridad moral para criticar a sus vecinos, deja a la Justicia venezolana como un mero instrumento de su gobierno y podría incluso justificar medidas económicas contra ese país. Y lo más interesante es que esto apenas comienza: las consecuencias del proceso en la Corte serán fundamentales para el futuro de la democracia en ese país.

No está de más recordar que una de las principales denuncias contra Maduro la lideró el hoy presidente Iván Duque, cuando era senador en 2017, con un informe firmado por 76 congresistas de Colombia, en el que documentaban casos de tortura, asesinato y persecuciones. Y un año después Duque repitió la dosis y llevó de nuevo la causa Maduro a la CPI, acompañado por los presidentes de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 10 de noviembre de 2021.